El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) de Chubut y Agropez S.A., empresa perteneciente al grupo Conarpesa-Wofco, ingresará este lunes 10 de agosto en una nueva etapa con el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut y la continuidad del reclamo por 39 trabajadores despedidos con causa.
El período administrativo concluirá sin un acuerdo para resolver las desvinculaciones. Una vez vencida la conciliación, las partes recuperarán su capacidad para adoptar medidas dentro de los márgenes establecidos por la legislación laboral, mientras el sindicato anticipó que sostendrá el pedido de reincorporación de los 39 empleados.
La controversia también quedó vinculada a un expediente penal abierto en Puerto Madryn. Allí deberá resolverse el planteo presentado por la compañía contra el dictamen que desestimó inicialmente la denuncia formulada por los hechos ocurridos durante una protesta sindical en las oficinas administrativas de la empresa.
Una protesta por la inactividad terminó con 39 despidos
El conflicto comenzó el 15 de julio, cuando trabajadores de la compañía realizaron una manifestación relacionada con el período de inactividad laboral e ingresaron a las dependencias administrativas de la firma en Puerto Madryn.
Tras esos acontecimientos, la empresa presidida por Fernando Álvarez Castellano envió 39 telegramas de despido con causa. La decisión se sustentó en las conductas que la compañía atribuyó a los participantes de la protesta, posteriormente incorporadas a una denuncia penal por presunta usurpación, amenazas y otros posibles delitos.
La conducción del STIA Chubut, encabezada por Luis Núñez, rechazó la versión empresarial y sostuvo que el reclamo se desarrolló sin violencia ni daños materiales. Sobre esa interpretación, el gremio consideró improcedentes las cesantías y exigió la restitución de los puestos de trabajo.
La conciliación obligatoria abrió una instancia formal para contener el enfrentamiento y procurar un entendimiento. El plazo llegará a su vencimiento este lunes sin que se haya modificado la situación laboral de los empleados desvinculados.
El dictamen judicial del 29 de julio
La causa penal tuvo una primera definición el 29 de julio, cuando el abogado de Fiscalía Blas Paci dispuso desestimar la denuncia empresaria bajo los términos del artículo 270 del Código Procesal Penal de Chubut.
El funcionario entendió que los hechos denunciados se habían desarrollado dentro del ejercicio pacífico del derecho constitucional de huelga y que las circunstancias analizadas carecían de entidad penal suficiente para continuar la investigación.
Esa resolución fue cuestionada por la representación legal de Conarpesa y Agropez. El 6 de agosto, el abogado Luis Ángel Novoa, con el patrocinio de Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, presentó ante el Juzgado de Garantías de Puerto Madryn un pedido de nulidad absoluta del dictamen.
La presentación impidió que la desestimación inicial cerrara definitivamente el expediente y trasladó la controversia a una instancia de revisión.
Conarpesa cuestionó el procedimiento y el análisis de la prueba
El planteo empresario se apoya en aspectos procesales y en la interpretación jurídica de los acontecimientos del 15 de julio.
La compañía sostuvo que el abogado de Fiscalía habría dispuesto la desestimación sin la supervisión de un fiscal, intervención que considera exigible conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para adoptar una decisión sobre la continuidad de la acción penal.
También cuestionó que la denuncia fuera desestimada antes de avanzar con medidas preliminares de investigación. Entre ellas mencionó la declaración de testigos y el examen de registros audiovisuales aportados para documentar lo sucedido dentro de las instalaciones.
Conarpesa objetó además el encuadre de los hechos como una manifestación gremial protegida constitucionalmente. Su presentación sostiene que el ingreso y la permanencia en las dependencias administrativas podrían configurar violación de domicilio, junto con otras conductas cuya existencia pretende que sea investigada.
La empresa solicitó que el dictamen sea declarado nulo y el expediente remitido al fiscal competente. Como vía alternativa, requirió la intervención de un superior jerárquico del Ministerio Público Fiscal para revisar la decisión que dispuso la desestimación.
El STIA vincula la causa penal con las reincorporaciones
Desde el sindicato interpretan que el dictamen del 29 de julio respalda su posición respecto de la protesta y debilita los fundamentos utilizados para justificar los despidos.
Sobre esa base, el STIA espera que la desestimación sea confirmada y sostiene que una decisión judicial favorable debería conducir a la reincorporación de los 39 trabajadores. Esa consecuencia, sin embargo, deberá discutirse dentro del ámbito laboral, donde se analizará la validez de las causas invocadas por la empresa en cada desvinculación.
La resolución penal podrá incidir sobre ese debate, pero ambos planos conservan alcances diferentes: la ausencia de delito y la existencia de una causa laboral suficiente para despedir son cuestiones sometidas a regímenes jurídicos distintos.
“Que venza la conciliación obligatoria no significa que termine el reclamo”, expresó públicamente el STIA Chubut al anticipar la continuidad de sus gestiones.
Con el cierre de la instancia administrativa, el conflicto mantiene abiertos el reclamo sindical por las reincorporaciones y la revisión de la denuncia penal. El resultado del expediente judicial será uno de los elementos centrales para la estrategia de ambas partes, mientras la situación laboral de los 39 despedidos continúa sin resolución.
