Si hay cambios en la gobernación, habrá revisión de la Ley de Pesca provincial y de todos los permisos de pesca otorgados, dijo.
Se debiese aclarar que en caso de no hacerlo, se encargará la justicia, después de varias irregularidades desde reformulaciones, VACOPA, cambio en metros cúbicos de bodega, compensación de capturas, asignación de cuotas de langostino y decretos provinciales cambiando espacio de líquidos por carga, entre otros temas que también afectarían la administración central.