A casi once meses del inicio del conflicto electoral del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la causa judicial continúa sin una resolución de fondo sobre la validez de las elecciones realizadas en diciembre de 2025. Pese a las numerosas presentaciones y decisiones adoptadas durante este período, el expediente todavía debe avanzar hacia la producción de las pruebas necesarias para resolver la controversia.
La nueva presentación de las listas Granate N° 41 y Azul N° 100, fechada el 14 de octubre, apunta a imprimir mayor celeridad procesal a una causa que se aproxima a los once meses sin una resolución de fondo. Los representantes opositores solicitaron que la Cámara dé cumplimiento a lo dispuesto el 22 de septiembre, cuando ordenó resolver las cuestiones pendientes y avanzar hacia la apertura de la etapa probatoria.
Mientras tanto, Raúl Durdos continúa al frente de la conducción nacional del SOMU, en virtud de las sucesivas prórrogas de mandatos concedidas por la Justicia laboral. La última extensión estableció que las autoridades nacionales permanecerán en funciones hasta el dictado de la sentencia definitiva, con el objetivo de evitar una situación de acefalía institucional, aunque la medida puede ser revisada si se producen demoras injustificadas o incumplimientos procesales.
La controversia se remonta al 1° de diciembre de 2025, cuando la Justicia dispuso una medida cautelar que ordenaba suspender el proceso electoral del sindicato a raíz de las irregularidades denunciadas por sectores opositores.
Sin embargo, las elecciones previstas entre el 1° y el 5 de diciembre se realizaron igualmente. La propia Cámara reconoció posteriormente que los comicios se concretaron en inobservancia de aquella orden judicial, mientras que el planteo sobre su validez continúa pendiente de resolución.
Los mandatos de las autoridades nacionales vencieron el 28 de diciembre de 2025 y, ante la falta de una definición judicial sobre el proceso electoral, el Tribunal dispuso sucesivas extensiones para garantizar la continuidad institucional del gremio.
La última prórroga, establecida en junio, alcanzó al Secretariado Nacional, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, con efecto retroactivo al 9 de mayo de 2026 y vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva.
La decisión fue cuestionada por la oposición, que advirtió sobre el riesgo de una prolongación de los mandatos sin un plazo determinado. Sin embargo, la Cámara rechazó el recurso presentado y sostuvo que la extensión tiene como límite la resolución definitiva del litigio, además de encontrarse condicionada al avance diligente del proceso.
En aquella oportunidad, la Sala III estableció que debían resolverse las cuestiones pendientes y, posteriormente, procederse a la apertura de la causa a prueba.
Ahora, las listas opositoras reclaman que esa decisión se traduzca en actuaciones concretas. Solicitan que se disponga la apertura de la etapa probatoria, incluso en paralelo con el tratamiento de los planteos pendientes si fuera necesario, y que se establezca un cronograma con fechas de audiencias y plazos para producir las pruebas ofrecidas.
El pedido está directamente relacionado con la continuidad de las actuales autoridades. La Cámara había condicionado la prórroga excepcional de los mandatos al desarrollo diligente de la etapa probatoria, por lo que la oposición sostiene que resulta necesario comenzar esa instancia para evitar que las demoras procesales prolonguen la situación institucional vigente.
Asimismo, los reclamantes dejaron constancia de su impulso procesal y plantearon que eventuales demoras que no les fueran imputables podrían fundamentar un futuro pedido de revisión o cese anticipado de la prórroga.
A casi once meses de las elecciones cuestionadas, la causa registra numerosas actuaciones, recursos y pronunciamientos, pero todavía no existe una sentencia que determine la validez o nulidad de los comicios de diciembre de 2025.
La nueva presentación no modifica la situación actual del sindicato, aunque vuelve a colocar el transcurso del tiempo en el centro de la controversia. La oposición busca acelerar el avance del expediente, mientras que Durdos y las demás autoridades nacionales continúan ejerciendo sus funciones bajo la prórroga excepcional dispuesta por la Justicia.
El próximo paso relevante será el tratamiento de las cuestiones todavía pendientes y la apertura de la etapa probatoria, necesaria para avanzar hacia una resolución sobre el proceso electoral.
Después de casi once meses, el interrogante central sigue sin respuesta: ¿cuál será la decisión judicial sobre las elecciones cuestionadas y cuándo podrá definirse la situación institucional del SOMU?.
Mientras tanto, las consecuencias de esta indefinición judicial trascienden la disputa por la conducción del SOMU y alcanzan aspectos centrales de la vida institucional del sindicato. La representación de los trabajadores embarcados, las negociaciones salariales, los convenios colectivos, la administración de los recursos gremiales y su vinculación con la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) forman parte de un entramado de responsabilidades cuya conducción futura dependerá, en distinta medida, de la resolución del conflicto electoral.
La obra social posee un régimen jurídico y administrativo propio, aunque mantiene una vinculación institucional con la organización sindical. La prórroga judicial garantiza entretanto la continuidad de las autoridades nacionales comprendidas en la medida, pero mantiene pendiente la definición electoral que deberá resolver quiénes ejercerán esa representación con un mandato definitivamente reconocido. Para los afiliados y sus familias, el alcance del conflicto se proyecta sobre decisiones relacionadas con el trabajo, los ingresos, la asistencia sanitaria y la representación de sus derechos.
