La iniciativa presentada por la diputada Agustina Propato busca conocer el alcance de la suspensión del Decreto 690/2026, el funcionamiento de la Mesa de Trabajo y qué ocurrirá con las atribuciones de la Armada Argentina en la formación, capacitación y titulación de los prácticos.
La reducción acordada entre el Gobierno y los representantes del sector comenzó a regir el 6 de agosto. Se aplicará sobre las tarifas máximas calculadas bajo el régimen de 2018 y permanecerá vigente mientras continúe suspendido el Decreto 690/2026.
La iniciativa parlamentaria solicita que la Cancillería Argentina intervenga ante el Gobierno de Chile para evitar que un servicio marítimo regular contribuya al abastecimiento y al desarrollo de actividades económicas en el archipiélago, en medio de la disputa de soberanía con el Reino Unido.
La promulgación de la Ley 27.815 completó la aprobación interna del AMERP, el tratado de la FAO que permite inspeccionar buques extranjeros, intercambiar información y restringir el uso de los puertos ante evidencias de pesca ilegal.
El proyecto propone crear un registro temporal para buques bajo control argentino, otorgar beneficios fiscales y operativos a los armadores, exigir tripulación nacional y priorizar estas embarcaciones en el transporte de cabotaje.
El proyecto incorpora delitos al Código Penal, alcanza la captura, la comercialización y la responsabilidad empresaria, pero genera interrogantes sobre su convivencia con la Ley Federal de Pesca
El proyecto modifica el artículo 41 de la Ley 24.922 y obliga a publicar el Registro de la Pesca en un sitio oficial, gratuito, permanente y actualizado cada mes.
La Ley Provincial 3785 instituyó entre el 9 y el 17 de junio una semana dedicada a recordar a los marineros que salieron a trabajar y nunca regresaron. La iniciativa busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el mar.
La Secretaría de Trabajo convocará a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar acuerdos vencidos. La reglamentación impacta sobre ultraactividad, aportes convencionales, representación empresaria y condiciones de trabajo por actividad.
El proyecto que ingresó ayer a la Legislatura provincial crea un régimen de alivio fiscal y portuario para la industria pesquera chubutense, condicionado a mantener actividad, descargas, procesamiento local y puestos de trabajo.
La restitución de la reforma laboral reactivó el debate sobre los acuerdos individuales en la flota congeladora tangonera, en medio de la negociación paritaria del sector.
La iniciativa abre el sistema tarifario, redefine la autoridad técnica y traslada la Escuela Nacional de Pesca a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La comisión de Diputados quedó conformada con nuevas autoridades y una agenda orientada a mejorar la infraestructura portuaria, la logística y el desarrollo del sector pesquero en Argentina.
Elimina la obligatoriedad de presentar habilitaciones locales en trámites nacionales vinculados a la pesca y otras actividades, en un cambio que redefine requisitos administrativos del sector.
La nueva ley convierte antecedentes, sanciones y trazabilidad institucional en variables centrales de la continuidad operativa dentro del sistema provincial.
La reforma laboral fue promulgada mediante el Decreto 137/2026 y ya rige en todo el país. Gremios marítimos advirtieron que buscarán judicializar la norma y cuestionar su constitucionalidad.
Se aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorpora la “Ficha Limpia Pesquera”, en un debate que expuso tensiones políticas y distintas miradas sobre el control y la administración de los recursos naturales.
La iniciativa amplía causales de suspensión, establece caducidad automática por quiebra e incorpora un régimen de Ficha Limpia para permisos de pesca en Chubut.
Aprobada por una mayoría transversal, la iniciativa avanza con votaciones ajustadas en puntos sensibles y bajo un calendario oficial acelerado rumbo al 1° de marzo.
El dictamen redefine el cálculo indemnizatorio, habilita esquemas de compensación horaria y amplía márgenes de flexibilidad contractual.
El nuevo acuerdo global sobre alta mar busca ordenar un espacio donde se capturan millones de toneladas por año y abre un debate sobre control, regulación y pesca.
La interoperabilidad entre el SIFIPA y la plataforma digital europea permitirá acelerar certificaciones, reducir cargas administrativas y fortalecer la trazabilidad de los productos pesqueros argentinos.
El Tratado establece reglas obligatorias para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales. Se espera que la biodiversidad marina sea mejor protegida gracias a este acuerdo.
La Prefectura Naval Argentina reemplaza desde 2026 el certificado de prevención de contaminación por basuras, en el marco del nuevo REGINAVE
El Secretario General de Capitanes formuló declaraciones en el Senado de la Nación que movilizan ideas respecto a la necesidad de nuevas representaciones en el seno del CFP.
El rediseño estructural que se perfila desde el Gobierno y el modelo conceptual que el ministro Federico Sturzenegger llevó a Olivos.
Se presentó un recurso ante la Corte Suprema para que el juicio por el hundimiento del ARA San Juan se realice en Mar del Plata y no en Santa Cruz. La definición final quedará en manos del máximo tribunal Nacional.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que murieron 44 tripulantes, se realice en Santa Cruz, respaldando el pedido de las familias y descartando su traslado a Mar del Plata o Buenos Aires.
Con el fin de actualizar y simplificar el marco normativo, según la Disposición 1265/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Prefectura Naval Argentina busca un mejor y aggiornado perfil en su legislación.
Congreso deroga desregulación del cabotaje y restaura el régimen previo, elevando costos y reavivando la disputa entre apertura del mercado y defensa de la industria nacional.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualizó de forma significativa los montos de indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales. Los nuevos valores, vigentes hasta febrero, generan alivio para los trabajadores, pero preocupan a las empresas por el fuerte impacto económico, especialmente en sectores de alta siniestralidad como la pesca.
El primer acuerdo pleno del sistema acusatorio en Mar del Plata terminó con la condena a tres años de prisión en suspenso para un marinero que apuñaló a un cocinero a bordo de un pesquero.
El Senado rechazó de forma definitiva el DNU 340/2025 sobre la marina mercante con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución HCDN Nro. 39/2025.
Diputados rechazaron el DNU 340/2025 que desregulaba la Marina Mercante y limitaba el derecho a huelga. La votación terminó con 118 votos contra 77 y 8 abstenciones. Ahora, el Senado deberá decidir si la medida queda definitivamente sin efecto.
Santa Cruz firmó su primer convenio colectivo para el sector de estibaje portuario, con alcance provincial y aplicación inicial en Puerto Deseado.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dejó sin efecto una disposición que imponía una habilitación específica para las operaciones de transbordo entre buques en aguas fluviales. Argumentó que el control ambiental y de seguridad ya está cubierto por la legislación vigente y que no se justifican nuevas cargas administrativas.
Pese a las advertencias de la Corte Suprema, Argentina sigue aplicando criterios dispares y abusivos en juicios laborales, generando indemnizaciones millonarias, quiebras y una parálisis del empleo privado. Un sistema imprevisible y judicializado que desalienta la inversión y urge ser reformado.
La Secretaría de Trabajo homologó los acuerdos alcanzados entre cámaras empresarias y sindicatos del segmento fresquero, destacando la idoneidad de sus referentes y el compromiso de las partes. El proceso selló un entendimiento clave para el inicio de la temporada de pesca de langostino 2025, preservando el empleo y la paz social.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, que ampliaban el listado de servicios esenciales. El tribunal sostuvo que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran el uso de un decreto de necesidad y urgencia. La sentencia ratifica que el Poder Ejecutivo no puede modificar leyes del Congreso mediante DNU en ausencia de condiciones extraordinarias.
A través de la Resolución 119/2025, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca eliminó normas dictadas por la ex ONCCA que establecían controles sobre el comercio, tránsito y documentación de productos de la pesca.
