El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) prevé anunciar el sábado 28 de noviembre, a las 12 de Alemania —8, hora argentina—, su decisión sobre el pedido de Argentina para frenar las perforaciones y obras del proyecto petrolero Sea Lion. El organismo, con sede en Hamburgo, comunicó la fecha, de carácter tentativo, al concluir el 11 de noviembre las dos jornadas de audiencias con el Reino Unido. Los jueces comenzaron a deliberar.
La solicitud alcanza al desarrollo de Navitas Petroleum, operadora israelí con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, compañía británica que posee el 35% restante, en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina reclama medidas provisionales para preservar los derechos que invoca sobre los recursos de la plataforma continental y proteger el medio marino.
Los cuatro pedidos de Argentina
En las conclusiones finales presentadas el 11 de noviembre, el representante argentino, Mario Oyarzábal, solicitó que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción de Sea Lion. El pedido comprende las actividades británicas y las realizadas por personas o empresas bajo su jurisdicción o control.
Argentina también reclamó que el Reino Unido se abstenga de utilizar información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y de adoptar decisiones que agraven la controversia, particularmente el otorgamiento de nuevas autorizaciones de explotación en la plataforma continental disputada.
El cuarto pedido exige que el Reino Unido deje de impedir a Argentina el cumplimiento de sus obligaciones de protección del medio marino, previstas en los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La discusión sobre soberanía y ambiente
La presentación argentina sostiene que la perforación y la explotación podrían provocar modificaciones permanentes del lecho y el subsuelo marino, consumir recursos no renovables y generar contaminación con efectos fuera del área de operaciones.
El abogado Marcelo Kohen argumentó que el Tribunal puede examinar las obligaciones derivadas de la CONVEMAR y disponer medidas de protección sin resolver previamente la soberanía territorial. Argentina invocó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1976, que llamó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras las islas atraviesan el proceso recomendado por la ONU.
La representante británica, Sally Langrish, sostuvo que los derechos reclamados por Argentina como Estado ribereño dependen de resolver a quién pertenecen las islas. Sobre esa base, el Reino Unido cuestionó la competencia para intervenir en el caso.
La procuradora general británica, Ellie Reeves, añadió que las medidas solicitadas perjudicarían el desarrollo de los recursos por parte de los habitantes de las islas y pondrían en riesgo ingresos de miles de millones de libras.
Las fechas que el Reino Unido llevó al Tribunal
Durante las audiencias, el Reino Unido aseguró que las nuevas perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo se iniciaría, como mínimo, en marzo de 2028. También informó que el régimen de solicitudes de nuevas licencias se encuentra suspendido.
El abogado británico Michael Wood sostuvo que ese plazo permite constituir el tribunal arbitral y someterle una eventual solicitud de medidas antes del comienzo de las operaciones. Con ese argumento, el Reino Unido rechazó la urgencia invocada por Argentina.
El jurista Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la representación argentina, respondió que la constitución del tribunal y la tramitación del pedido requieren tiempo. Advirtió que la apertura de los primeros pozos de desarrollo modificaría la situación que Argentina busca preservar.
El alcance de la decisión pendiente
Argentina inició el arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR el 28 de septiembre de 2026. El 13 de octubre solicitó al TIDM medidas provisionales bajo el artículo 290, párrafo 5, mientras se constituye el órgano arbitral.
La solicitud se tramita como caso número 37, ante el Tribunal presidido por el juez Maurice Kamga. Para conceder la protección, los magistrados deben examinar preliminarmente si el futuro tribunal arbitral tendría competencia y si la urgencia justifica actuar antes de su constitución. El arbitraje, por su parte, deberá determinar su propia competencia para abordar la controversia.
La aceptación del pedido impondría al Reino Unido obligaciones destinadas a impedir las operaciones comprendidas en la orden. Su rechazo dejaría sin conceder las restricciones solicitadas en esta instancia. El artículo 89, párrafo 5, del Reglamento permite, además, disponer medidas diferentes de las reclamadas y establecer qué parte debe cumplir cada una.
Si se dictan medidas, ambas partes deberán informar al Tribunal sobre su cumplimiento. El artículo 95 exige un informe inicial con las acciones adoptadas o previstas para ejecutar la orden.
