El prolongado conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo comenzó a impactar directamente sobre las exportaciones pesqueras uruguayas, en un escenario que ya llevó a distintos operadores a buscar alternativas logísticas a través de puertos de Argentina y Brasil.
La situación adquirió mayor dimensión en los últimos días después de que cinco de las principales navieras internacionales que operan en Uruguay advirtieran formalmente al gobierno sobre las consecuencias de las reiteradas interrupciones. Maersk Uruguay, Ocean Network Express (ONE), CMA CGM Uruguay, Cosco Shipping Lines y Hapag-Lloyd Uruguay remitieron una carta a seis ministros en la que reclamaron una solución que permita recuperar la previsibilidad de las operaciones.
Las compañías sostienen que en lo que va de 2026 se acumularon más de 35 días con afectaciones operativas de distinta naturaleza y alertaron sobre la pérdida de cargas de transbordo, las demoras y las dificultades para cumplir los servicios marítimos.
El conflicto se desarrolla en la principal terminal especializada en contenedores de Montevideo, en medio de una negociación entre TCP y sus trabajadores para alcanzar un nuevo convenio colectivo. Las diferencias derivaron durante los últimos meses en sucesivas interrupciones y llevaron incluso al gobierno uruguayo a establecer servicios mínimos para sostener parte de la actividad.
La dimensión del problema está asociada al peso que tiene TCP dentro del comercio exterior uruguayo. Según nos explicó Carlos Abel Olivera, director ejecutivo de la pesquera Novabarca, por esa terminal se moviliza alrededor del 80% de los contenedores del país, por lo que cualquier interrupción repercute directamente sobre las cadenas exportadoras.
Para la industria pesquera, las consecuencias ya son concretas. Olivera explicó que las dificultades para embarcar están provocando acumulación de producto terminado en las cámaras frigoríficas y un fuerte impacto financiero sobre las empresas.
“Antes sacábamos dos o tres veces por semana; hoy tenemos que esperar entre dos y tres semanas. Estamos con las cámaras llenas, sin poder cobrar y sin poder cumplir con los clientes”, señaló.
La demora tiene un efecto directo sobre el capital de trabajo. Una vez capturado y procesado el pescado, las empresas deben mantenerlo almacenado hasta conseguir embarcarlo, mientras continúan afrontando costos de producción y conservación sin poder completar la operación comercial.
“Tener pescado en la cámara es no tener el dinero. Te rompe la cadena de pagos”, resumió Olivera.
La situación adquiere especial relevancia para una industria fuertemente orientada hacia los mercados externos. Según explicó el empresario, la falta de regularidad no solo dificulta el cumplimiento de los compromisos asumidos con compradores internacionales, sino que ya está llevando a operadores del comercio exterior a utilizar Buenos Aires y Santos, en Brasil, como alternativas para canalizar cargas.
Las cinco navieras advirtieron que la pérdida sostenida de transbordos está deteriorando el prestigio internacional de Uruguay y su confiabilidad comercial entre los operadores globales. También señalaron riesgos para la continuidad de las fuentes de trabajo y consecuencias sobre la competitividad del comercio exterior uruguayo.
La advertencia amplía el alcance del problema: además de las exportaciones demoradas, Montevideo puede perder operaciones de conexión entre cargas regionales y servicios marítimos internacionales. Para la industria pesquera, la previsibilidad de esas conexiones permite programar embarques y comprometer fechas de entrega con sus compradores.
La disputa tiene entre sus principales antecedentes la negociación para renovar el convenio colectivo correspondiente a unos 550 trabajadores de TCP. La terminal está integrada en un 80% por la compañía belga Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos de Uruguay.
Ante la sucesión de medidas, el gobierno uruguayo dispuso durante septiembre un régimen de servicios mínimos para sostener operaciones consideradas indispensables. El esquema alcanzó la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores de importación y exportación, el almacenamiento y la atención de cargas refrigeradas y productos perecederos.
A diferencia del esquema vigente en Argentina, Uruguay no cuenta con una figura equivalente a la conciliación obligatoria que permita suspender unilateralmente las medidas mientras se desarrolla una negociación. En este caso, el gobierno ha intervenido mediante instancias de negociación y la determinación de servicios mínimos, mientras las partes continúan buscando una salida al conflicto.
La advertencia conjunta de las cinco navieras sumó presión sobre una situación que ya tiene consecuencias concretas para el sector exportador. Las compañías reclamaron una solución de fondo y alertaron que la continuidad de las interrupciones compromete la competitividad del comercio exterior uruguayo.
Para la pesca, el impacto ya se traduce en menor frecuencia de embarques, cámaras frigoríficas saturadas, cobros demorados y dificultades para cumplir con los clientes, mientras la falta de previsibilidad empuja parte de la logística regional hacia alternativas fuera de Uruguay.
