El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en su tramo final con el inicio de los alegatos de las partes ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Tras más de treinta audiencias y meses de debate, la Fiscalía y las querellas comenzaron a exponer sus conclusiones sobre las responsabilidades penales que, a su entender, derivaron en la pérdida del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante la primera jornada de alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán sostuvieron que los cuatro ex altos mandos de la Armada imputados en la causa permitieron que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y bajo “deficientes condiciones de mantenimiento”, circunstancias que —según afirmaron— incrementaron de manera indebida los riesgos de la navegación.
Para la Fiscalía, las decisiones adoptadas en la planificación y ejecución de la misión privilegiaron objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación. En ese contexto, solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos.
Asimismo, requirieron cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de ese mismo organismo.
La segunda jornada estuvo dedicada a los alegatos de las querellas representadas por Lorena Arias y Valeria Carreras, quienes adhirieron en términos generales al planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal, aunque profundizaron el análisis sobre la cadena de decisiones dentro de la estructura de mando naval.
Las representantes de familiares de los tripulantes sostuvieron que el hundimiento no puede analizarse como un hecho aislado, sino como el resultado de una sucesión de decisiones y omisiones acumuladas a lo largo del tiempo. En ese sentido, cuestionaron la interpretación sobre la operatividad del submarino y defendieron la responsabilidad de los niveles superiores de conducción en la planificación, autorización y control de la navegación.
Al concluir su exposición, solicitaron para los cuatro acusados la pena máxima prevista para el delito más grave atribuido durante el debate: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas.
Según argumentaron, los hechos encuadran en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas. Fue precisamente esta última figura penal la que sirvió de fundamento para el pedido de condena formulado por la querella.
Una de las frases que sintetizó el eje de su acusación fue pronunciada por Lorena Arias durante el alegato: “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”.
Mientras las acusaciones avanzan en la exposición de sus conclusiones, los cuatro imputados siguieron las audiencias en silencio desde la sala de debates. En las próximas jornadas será el turno de las defensas, antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia en una de las causas judiciales más trascendentes vinculadas a la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017.
