Conarpesa confirmó la reincorporación de 30 de los 39 trabajadores que habían sido despedidos con causa tras la toma de las oficinas administrativas de la compañía en Puerto Madryn, ocurrida el pasado 15 de julio en el marco del conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
La decisión fue comunicada por el presidente de la empresa, Fernando Álvarez Castellano, quien explicó que la revisión de las desvinculaciones se produjo luego de conversaciones mantenidas con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el secretario coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche.
“Consideré oportuno escuchar el pedido del Gobierno y entonces he resuelto que 30 de los 39 trabajadores sean readmitidos”, señaló el empresario, quien precisó que los reincorporados retomaron tareas este miércoles 19, coincidiendo con el ingreso de langostino para procesamiento en Rawson.
Según Álvarez Castellano, la decisión responde a un compromiso asumido con las autoridades provinciales y no modifica la posición que la compañía sostuvo desde el inicio respecto de los hechos ocurridos durante la ocupación de las oficinas.
De acuerdo con lo expresado por el titular de Conarpesa, entre las personas reincorporadas se encuentra un importante número de mujeres y trabajadores que posteriormente manifestaron arrepentimiento por su participación en los hechos.
Álvarez Castellano sostuvo que, tras analizar las distintas situaciones, la empresa consideró que parte del personal habría concurrido a la protesta sin conocer que la medida derivaría en el ingreso y permanencia dentro de las dependencias administrativas.
“Han demostrado que realmente fueron engañados porque nadie les dijo que iban a usurpar y a tomar la oficina, simplemente que iban a ir a la puerta o a la empresa a hablar la situación”, afirmó.
La posición empresarial establece así una diferenciación entre los trabajadores cuya reincorporación fue aceptada y aquellos a quienes atribuye un papel activo en la organización y desarrollo de la toma.
La revisión, sin embargo, no alcanza a la totalidad de las 39 personas desvinculadas. Otros nueve trabajadores permanecerán despedidos al considerar la compañía que tuvieron una responsabilidad diferente en los acontecimientos registrados en julio.
Álvarez Castellano también volvió a responsabilizar por lo sucedido a dirigentes locales del STIA, entre ellos José Díaz, Oscar Hughes y Osvaldo González, y mantuvo sus cuestionamientos hacia la conducción gremial encabezada por Luis Núñez.
La discusión penal y sus efectos laborales
La reincorporación de los 30 trabajadores tampoco resuelve el recorrido judicial iniciado después del ingreso a las oficinas. Según anticipó Álvarez Castellano, Conarpesa solicitará ante la Fiscalía retirar la acusación respecto de quienes fueron readmitidos, bajo el argumento de que no habrían comprendido el alcance que tendría su participación en los hechos.
La empresa afirmó, en cambio, que mantendrá las acciones contra los nueve trabajadores que continúan despedidos y contra las personas a las que atribuye responsabilidades en la organización de la protesta.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque ahí sí le dije al Gobierno que no tenía nada que hablar”, sostuvo Álvarez Castellano.
La posición empresarial no agota la controversia. El abogado del STIA, Carlos Del Mármol, había señalado en agosto que el Ministerio Público Fiscal desestimó a fines de julio la causa penal iniciada por los acontecimientos del 15 de julio.
Según su interpretación, esa decisión debilitó el fundamento penal utilizado por Conarpesa para justificar los despidos con causa. Del Mármol sostuvo que, al no haberse considerado configurado un delito dentro de esa actuación, las cesantías debían analizarse en el ámbito laboral como despidos sin justa causa, con la posibilidad de reclamar la reincorporación o las indemnizaciones correspondientes.
La desestimación penal, por sí sola, no determina automáticamente la legitimidad o ilegitimidad de un despido. La existencia de una injuria laboral puede discutirse con autonomía respecto de la configuración de un delito. Sin embargo, la decisión del Ministerio Público Fiscal adquiere relevancia porque debilita uno de los argumentos invocados públicamente por la compañía y abre una diferencia concreta entre la lectura empresarial y la posición jurídica sostenida por el sindicato.
También deja pendiente una precisión indispensable: si la presentación penal fue desestimada a fines de julio, corresponde establecer qué actuaciones continúan abiertas, si aquella decisión fue recurrida o si existen denuncias diferenciadas. La empresa anunció que retirará acusaciones respecto de 30 trabajadores y proseguirá contra otros nueve, mientras la representación sindical sostiene que la causa utilizada para fundamentar las desvinculaciones ya fue descartada por la Fiscalía.
La definición laboral tampoco quedó cerrada. La reincorporación de 30 trabajadores reduce el alcance del conflicto, pero permanecen en discusión los nueve despidos restantes, los salarios correspondientes al período de desvinculación y los efectos jurídicos que podría producir la desestimación penal sobre las cesantías dispuestas con causa.
Las reincorporaciones se producen después de más de un mes de conflicto, durante el cual se sucedieron la denuncia penal por la ocupación de las oficinas, los 39 despidos, el dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo y la posterior impugnación de esa medida por parte de Conarpesa.
En paralelo, la empresa trasladó parte de su operatoria a Rawson y dispuso transporte para trabajadores de Puerto Madryn mientras avanzaban las tareas necesarias para recuperar la actividad.
La reincorporación de 30 trabajadores reduce ahora considerablemente el alcance de las desvinculaciones que dieron origen a una parte central de la disputa. Nueve despidos permanecen firmes dentro de la posición empresarial, mientras el estado y alcance de las actuaciones penales continúan controvertidos entre la compañía y la representación jurídica del sindicato.
