Oficializan suspensión de un permiso de Pesantar por supuestos vínculos de la empresa con Malvinas

El gobierno de Tierra del Fuego oficializó hoy la decisión de suspender preventivamente el permiso de pesca provincial del barco “Echizen Maru”, perteneciente a la empresa de capitales japoneses Pesantar, por presuntos vínculos con la operatoria en torno a las Islas Malvinas.
La medida, que ya había sido adelantada el 24 de diciembre por la gobernadora Fabiana Ríos, fue adoptada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia.
El organismo inició un sumario administrativo “a fin de establecer las responsabilidades del caso” y “mediante resolución se suspendió provisoriamente el permiso de pesca de la empresa”, consignó el Ejecutivo fueguino en un comunicado.
Asimismo, el gobierno provincial está cursando notas a las autoridades nacionales, solicitando “copia de la denuncia original y de toda la documentación relacionada al caso para poder evaluar y tomar las medidas en consecuencia”, agrega el texto oficial.
La denuncia, vale recordarlo, fue presentada a fines del año pasado ante la Subsecretaria de Pesca de la Nación y Cancillería, por parte de Juan Benegas, un empleado de la propia Pesantar.
El denunciante refirió una supuesta relación entre la pesquera que está establecida en Ushuaia y el buque “Unión Sur”, propiedad de la empresa Emdepes, instalada en Chile y perteneciente al grupo japonés Nissui, ligado a Pesantar, que estaría operando en aguas aledañas a Malvinas desde 2014.
Como pruebas, se presentaron mapas satelitales del trayecto que hizo el “Unión Sur” por esta zona del Atlántico Sur. Con estos elementos, el caso también está siendo analizado en las esfera del Gobierno nacional, por lo que no se descartan sanciones de mayor peso.
La Ley Nacional de Pesca en el artículo 27 bis establece que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización) y eso incluye a aquellas firmas que trabajan en zona de exclusión  ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago.
“Por lo tanto, dado que existen declaraciones juradas de la empresa, de probarse este vínculo denunciado, se debe suspender el permiso y retirar las cuotas de captura que tenga autorizadas”, afirma el comunicado del Gobierno fueguino.