Los gremios marítimos pidieron este martes 17 de noviembre que la Cámara de Diputados avance en el tratamiento de los proyectos de trazabilidad pesquera. La reunión informativa terminó sin fecha de dictamen y con dos cuestiones concretas sobre la mesa. Para las tripulaciones, importa saber qué volumen de captura se les reconoce al liquidar el salario. Para quienes fiscalizan la actividad, el desafío es comprobar que el pescado declarado por un buque sea el mismo que ingresa a planta y luego se comercializa.
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios tiene a estudio los proyectos de Maximiliano Ferraro (0142-D-2026) y Sabrina Selva (1452-D-2026) del Círculo de Políticas Ambientales. Ambos retoman un texto que obtuvo dictamen en junio de 2023. En octubre de aquel año, Diputados habilitó su tratamiento sobre tablas, pero la sesión se quedó sin quórum antes de votarlo. En septiembre de 2026, la comisión volvió a convocar al sector, a pesar de contar la República Argentina con un modelo de trazabilidad que permite generar el Certificado Digital de Captura Legal (vigente desde el 30 de junio de 2022).
Siendo la certificación digital previa que acredita la legalidad de la captura en el marco del Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA) y el Sistema de Transacciones Comerciales (Disposición 26/2022) que, además es aceptado en más de 90 países importadores de productos del mar argentino en todas sus variantes.
Daniel Flores pidió que la información de las capturas llegue al trabajador
Daniel Flores, secretario general de la seccional Mar del Plata del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), abrió la ronda de expositores con el pedido de que el debate “deje de ser informativo y empiece a ser resolutivo”. Ratificó el respaldo del gremio a los proyectos y defendió el acceso público a datos que, para la tripulación, tienen valor desde el momento mismo de la descarga.
Flores ya había advertido en septiembre sobre las dificultades para consultar los registros de las flotas costera y fresquera. Este martes, Ángel Raimundi, secretario adjunto del sindicato, precisó la consecuencia: si la remuneración se calcula sobre la captura, los trabajadores necesitan poder verificar la producción sobre la que negocian sus convenios.
La palabra que Buenos Aires dejó vacante
Después de Raimundi, el presidente de la comisión, César Treffinger, llamó por su nombre y cargo a la licenciada Carla Estefanía Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires. Esperó unos segundos, preguntó si se encontraba en la sala y constató que todavía no había llegado. Le dio entonces la palabra a Padín. La reunión terminó sin una exposición de la funcionaria bonaerense.
Buenos Aires tenía algo concreto que decir. En diciembre de 2021 había firmado el convenio de cooperación para incorporar sus datos al sistema federal. Mar del Plata fue, además, una de las cinco ciudades donde la administración pesquera presentó el módulo de transacciones comerciales y recogió observaciones de sus usuarios. Ante Diputados, la Provincia podía explicar qué información de las descargas está en condiciones de compartir y qué respuesta tiene para el tripulante que necesita comprobar su liquidación.
La pesca marplatense sí tuvo voz en el Congreso. La pusieron sus trabajadores. Lo que volvió a faltar fue la posición del Ejecutivo bonaerense. En la reunión del 15 de septiembre tampoco hubo una exposición de su autoridad pesquera, según el parte oficial. Esta vez hubo una convocatoria expresa, un turno asignado y una pregunta de la presidencia que quedó sin respuesta. La representación pública también se juzga en esos momentos. Cuando el Congreso discute reglas que alcanzarán a los barcos y las plantas de Mar del Plata, dejar pasar la palabra tiene una consecuencia política: otros fijan posición y la Provincia pierde la oportunidad de defender la suya.
Oscar Horacio Padín propuso seguir un lote de principio a fin
El siempre vigente Lic. Oscar Horacio Padín, exdirector del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), propuso elegir una pesquería y reconstruir el recorrido efectivo de un lote. El ensayo reuniría a las autoridades de pesca, las provincias, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y los equipos científicos. La tarea sería cotejar la especie y el volumen declarados a bordo con lo que llegó al muelle, entró a planta y se vendió. Allí donde las cifras difieran, quedaría identificado el punto que requiere verificación.
Padín recordó un estudio sobre filetes vendidos en la costa bonaerense en el que el análisis genético permitió detectar sustituciones de especies. Pidió que la ley asigne funciones y financiamiento a los equipos capaces de hacer esas comprobaciones. También solicitó conocer qué observaciones corrigió el SENASA después de la auditoría 9/2024. Aquel informe, referido a registros de 2023, detectó casos en que un certificado provisorio de exportación podía emitirse sin quedar vinculado con la producción registrada por el establecimiento de origen.
Duro, desde el seguimiento estrictamente biológico con los conocimientos que le dieron años en su paso por el INIDEP, más un profundo conocimiento de los participantes del sector, dialogó minutos después del cierre de su presentación en la Comisión, anticipando “que quedan reclamos pendientes para un sector muy pujante que, por momentos, incurre en exageraciones extractivistas y no siempre acompaña a los organismos que aportan innovación, tecnología, conocimiento y experiencia. Esos organismos merecen un lugar de mayor peso en la cadena de trazabilidad y control. Su aporte permite que el consumidor, en cualquier latitud, conozca la procedencia del producto y pueda seguir con certeza su recorrido.”
Julián Suárez mostró el sistema que ayudó a construir
Julián Suárez hizo una presentación impecable, limpia, clara y contundente. El exdirector nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCyFP), llevó a la comisión un certificado emitido en 2023 por una exportación de Chubut. Lo sostuvo ante los diputados, mostró el código QR de la última hoja y los invitó a escanearlo. El documento permitía identificar el buque que había realizado la captura, el establecimiento que había procesado la materia prima y el mercado al que se dirigía el producto.
Detrás de esa hoja había cerca de dos años de trabajo de Suárez y su equipo junto al entonces subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Damián Liberman. La tarea exigió acordar con las cinco provincias marítimas cómo incorporar sus registros al Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SIFIPA). En octubre de 2021 comenzaron las pruebas del módulo comercial. Luego llegaron los talleres en Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Ushuaia y San Antonio Oeste. En esas mesas participaron autoridades, cámaras empresarias, empresas, gremios y organizaciones del sector.
Una de las observaciones recogidas en los puertos explica el valor de aquel trabajo. A bordo puede resultar difícil precisar el volumen de cada especie. En planta, la clasificación y el pesaje permiten contrastar la estimación del parte de pesca con la mercadería efectivamente recibida. Esa experiencia de quienes trabajan el pescado quedó incorporada al fundamento de la Disposición 26/2022, que puso en marcha el módulo de Transacciones Comerciales. En septiembre de 2023, la Disposición 1 incorporó el Certificado de Trazabilidad que Suárez exhibió ante la comisión.
Después de la jornada, Suárez intercambió impresiones con esta redacción. En esa conversación, como antes frente a los diputados, quedó de manifiesto cuánto de su propia manera de pensar la administración pesquera había puesto en el sistema. La exposición duró poco más de diez minutos. Lo que pudo mostrar en ese tiempo fue el resultado de recorrer puertos, escuchar objeciones y volver sobre el diseño hasta que una empresa pudiera acreditar, ante un comprador, de qué barco provenía su captura. El sistema es el actual empleado, utilizado y aceptado en más de 90 países sin objeción de ninguna de las partes, salvo de quienes intentan boicotear este modelo desde mayor burocracia y duplicación de carga administrativa fomentando un problema —donde no lo hay— para originar su dependencia y lucro.
César Lerena pidió empezar el control en el buque
César Lerena cuestionó la redacción de ambos proyectos. Objetó que la primera venta opere como plazo máximo para disponer de la información trazada y que un lote pueda reunir capturas de varios buques. Sostuvo que la identificación debe comenzar en la extracción y conservar el vínculo entre cada embarcación y lo que pescó.
Su planteo fue directo. Registrar el recorrido de un producto exige comprobar antes qué entró en ese registro. El seguimiento satelital ubica al barco, pero para conocer lo capturado, los descartes y las cantidades que llegaron a tierra se necesitan verificaciones a bordo y en la descarga. Lerena extendió la exigencia al traslado y al procesamiento, incluidas las tareas que se realizan a fasón. Propuso actualizar la normativa existente y darle al SENASA un papel central.
Juan Navarro reclamó respaldo legal para lo que ya se registra a bordo
Ángel Juan Navarro, secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), recordó que desde 2023 asiste a reuniones en las que vuelven a discutirse proyectos similares. Pidió dar rango legal al sistema que ya utilizan las empresas y cuestionó que se invoque la lucha contra la pesca ilegal mientras se plantea prestar asistencia en puertos de Santa Cruz o Chubut a buques extranjeros que operan en la milla 201. “Nos están robando el pescado”, expresó.
Navarro también le respondió a Lerena desde sus veinte años de embarcado. Explicó que en los congeladores las cajas de langostino, merluza o calamar se marcan con la fecha de captura. Al llegar a puerto, la mercadería pasa por un control de calidad cuyo resultado, según relató, puede traducirse en descuentos para la tripulación. Para el dirigente, el registro ya empieza en cubierta. Lo que reclamó para el marinero es la posibilidad de seguir también en tierra la producción que ayudó a traer a puerto.
Durante la jornada, Florencia Otero, de la Prefectura Naval Argentina, pidió que los organismos puedan cruzar sus registros de vigilancia, pesca y sanidad. Roxana Saravia, de GS1 Argentina, propuso usar estándares abiertos para que la identificación de un producto siga siendo legible cuando pasa de una empresa a otra.
Al cierre, el diputado chubutense José Glinski pidió fijar un cronograma para dictaminar, incluso si las diferencias dan lugar a más de un despacho. Treffinger anunció que comunicaría lo expuesto a los autores de los proyectos. La comisión terminó la reunión sin fijar fecha para el dictamen y con la definición aún abierta.






