El acuerdo que permitió normalizar los servicios de practicaje y pilotaje comenzó a traducirse en medidas concretas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una reducción del 20% en las tarifas finales de ambas prestaciones, cumpliendo uno de los principales puntos negociados entre el Gobierno nacional y los representantes de la actividad.
La medida fue establecida mediante la Resolución ANPyN Nro. 46/2026, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, y comenzó a regir el 6 de agosto luego de su promulgación en el Boletín Oficial. La rebaja se aplica sobre el valor final resultante del Régimen de Tarifas Máximas para los Servicios de Practicaje y Pilotaje establecido en 2018.
El nuevo esquema tiene carácter transitorio y está directamente vinculado con el futuro del régimen regulatorio. La reducción permanecerá vigente mientras se mantenga suspendido el Decreto 690/2026, cuyos efectos fueron dejados en suspenso por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 716/2026.
De esta manera, se termina de instrumentar uno de los puntos centrales del entendimiento alcanzado el 4 de agosto en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de que el conflicto generado por la reforma del practicaje comenzara a provocar dificultades en la asignación de servicios y en la programación de movimientos de buques.
Finalmente, las partes acordaron un punto intermedio del 20%, junto con la reactivación inmediata de las prestaciones, la suspensión de los efectos del Decreto 690 y la conformación de una mesa intersectorial.
La Resolución 46/2026 incorpora ahora ese compromiso al esquema tarifario vigente. Según consta en la norma, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante prestaron conformidad con la disminución acordada.
La decisión se produce después de una semana en la que el régimen de practicaje atravesó cambios sucesivos. El Decreto 690 había planteado una reforma profunda de la actividad orientada a ampliar la competencia, modificar distintos requisitos para la prestación y reducir los costos asociados a la navegación. La resistencia de los profesionales derivó posteriormente en el conflicto que afectó la disponibilidad de servicios en distintos puntos del sistema portuario.
El acuerdo alcanzado con el sector modificó ese escenario. Con el Decreto 716/2026, el Poder Ejecutivo suspendió los efectos de la reforma y restituyó transitoriamente el marco normativo anterior, mientras se avanza en la elaboración consensuada de una nueva regulación.
En ese contexto, la rebaja tarifaria adquiere especial relevancia porque mantiene uno de los objetivos económicos que el Gobierno había planteado al impulsar la reforma: reducir el costo del practicaje, aunque ahora mediante un acuerdo con los prestadores y no a través de la aplicación inmediata del nuevo régimen.
La discusión de fondo, sin embargo, continúa abierta. Mientras rige nuevamente el esquema anterior con tarifas reducidas un 20%, la mesa intersectorial deberá analizar las condiciones bajo las cuales funcionará el practicaje en adelante, incluyendo cuestiones vinculadas con la competencia, los costos, las habilitaciones profesionales y la seguridad de la navegación.
Así, después de la suspensión del Decreto 690 y la normalización de los servicios, la Resolución 46/2026 consolida el siguiente paso del acuerdo; el practicaje vuelve a operar bajo el régimen anterior, pero con un costo máximo 20% inferior, al menos mientras se define el nuevo marco regulatorio de la actividad.
