La reforma del cabotaje marítimo y fluvial argentino llegó al Senado con una modificación de fondo: ampliar la participación de buques extranjeros en el transporte de cargas entre puertos nacionales. El cambio involucra costos logísticos, empleo embarcado, condiciones tributarias, actividad de astilleros y talleres navales y capacidad de transporte bajo bandera argentina.
El expediente 1844-S-2026, presentado por la senadora Carolina Moisés junto con legisladores de distintas provincias, contiene 15 artículos y modifica el régimen de cabotaje, Marina Mercante y admisión temporaria. Su objetivo declarado es ampliar la oferta de transporte por agua y reducir los costos que enfrentan las producciones alejadas de los principales centros de consumo y exportación.
Las organizaciones sindicales de la Marina Mercante Argentina respondieron con una declaración de alerta permanente y movilización. El planteo recibió además el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que incorporó el tema a la agenda sindical nacional.
Qué modifica el régimen propuesto
El proyecto habilita el comercio de cabotaje mediante buques de bandera argentina, embarcaciones con tratamiento de bandera nacional y unidades extranjeras.
La apertura contempla reservas para determinadas actividades. La pesca permanece vinculada a buques argentinos o con tratamiento equivalente, junto con el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos.
En términos pesqueros, la reforma mantiene la reserva de bandera aplicable a la actividad extractiva. Su incidencia sobre el sector aparece en la estructura marítima compartida por ambas actividades: puertos, astilleros, talleres, proveedores navales, tripulaciones y servicios especializados.
El texto incorpora además restricciones para embarcaciones extranjeras vinculadas con empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Tripulaciones y costos laborales
Las condiciones laborales de las tripulaciones extranjeras quedarían regidas por la legislación correspondiente al Estado de bandera de cada buque, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo como estándar mínimo.
Ese punto ocupa un lugar central en el planteo gremial. Los armadores argentinos soportan una estructura laboral, previsional y tributaria diferente de la correspondiente a unidades extranjeras, por lo que las organizaciones sindicales reclaman que la discusión sobre competencia incorpore también las condiciones efectivas bajo las cuales opera cada bandera.
Los buques extranjeros deberán informar previamente su incorporación y período de actividad ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La regulación contempla además la intervención de los organismos nacionales competentes en materia aduanera y de seguridad de la navegación.
La reducción del costo logístico
El Gobierno impulsa la reforma bajo una premisa económica: aumentar la utilización del transporte marítimo y fluvial para reducir la dependencia del camión en recorridos extensos y mejorar la competitividad de las economías regionales.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, expuso ante el Senado estimaciones oficiales según las cuales el transporte por vías navegables podría reducir entre 50% y 70% el costo total del traslado en determinadas operaciones. La mirada está puesta especialmente en producciones del norte argentino que deben recorrer grandes distancias hasta los nodos portuarios y mercados de destino.
La ecuación planteada durante el debate parlamentario incorpora otros componentes. Tributos, financiamiento, salarios, cargas previsionales, tasas portuarias, estiba, almacenamiento, trasbordos y servicios auxiliares forman parte del costo final de transportar una carga.
Para los representantes de la actividad marítima, la competitividad de la bandera argentina depende tanto del precio operativo del buque como de esa estructura económica.
Beneficios para los operadores nacionales
El proyecto incluye incentivos destinados a los armadores argentinos. Entre ellos aparece una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para determinados operadores habituales de cabotaje y un régimen de amortización acelerada para inversiones vinculadas con la actividad.
También introduce modificaciones sobre la admisión temporaria de contenedores utilizados en comercio exterior y procedimientos orientados a simplificar documentación y trámites asociados con las operaciones marítimas.
Estas herramientas forman parte del intento de combinar la incorporación de oferta extranjera con condiciones tributarias destinadas a sostener inversión local.
Una Marina Mercante reducida
La discusión encuentra a la Argentina con una flota mercante nacional de menos de tres decenas de embarcaciones, de acuerdo con la información presentada durante el tratamiento de la reforma.
La dimensión actual de esa flota explica parte de las posiciones enfrentadas.
El Gobierno utiliza la escasez de oferta nacional como fundamento para ampliar la disponibilidad de bodegas y aumentar la competencia. Los sectores marítimos plantean que la recuperación de capacidad propia requiere modificar previamente los costos que condicionan a los armadores argentinos.
La Hidrovía constituye uno de los principales escenarios de esa discusión. La participación paraguaya adquirió un peso dominante en distintos tráficos regionales mientras Argentina redujo durante las últimas décadas su presencia en determinadas operaciones fluviales.
Una segunda propuesta con apertura temporal
En paralelo al expediente de Moisés, el senador Jorge Capitanich presentó el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN).
La iniciativa establece un esquema diferente: habilita durante 24 meses, prorrogables por otros 12, la participación de buques extranjeros en determinados transportes de cargas secas dentro de la Vía Navegable Troncal y sectores navegables de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
El RETCAN contempla además una incorporación progresiva de tripulantes argentinos y herramientas destinadas a fortalecer operadores nacionales durante el período de transición. Algunos componentes de esa propuesta ingresaron en las conversaciones parlamentarias para acercar posiciones sobre el texto que podría llegar al recinto.
Los gremios amplían el reclamo
Los sindicatos marítimos y fluviales aceptan discutir productividad, modernización y reducción de costos, pero reclaman que esos objetivos incluyan condiciones competitivas para la bandera argentina.
La advertencia abarca al empleo embarcado y también a la cadena que sostiene la actividad: astilleros, talleres navales, proveedores, instituciones de formación y servicios portuarios.
El planteo llegó además a los gobernadores del Norte Grande, donde la logística constituye uno de los principales componentes del costo de las economías regionales y donde existe interés en aumentar el transporte mediante la red fluvial.
Defensa entra en el debate
La Liga Naval Argentina solicitó la intervención de la Comisión de Defensa del Senado y propuso convocar a las autoridades de la Armada Argentina y del Estado Mayor Conjunto para incorporar al análisis la función estratégica de una Marina Mercante propia.
El planteo relaciona la disponibilidad de buques mercantes con abastecimiento, transporte y apoyo logístico en escenarios que exceden la operación comercial cotidiana.
La Argentina combina una extensa red fluvial, más de 4.700 kilómetros de litoral marítimo continental, actividad antártica permanente y presencia en el Atlántico Sur. La disponibilidad efectiva de buques, tripulaciones, astilleros y servicios navales constituye parte de esa infraestructura logística.
El 28 de octubre, las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda realizaron un plenario conjunto con funcionarios nacionales, representantes provinciales, empresas y sindicatos. Los dos proyectos quedaron a disposición de los senadores y el dictamen permanece pendiente mientras continúan las negociaciones sobre el texto y las firmas necesarias para habilitar su avance parlamentario.
