El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) elevaron una presentación formal al presidente del CFP, Juan Antonio López Cazorla, para solicitar que el organismo intervenga ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca e impulse la derogación de la Resolución SAGYP Nro.190/2026.
Las organizaciones consideran que la modificación normativa afecta los incentivos destinados a la construcción de buques nuevos en astilleros nacionales y plantean objeciones vinculadas con la seguridad náutica, las condiciones laborales y el esfuerzo pesquero.
Para Mariano Moreno, del Centro de Patrones, y Juan Speroni, del SAONSINRA, la equiparación de beneficios entre embarcaciones nuevas y reconstruidas “resulta cuestionable desde el punto de vista operativo, legal y laboral”
La resolución, publicada el 5 de octubre y oportunamente informada, permite que embarcaciones reconstruidas en más del 60% en territorio argentino accedan a determinados beneficios de reemplazo e incrementos de capacidad pesquera que anteriormente estaban reservados a buques nuevos construidos en el país.
“Reconstruir no es construir”, expresaron los gremios al cuestionar el criterio adoptado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Desde el Centro de Patrones advierten que una embarcación reconstruida puede conservar hasta un 40% de sus estructuras y sistemas originales, con características de diseño que responden a criterios de navegación y habitabilidad de décadas anteriores.
La preocupación alcanza especialmente a la distribución de camarotes, comedores y espacios de trabajo, así como a las condiciones de estabilidad, los sistemas de emergencia y la eventual fatiga de materiales.
“La seguridad en el mar no se mide por un porcentaje de obra, sino por el estado integral del buque”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.
También sostienen que los incrementos de capacidad podrían traducirse en mareas más prolongadas y mayores exigencias operativas sobre embarcaciones que conservan componentes antiguos.
Otro de los fundamentos centrales del reclamo está relacionado con las consecuencias económicas y laborales que podría generar la modificación.
Desde el SAONSINRA consideran que los beneficios adicionales de capacidad pesquera constituían uno de los principales incentivos para que las empresas armadoras encargaran nuevas unidades en astilleros nacionales.
Al extender esas ventajas a embarcaciones reconstruidas, advierten que podrían reducirse las inversiones en nuevas construcciones, afectando la demanda de mano de obra especializada y la actividad de los proveedores vinculados a la industria naval pesada.
El gremio teme que los astilleros nacionales pierdan oportunidades de construcción de buques de mayor valor agregado y que parte de la actividad industrial termine concentrándose en reparaciones y reacondicionamientos de unidades existentes.En ese marco, las organizaciones cuestionan que una reconstrucción parcial pueda acceder a beneficios equivalentes a los otorgados a una embarcación completamente nueva.
Los sindicatos también incorporaron al reclamo los posibles efectos de la medida sobre la explotación de los recursos pesqueros. Según expresaron, la acumulación de incrementos individuales de capacidad podría elevar el esfuerzo pesquero sobre el caladero sin contar con estudios específicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Advirtieron que una mayor presión sobre los recursos podría provocar cierres anticipados de temporadas, pérdida de jornales para las tripulaciones y una reducción de la actividad en las plantas procesadoras.
A través de la presentación dirigida a López Cazorla, el Centro de Patrones y el SAONSINRA reclamaron que el Consejo Federal Pesquero no convalide la medida y solicite formalmente su revocación ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El planteo incorpora cuestionamientos operativos, laborales y jurídicos a una modificación que el Gobierno nacional fundamentó en la modernización de la flota y el impulso a la actividad de reconstrucción naval.
La intervención solicitada al CFP constituye el eje del reclamo gremial, que busca revertir la equiparación de beneficios y preservar los incentivos destinados a la construcción de nuevas embarcaciones en astilleros argentinos.
