Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, impulse gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Chile frente a la posibilidad de que una empresa naviera establezca una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa advierte que esa conexión podría fortalecer la logística y el abastecimiento de actividades económicas desarrolladas en el archipiélago bajo administración británica.
El proyecto 3516-D-2026, impulsado por el diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jorge Neri Araujo Hernández, sostiene que una mayor conectividad con las Islas Malvinas trascendería el plano comercial y contribuiría al sostenimiento de actividades vinculadas con la explotación unilateral de recursos naturales argentinos. y reforzaría la presencia británica sobre un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de controversia internacional.
En ese marco, la iniciativa propone que la Cancillería exprese formalmente ante las autoridades chilenas la preocupación y el rechazo de la República Argentina frente a cualquier acción pública o privada que pueda contribuir, de manera directa o indirecta, al sostenimiento de la ocupación británica de las Islas Malvinas o al desarrollo de actividades económicas sobre un territorio sometido a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Asimismo, solicita que el Gobierno de Chile adopte las medidas necesarias para evitar que empresas bajo su jurisdicción desarrollen actividades que puedan vulnerar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El texto también señala que, de concretarse la iniciativa, la Argentina se reserva el derecho de ejercer todas las acciones diplomáticas, políticas y jurídicas previstas por el Derecho Internacional para la defensa de sus derechos soberanos, incluyendo la presentación de denuncias ante los organismos internacionales competentes y la adopción de otras medidas destinadas a proteger los recursos naturales nacionales.
En los fundamentos, el legislador argumenta que la eventual puesta en marcha de esta conexión marítima tendría un impacto que excede el plano comercial. A su entender, toda infraestructura logística, servicio de transporte o mecanismo de abastecimiento que incremente la eficiencia económica del enclave británico reduce el denominado «costo colonial» de la ocupación, fortaleciendo la permanencia del Reino Unido en el archipiélago y disminuyendo los incentivos para avanzar hacia una solución negociada de la controversia de soberanía.
El proyecto recuerda además que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2065 y resoluciones posteriores, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a retomar las negociaciones. También menciona la Resolución 31/49, que exhorta a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca sin resolver.
El reclamo parlamentario se da en un contexto crítico; una naviera trasandina mantiene conversaciones para activar un servicio mensual entre Punta Arenas y el archipiélago, destinado a brindar soporte técnico e infraestructura al megaproyecto petrolero Sea Lion. Este desarrollo hidrocarburífero, previsto para comenzar su producción en 2028 con una inversión inicial de US$ 1.800 millones, es considerado por la Argentina como una actividad ilegal por ejecutarse sin autorización nacional en aguas bajo disputa de soberanía.
En ese marco, el diputado sostiene que corresponde que la política exterior argentina actúe de manera preventiva frente a iniciativas que puedan consolidar la presencia británica en el archipiélago.
