Conarpesa reclamó la instrumentación urgente del levantamiento de las medidas cautelares que mantienen paralizado al BP J. Barreiro en Puerto Rawson. Según informó la compañía, la Justicia ya dispuso el cese del embargo preventivo y de la interdicción de salida, pero la falta de firma del oficio dirigido a la autoridad marítima impide que la embarcación pueda volver a operar.
La situación se originó a partir de una resolución dictada el pasado 18 de agosto por la jueza Úrsula Amorina Testino, quien ordenó levantar las restricciones que pesaban sobre el pesquero y librar las comunicaciones correspondientes a la Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques.
De acuerdo con la documentación citada por la empresa, el oficio destinado a la Delegación Puerto Rawson de Prefectura fue presentado para su confronte el mismo 18 de agosto, a las 09:48. Horas después, la magistrada se excusó de continuar interviniendo en la causa y el trámite quedó pendiente de la firma necesaria para hacer efectivo el levantamiento de la interdicción.
La resolución judicial ya fue adoptada, pero la restricción continúa operativa mientras la Prefectura no reciba el oficio correspondiente. Esa diferencia entre la decisión incorporada al expediente y su comunicación formal mantiene al J. Barreiro imposibilitado de zarpar.
Ante esta situación, la representación judicial solicitó este lunes que la excusación de la magistrada no demore la ejecución de lo resuelto. El pedido plantea que el oficio sea firmado “sin dilación” por la jueza subrogante o por quien quede formalmente a cargo del despacho.
La inmovilización alcanza a una unidad nueva de la flota de Conarpesa. El J. Barreiro es un buque fresquero tangonero de 20,90 metros de eslora, construido en Mar del Plata por SPI Astilleros e incorporado durante 2025 para operar desde el puerto de la capital chubutense.
La compañía remarcó que la demora excede el perjuicio sobre la embarcación. Mientras el procedimiento permanezca incompleto, la tripulación continúa sin realizar mareas y también se ven afectados los trabajadores en tierra vinculados con la recepción y el procesamiento de las capturas.
El titular de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, aseguró que consideraba resuelta la situación judicial y expresó su malestar al comprobar que la ausencia de la firma mantenía vigente el impedimento operativo.
“Yo pensaba que estaba todo resuelto, pero cuando voy a sacar los barcos me dicen que la jueza se fue y no firmó el escrito”, manifestó.
El empresario señaló que la paralización se aproxima a su tercera semana y describió sus efectos sobre la cadena de trabajo asociada al buque.
“Dejar el barco parado, sin trabajar, los tripulantes abajo del barco esperando, en la planta esperando el pescado de ese barco y así llevamos, no sé cuánto llevamos, esta va a ser la tercera semana”, afirmó.
Álvarez Castellano también indicó que el dinero requerido en el marco de la causa ya fue depositado. “Está el dinero depositado y el barco parado, totalmente ilógico”, sostuvo al reclamar que se complete la comunicación dirigida a la autoridad marítima.
Frente a la demora, adelantó que la empresa y sus abogados realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se analice la actuación judicial y se determine la responsabilidad por la falta de instrumentación.
Mientras se define qué autoridad deberá suscribir el oficio, el levantamiento de la interdicción permanece sin efecto operativo. El BP J. Barreiro continúa amarrado en Puerto Rawson, con su tripulación inactiva y sin posibilidad de reincorporarse a la actividad pesquera.
