La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) manifestó su rechazo al dictamen de mayoría sobre la reforma del régimen de cabotaje que se encuentra en el Senado de la Nación. A través de un comunicado, la entidad que agrupa a distintos gremios del sector marítimo y fluvial cuestionó que no se hayan incorporado las modificaciones propuestas por las organizaciones sindicales y advirtió que adoptará medidas si el proyecto avanza sin contemplar sus reclamos.
La posición fue comunicada en medio de las negociaciones parlamentarias por el expediente S-1844/26, impulsado por la senadora Carolina Moisés junto con otros legisladores, que propone modificar las condiciones de operación del transporte marítimo y fluvial, incluida la participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje nacional.
El pronunciamiento adquiere relevancia porque amplía institucionalmente el rechazo que ya habían expresado el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, SICONARA y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales.
A través de un comunicado conjunto, la Federación dejó establecido que ninguna de las organizaciones que la integran respalda el dictamen de mayoría y cuestionó la falta de respuestas a las propuestas que, según indicó, fueron presentadas durante las últimas semanas.
Desde la entidad sostienen que una apertura sin las condiciones de protección reclamadas podría afectar la continuidad de los buques nacionales, el empleo embarcado y la capacidad del país para sostener su propio sistema de transporte por agua.
El proyecto que analiza el Senado cuenta con un dictamen de mayoría y otro de minoría, que plantean distintos mecanismos para regular la actividad.
La propuesta mayoritaria contempla una apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras y establece que las relaciones laborales de sus tripulaciones se rijan por la legislación correspondiente al país de abanderamiento.
En cambio, el dictamen alternativo presentado por los senadores Jorge Capitanich y José Neder propone otorgar prioridad a los buques argentinos y limitar la intervención de unidades extranjeras a situaciones excepcionales, mediante un régimen específico de registro y autorización.
Esta diferencia constituye uno de los puntos centrales de la controversia. Para las organizaciones sindicales, permitir que embarcaciones de distintas banderas compitan bajo regímenes laborales diferentes podría profundizar las desigualdades de costos y comprometer las posibilidades de operación de la flota nacional.
La Fe.Si.Ma.F. considera que las modificaciones propuestas por los trabajadores deben formar parte de la discusión legislativa antes de avanzar con una reforma de estas características.
La Federación anticipa acciones si no se modifica el proyecto
El comunicado eleva el tono del conflicto al advertir que los gremios están dispuestos a adoptar medidas para defender la actividad.
La organización cuestionó que sus observaciones no hayan sido incorporadas hasta el momento y responsabilizó políticamente a quienes impulsen una reforma sin contemplar las consecuencias que, a su entender, tendría sobre la Marina Mercante Nacional.
El conflicto también trasciende la situación de las tripulaciones. La continuidad de una flota mercante nacional está vinculada con la demanda de servicios de reparación naval, mantenimiento, formación profesional y otras actividades que dependen del transporte marítimo y fluvial.
Por ahora, el expediente permanece en la instancia parlamentaria previa a su eventual tratamiento en el recinto. La incorporación al temario y las modificaciones que puedan acordarse entre los distintos bloques serán determinantes para conocer qué versión de la reforma avanzará en el Senado.





