La apertura del cabotaje marítimo y fluvial sumó un nuevo pronunciamiento sindical contra el proyecto que avanza en el Senado de la Nación. Tres organizaciones rechazaron la propuesta que permitiría operar a buques extranjeros entre puertos argentinos y extendieron su objeción al dictamen de minoría, al considerar que contribuyó a habilitar el tratamiento parlamentario de una reforma que compromete el futuro de la flota nacional.
El expediente S-1844/26, impulsado por la senadora Carolina Moisés y otros legisladores, registra dictámenes de mayoría y minoría ingresados el 12 de noviembre. El Orden del Día 425/26 figura pendiente en el registro oficial. Ese avance coloca la discusión en una nueva instancia: definir su incorporación al temario y el alcance de los cambios que podrían acordarse durante el debate.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) sostienen que los incentivos fiscales previstos resultan insuficientes frente a las diferencias de costos entre banderas. Su advertencia comprende el empleo embarcado y la actividad industrial y profesional que depende de los buques argentinos.
La bandera definiría las condiciones laborales
El cambio central aparece en los primeros artículos del dictamen de mayoría. La navegación y el comercio de cabotaje podrían ser realizados por buques argentinos, unidades con tratamiento de bandera nacional y embarcaciones extranjeras. Estas últimas deberían informar previamente su ingreso y el período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Para sus tripulaciones, el artículo 2 establece que las condiciones y obligaciones laborales se regirían por la legislación del país de abanderamiento. El artículo 3 incorpora como estándar mínimo el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 y mantiene las exigencias de seguridad y orden público aplicables en aguas nacionales, con intervención de la Prefectura Naval Argentina.
La competencia entre embarcaciones sujetas a distintos regímenes laborales constituye uno de los principales cuestionamientos gremiales. Los sindicatos advierten que esa diferencia podría desplazar a trabajadores y armadores argentinos, particularmente frente a operadores de bandera paraguaya y boliviana.
La propuesta también fija una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para los sujetos alcanzados que desarrollen habitualmente las actividades previstas y permite a los armadores nacionales amortizar determinadas inversiones en un mínimo de dos cuotas anuales. Su alcance tributario comprende operaciones con distintas banderas, bajo las condiciones establecidas en el artículo 4.
Otro punto sensible es el cese de bandera. El artículo 9 concede 15 días hábiles administrativos a los organismos correspondientes para expedirse sobre deudas previsionales. Vencido ese plazo sin respuesta, el trámite de cancelación de matrícula podría continuar. También contempla informes profesionales y garantías cuando exista deuda determinada. Los gremios vinculan esa simplificación con el riesgo de una mayor salida de embarcaciones del registro nacional.La minoría propone otras condiciones de ingreso
El anexo publicado bajo la firma del senador José Emilio Neder plantea un régimen distinto. Crea el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN) y otorga prioridad a los buques incorporados a ese registro y a las embarcaciones de bandera argentina.
La propuesta exige tripulación argentina para las unidades inscriptas, con excepciones acotadas para personal técnico especializado, y somete las relaciones laborales a la legislación y jurisdicción nacionales. Los permisos para buques extranjeros tendrían carácter excepcional y una duración máxima de 365 días por caso, con renovación fundada.
Además, las embarcaciones extranjeras autorizadas a operar durante más de 30 días, consecutivos o alternados dentro de un año calendario, deberían emplear personal argentino y cumplir las obligaciones laborales y previsionales locales, con las excepciones técnicas previstas. El régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
El rechazo sindical a ambos dictámenes comprende, por lo tanto, propuestas con diferencias sustanciales. En su declaración, las organizaciones también cuestionan la responsabilidad política de quienes facilitaron el avance de la discusión.
El costo del flete enfrenta dos respuestas
Los impulsores de la apertura sostienen que una mayor oferta de transporte por agua permitiría reducir costos y mejorar la salida comercial de las economías regionales.
Durante el plenario del 28 de octubre, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió esa orientación y expuso estimaciones de reducción de entre 50% y 70% en el valor del transporte total. Esas cifras forman parte de la fundamentación oficial presentada ante los senadores. En la misma reunión, la Federación de Empresas Navieras Argentinas señaló que las diferencias tributarias y sociales con países vecinos condicionan la competitividad de la bandera nacional.
El debate volvió a quedar expuesto el 15 de noviembre en una entrevista del secretario general del Centro de Patrones, Mariano Moreno, con Data Gremial. El dirigente sostuvo que las demoras de carga, las limitaciones de acceso a los puertos y la disponibilidad de amarraderos requieren respuestas propias, cualquiera sea la bandera del buque.

Moreno manifestó disposición a discutir ajustes en las excepciones para contratar embarcaciones extranjeras cuando falte capacidad nacional de transporte. A la vez, reclamó medidas fiscales que permitan a las empresas argentinas sostener y ampliar sus servicios. El planteo sindical exige abordar el costo logístico junto con las condiciones de operación de la flota local.
La pesca conserva su reserva; los astilleros advierten por el trabajo
El artículo 1 del dictamen de mayoría mantiene la pesca reservada a buques argentinos o con tratamiento de bandera nacional. La misma previsión alcanza al transporte de combustibles, remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas de prácticos.
La relación con el sector pesquero aparece también en la infraestructura industrial compartida. La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata había advertido que sus astilleros y talleres, aunque trabajan principalmente con embarcaciones pesqueras, cuentan con capacidad para atender otros segmentos de la navegación.
La entidad reclamó vincular los beneficios fiscales con construcción naval nacional, establecer condiciones para el ingreso de unidades usadas y promover las reparaciones en establecimientos argentinos. Su preocupación apunta a las posibilidades de diversificar la producción y sostener el trabajo especializado.
Los tres sindicatos incorporaron a su declaración el futuro de la Escuela Nacional Fluvial, cuyo 84.º aniversario mencionaron expresamente. Advirtieron que una reducción de la flota afectaría la inserción de sus egresados y la demanda de construcción, reparación y mantenimiento. Reclamaron participación efectiva de trabajadores y armadores nacionales en la reforma.
Como informó esta editorial el 4 de noviembre, la discusión ya había provocado la declaración de alerta y movilización de las organizaciones marítimas. La publicación de los dictámenes modifica ahora el escenario parlamentario y concentra las gestiones sobre el texto que podría votarse.
Según información de este lunes 16 de noviembre, las conversaciones incluyen preservar la bandera argentina para el transporte de arena y piedra e incorporar trabajadores argentinos en remolcadores paraguayos. Esos puntos permanecen sujetos a negociación. La próxima definición será qué propuesta llega al recinto y cuáles de las condiciones reclamadas quedan incorporadas al articulado sometido a votación.





