Federico Sturzenegger volvió a calificar a la industria pesquera como una “casta naviera pesquera” y sostuvo que mantiene “una deuda con la sociedad argentina”. Lo hizo el viernes 13 de noviembre en Agenda Real, el programa de La Capital y Canal 8 Stream, conducido por Marcelo Pasetti y Mariano Suárez. Ante el reclamo de reducir las retenciones, cuestionó las condiciones de acceso al recurso y afirmó: “Y seguimos los argentinos sin cobrar por los pescados nada”.
Tres semanas antes, la cuenta del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) registraba una recaudación de $52.835,8 millones. El dato, correspondiente al 22 de octubre, quedó incorporado al Acta CFP Nro.28/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), sobre la base de un informe financiero de la autoridad pesquera nacional.
El contraste alcanza al argumento central del ministro. Existen obligaciones económicas por aprovechar el recurso e ingresos documentados que financian su investigación y control. La discusión sobre cuánto debería recibir la sociedad exige partir de esa realidad.
Las declaraciones, reproducidas también por el canal oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, omiten además las actuaciones de otras dependencias del mismo gobierno: las que administran las pesquerías y hacen efectivas sanciones por operar ilegalmente en aguas argentinas.
La contraprestación está en la ley y en las cuentas
El artículo 29 de la Ley Federal de Pesca 24.922 establece un derecho de extracción por especie y modalidad. Durante esta gestión, la Resolución CFP Nro.10/2024 reformuló su cálculo, con aplicación desde febrero de 2025. La Resolución CFP Nro.11/2024 incorporó, además, un canon por las nuevas asignaciones de cuotas de merluza común al sur del paralelo 41°.
Son instrumentos vinculados específicamente con el aprovechamiento pesquero. Las retenciones gravan las exportaciones y corresponden a otra discusión tributaria. Confundir ambos planos impide evaluar con precisión la contraprestación por el recurso y la carga económica sobre las empresas.
El FONAPE reúne ingresos de distintos conceptos, incluidos derechos y sanciones. Por eso, su recaudación debe distinguirse tanto de la facturación exportadora como de los pagos atribuibles a una sola categoría de contribuyentes.
El destino público de esos fondos está identificado. El 5 de noviembre, el CFP aprobó distribuir $19.853,3 millones. Asignó $2.950 millones al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y una suma idéntica a patrullaje y control, dividida entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Armada Argentina. También dispuso recursos para las administraciones nacional y provinciales.
Parte del dinero generado alrededor de la actividad sostiene el conocimiento del recurso y la capacidad de vigilarlo. Esa función queda fuera de una explicación que presenta el acceso a la pesca como un beneficio sin contraprestación.
La fiscalización produjo cobros verificables
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, informó el 25 de agosto que el Estado había recibido $5.381.374.680 en compensaciones por actuaciones contra cuatro buques extranjeros que operaron irregularmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El comunicado acreditó fondos efectivamente percibidos.
Detrás de esos procedimientos existe una tarea coordinada. La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, mediante la Disposición SSRAyP Nro.20/2026 firmada por Juan Antonio López Cazorla, estableció criterios para identificar actividad pesquera extranjera dentro de la ZEEA a partir de velocidades y patrones de navegación.
La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evalúa los antecedentes y dispone las actuaciones correspondientes. Prefectura detecta y constata los eventos mediante el Sistema Guardacostas, aporta evidencia y presta colaboración operativa. La norma contempla condiciones específicas para los poteros y la presentación de elementos que permitan justificar las maniobras detectadas.
El resultado es un procedimiento que vincula el monitoreo electrónico con la investigación administrativa y la exigencia de responsabilidades económicas.
El 4 de septiembre se anunció otra sanción: $1.844 millones a la empresa propietaria del Farruco, de bandera española, identificado oficialmente como el quinto buque extranjero sancionado durante el año. Ese importe corresponde a una penalidad impuesta; debe diferenciarse del dinero que el comunicado de agosto confirmó como cobrado.
También corresponde separar las obligaciones de las empresas habilitadas de las consecuencias de pescar sin autorización. La actividad legal aporta bajo las condiciones del régimen; la fiscalización persigue a quienes lo vulneran. Ambas funciones forman parte de la administración del patrimonio pesquero.
En la zona económica exclusiva, esa actuación hace efectivos los derechos soberanos argentinos sobre los recursos. La defensa de esos derechos se expresa en detecciones documentadas, procedimientos y sanciones.
El recurso impone límites a la operación
La descripción del ministro también prescinde de una condición cotidiana de la pesca: la disponibilidad comercial está subordinada al estado biológico de las poblaciones.
La ley distingue el permiso para acceder al caladero de la cuota o autorización necesaria para pescar. A ello se suman decisiones de manejo capaces de interrumpir la actividad.
En septiembre, a partir de información del INIDEP, la autoridad dispuso el cierre de las subáreas 4 y 5 para el langostino y del despacho hacia la pesquería nacional. Los fundamentos incluyeron bajos rendimientos y una elevada proporción de hembras maduras e impregnadas. Prefectura fue requerida para comunicar las medidas a la flota.
Para las empresas, esas decisiones significan ajustar las operaciones a una restricción que surge de la evaluación del recurso. El acceso autorizado tiene condiciones y puede suspenderse por razones de conservación.
El trabajo científico también se construye con participación privada. El INIDEP informó el 10 de noviembre que completó los 207 lances programados en las campañas de primavera de centolla de las áreas Central y Sur, realizadas a bordo de buques comerciales.
Investigadores, técnicos y observadores trabajaron junto con representantes provinciales y las tripulaciones. La información permitirá actualizar los indicadores de abundancia y fundamentar las recomendaciones de captura para la próxima temporada.
Ese aporte de conocimiento integra la administración pesquera tanto como la recaudación. Permite establecer qué puede extraerse y bajo qué condiciones, con consecuencias directas sobre el abastecimiento industrial.
La reforma debe explicar qué cambiaría
Sturzenegger propone licitar los derechos al vencimiento de las concesiones, mediante una competencia entre pescadores argentinos por el precio ofrecido. El régimen vigente contempla otros componentes del beneficio público.
Para las asignaciones de merluza común comprendidas en el artículo primero de la Resolución CFP Nro.11/2024, la historia de captura representa el 50% de la ponderación; la mano de obra, el 30%; la producción, el 15%, y las inversiones, el 5%, con una detracción por sanciones.
Cambiar ese esquema obliga a explicar qué peso conservarían el empleo y la actividad industrial frente a la oferta económica. También exige demostrar qué recaudación adicional se espera obtener y cómo se sostendrían las funciones científicas y de control.
Los resultados documentados permiten discutir mejoras concretas. El propio CFP volvió a reclamar disponibilidad de cuotas de caja para efectivizar la distribución del FONAPE: recaudar y aplicar los fondos son etapas diferentes, ambas sujetas a rendición de cuentas.
La propuesta de licitación permanece detenida por falta de respaldo parlamentario, según reconoció Sturzenegger. Su certeza al descalificar al sector, sin embargo, parece inmune a los registros de su propio Gobierno. Al afirmar que los argentinos reciben “nada”, omite derechos de extracción y cánones, además del trabajo de los equipos que administran las pesquerías, producen conocimiento científico y fiscalizan las operaciones. Esa omisión alcanza también a quienes sostienen esas funciones durante la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2023.
Convertir ese desconocimiento en una posición tajante resulta especialmente grave cuando se habla con la autoridad de un ministro. El cargo amplifica sus afirmaciones y vuelve más exigente su obligación de fundamentarlas. Una reforma merece discutirse por sus resultados esperables, con una evaluación del régimen que pretende reemplazar. Sturzenegger deberá explicar cuánto propone recaudar, bajo qué condiciones y con qué consecuencias para quienes invierten y trabajan en la actividad. Antes de presentar a toda la pesca como deudora de la sociedad, el ministro tiene una deuda elemental con el debate público: conocer aquello que pretende reformar.
En el fondo, fascina la soltura con la que se expresa Sturzenegger sin permitir que el conocimiento interfiera en sus palabras. Lamentable.






