La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó el 6 de noviembre de 2026 una medida cautelar que ordena a las compañías extranjeras demandadas abstenerse de realizar actividades pesqueras sin habilitación argentina. La resolución corresponde al expediente FCR 16446/2026, según el comunicado difundido al día siguiente por la entidad que promovió la acción colectiva.
El alcance territorial comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidas las aguas correspondientes a Malvinas hasta las 200 millas. La prohibición abarca la captura de recursos marinos vivos mediante cualquier método, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas.
También comprende nuevas mareas o temporadas y la incorporación de embarcaciones destinadas a esas operaciones. La orden alcanza a las actividades ejecutadas directamente por las sociedades demandadas y mediante buques propios, fletados, operados o gestionados por ellas.
Las empresas argentinas y sus derechos de captura
Las firmas nacionales permanecen comprendidas en el proceso ordinario. Respecto de ellas, el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y requirió información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y eventuales actuaciones administrativas. Las medidas referidas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron diferidas.
El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 exige, para otorgar cuotas y autorizaciones de captura, declaraciones juradas que acrediten el cumplimiento de sus requisitos. Entre ellos figura la ausencia de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin el permiso correspondiente.
La consecuencia está establecida en el artículo 28: cuando se comprueba una infracción a las prohibiciones del artículo 27 bis, corresponde la caducidad automática del permiso y de las cuotas o autorizaciones pertinentes. Ambas disposiciones fueron incorporadas al régimen mediante la Ley 26.386.
Según la comunicación de la fundación, la verificación de esas conductas y las decisiones sobre las habilitaciones corresponden a la autoridad de aplicación y al Consejo Federal Pesquero.
Las capturas y las relaciones societarias, bajo declaración jurada
Las empresas extranjeras alcanzadas cuentan con un plazo de diez días judiciales desde su respectiva notificación para presentar información respaldada por documentos. El requerimiento comprende la identificación de cada buque —matrícula, pabellón y número internacional—, sus licencias, autorizaciones y cuotas, y las capturas discriminadas por embarcación, especie y temporada.
También exige informar los sistemas de seguimiento satelital y los observadores a bordo, los puertos de descarga, los transbordos y los destinos comerciales. La documentación societaria incluye participaciones empresariales y contratos; el pedido se extiende a cronogramas de operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales.
La cautelar impone, además, la preservación íntegra de los registros operativos, técnicos, societarios, contractuales y comerciales, cualquiera sea su soporte. La obligación comprende partes diarios de pesca, declaraciones de captura y registros satelitales, con prohibición de destruirlos, modificarlos u ocultarlos de modo que se impida su incorporación al expediente. La falta de respuesta o las negativas carentes de respaldo documental pueden valorarse en contra de las demandadas.
El fundamento ambiental de la decisión
La fundación informó que la magistrada examinó antecedentes oficiales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) aportados a la causa. Los documentos se refieren a capturas extranjeras, poblaciones migratorias y conservación de los recursos del Atlántico Sudoccidental. Entre las especies mencionadas figuran los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola.
El argumento ambiental reseñado vincula la explotación de poblaciones compartidas o migratorias con el riesgo de afectar la eficacia de las medidas argentinas de conservación, particularmente cuando las capturas quedan fuera de un sistema común de administración y control. En esa evaluación preliminar, el juzgado consideró reunidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
La fundamentación invoca la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, relativa a la soberanía sobre Malvinas, y la protección ambiental del artículo 41, junto con las leyes General del Ambiente 25.675 y Federal de Pesca 24.922. Incorpora el dominio originario provincial previsto en el artículo 124 y el derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales reconocido por los pactos internacionales de jerarquía constitucional. Los principios de prevención y precaución sostienen la intervención cautelar descripta por la entidad demandante.
La demanda y su cálculo económico
La fundación, presidida por César Augusto Lerena, presentó la acción colectiva el 9 de octubre, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. El reclamo persigue la recomposición ambiental y una reparación económica por las capturas atribuidas a las demandadas entre 1989 y 2025.
Los antecedentes publicados en notas anteriores de este medio, detallan un volumen denunciado de 4.101.131 toneladas y dos valuaciones: aproximadamente USD 12.351 millones, calculados a valores FOB, y USD 26.465 millones, determinados a precios mayoristas. Los importes corresponden a estimaciones de la parte actora, sujetas a la prueba y a la determinación judicial del daño.
La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su beneplácito por la acción mediante la Declaración 024/26, aprobada el 28 de octubre, en defensa de los recursos naturales, el ambiente marino y los derechos soberanos argentinos. El 2 de noviembre, el juzgado reconoció la legitimación ambiental de la fundación, asumió competencia y dispuso la tramitación por la vía ordinaria.
Las compañías identificadas
La nómina difundida comprende a Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.
Para las estructuras hispano-isleñas, el comunicado menciona vínculos con Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross. Entre los vehículos societarios citados aparecen Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.
La cautelar tiene carácter provisional y la orden de abstención se extiende hasta la obtención de autorización argentina o una nueva decisión del tribunal. Su ejecución frente a las sociedades extranjeras queda sujeta a las notificaciones y a los mecanismos jurídicos que se apliquen.
