Este jueves 5 de noviembre comenzará en los Tribunales de Puerto Madryn un nuevo juicio oral por la causa que investiga el presunto vertido de efluentes industriales sin tratamiento al Golfo Nuevo desde una planta de Conarpesa.
El proceso tiene como imputados a Nadine Parry, responsable del área ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la pesquera.
El nuevo debate fue dispuesto después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar por unanimidad a la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal, dejara sin efecto la absolución dictada en el primer juicio y ordenara que el caso fuera examinado nuevamente por otro tribunal.
La sentencia absolutoria había sido pronunciada por la jueza Patricia Reyes. Con esa decisión anulada, los hechos atribuidos a los imputados y la prueba incorporada durante la investigación volverán a ser sometidos a valoración judicial.
Un presunto sistema de descarga sin tratamiento
La causa se remonta a 2023 y tiene como núcleo la investigación de un presunto sistema clandestino de derivación de líquidos industriales que habría permitido descargar efluentes hacia el Golfo Nuevo sin completar el tratamiento exigido.
De acuerdo con la acusación fiscal, el mecanismo habría funcionado mediante un by-pass conectado con el sistema de descarga de la planta pesquera.
La investigación procuró determinar las características de esos efluentes, su composición y las condiciones bajo las cuales habrían alcanzado el ambiente marino.
Las pericias citadas por el Ministerio Público Fiscal determinaron concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, frente a un límite de 50 miligramos por litro considerado en la causa. La diferencia representa valores superiores a 30 veces ese parámetro.
Durante el primer proceso también fueron informados otros resultados técnicos: sólidos suspendidos 21 veces por encima del límite, Demanda Biológica de Oxígeno 60 veces, amonio 25 veces y coliformes fecales 2.700 veces superiores a los valores de referencia.
Esos indicadores forman parte del cuadro probatorio que deberá volver a ser analizado durante el juicio.
La absolución quedó sin efecto
En el primer debate, la Fiscalía había solicitado penas de tres años y seis meses de prisión para Parry y tres años y tres meses para Vargas, mientras que las defensas reclamaron la absolución.
Patricia Reyes resolvió absolver a ambos imputados en agosto de 2025. El Ministerio Público Fiscal impugnó posteriormente la sentencia y el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo, anuló esa decisión y dispuso la realización de un nuevo juicio.
La resolución del máximo tribunal provincial abre ahora una nueva instancia de debate sobre los hechos y las responsabilidades atribuidas en la acusación, sin que la anulación de la sentencia anterior constituya por sí misma una declaración de culpabilidad.
Un nuevo tribunal para examinar la prueba
El juicio estará a cargo de la jueza penal Yamila Flores, quien actuará como tribunal unipersonal.
Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos. La defensa particular estará a cargo de Luis Ángel Novoa y Jorge Rubiolo.
El nuevo debate deberá establecer si las descargas investigadas se produjeron bajo las condiciones descriptas por la acusación, si los efluentes alcanzaron el Golfo Nuevo sin el tratamiento correspondiente y qué intervención puede atribuirse penalmente a cada uno de los imputados.
La cuestión ambiental posee un dato objetivo de fuerte peso dentro del expediente: los análisis incorporados a la causa detectaron parámetros muy superiores a los valores admitidos, mientras que la determinación de su origen, mecanismo de descarga y responsabilidades personales corresponde ahora al tribunal.
