El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eligió llamar “casta naviera pesquera” a una industria cuyo funcionamiento exige bastante más conocimiento que el necesario para descalificarla. Cuestionó la adjudicación de los derechos de pesca y sostuvo que el sector mantiene una deuda con la sociedad argentina. La acusación es enorme. La explicación ofrecida resulta insuficiente. En su paso por Agenda Real, el programa de streaming de La Capital y Canal 8 de Mar del Plata, conducido por los periodistas Marcelo Pasetti y Mariano Suárez, dejó un vendaval de críticas a un sector que define por estos días la posibilidad de expresarse mediante un comunicado conjunto del sector.
Un funcionario que pretende transformar una actividad productiva tiene la obligación de comprenderla. Debe conocer cómo se financia una marea, cuánto cuesta mantener un buque y qué ocurre en una planta cuando falta materia prima. También debe distinguir la renta del recurso de la rentabilidad de la empresa que lo captura y procesa.
Sturzenegger exhibe un profundo desconocimiento de esa dimensión industrial. Su argumento concentra la atención en quién accede al pescado y cuánto podría pagar por hacerlo. Fuera de ese razonamiento quedan las instalaciones construidas, los trabajadores formados y el capital que permanece comprometido durante décadas.
Ese vacío importa. Desde un ministerio, una simplificación puede terminar convertida en una política pública.
La industria empieza mucho antes de la captura
En Mar del Plata, la pesca articula una estructura productiva que comienza en el astillero y continúa mucho después de la descarga. Un barco necesita reparaciones, combustible, provisiones y equipos. Su operación sostiene trabajo portuario. La captura alimenta plantas de procesamiento, cámaras frigoríficas y circuitos de transporte y comercialización.
Cada eslabón tiene costos propios. Cada interrupción repercute sobre los demás.
La Ley Federal de Pesca 24.922 reconoce expresamente a la pesca y al procesamiento como una actividad industrial. Su artículo 1 incorpora el valor agregado y el empleo argentino entre los objetivos del régimen. El artículo 27 contempla, para la asignación de cuotas, la mano de obra nacional, las inversiones realizadas, los antecedentes de captura y elaboración y el cumplimiento de las normas.
El ministro puede discutir esos criterios. Para reemplazarlos, debe demostrar qué sistema produciría mejores resultados y cómo evitaría destruir capacidades existentes durante la transición.
Descalificar a quienes invirtieron permite eludir esa demostración.
Un astillero ocupado, una planta en funcionamiento y una tripulación capacitada representan capacidad productiva acumulada. Reducir todo eso a la sospecha de un privilegio revela una comprensión alarmantemente pobre del desarrollo industrial.
El recurso público exige una cuenta completa
Los recursos pesqueros pertenecen al ámbito público. Precisamente por eso, su administración debe procurar el mayor beneficio para la sociedad.
La discusión seria empieza al definir cómo se mide ese beneficio. La recaudación por el acceso constituye una parte. También cuentan el empleo generado, la transformación industrial y las divisas obtenidas. Una decisión que eleve el ingreso inmediato del Estado y deteriore la actividad en tierra puede ofrecer un buen resultado de caja y un pésimo resultado económico.
El propio Gobierno informó que la pesca exportó 549.416 toneladas por 2.010 millones de dólares durante 2025. Es la dimensión de una actividad que el Estado reconoce como generadora de divisas mientras uno de sus ministros la presenta bajo una etiqueta despectiva.
Esa facturación tampoco equivale a ganancia. Antes de hablar de una supuesta renta extraordinaria corresponde descontar el costo de capturar, procesar y colocar el producto en destino.
Hay, además, un dato elemental: el régimen contempla un Derecho Único de Extracción. Su cálculo distingue especies y modalidades de pesca. La Resolución CFP 10/2024 estableció parámetros de referencia de entre el 1% y el 3%, según la especie, sobre valores de comercialización del producto entero o su equivalente más cercano. Posteriormente se modificaron aspectos de su instrumentación y se dispusieron alivios específicos.
La suficiencia de ese pago admite discusión. Su existencia obliga a discutir con precisión.
Un ministro debe presentar cuánto recauda el sistema, cuánto propone recaudar y qué efecto tendría sobre la producción. La palabra “casta” carece de utilidad para responder cualquiera de esas cuestiones.
Una subasta también necesita política industrial
Sturzenegger explicó que su propuesta contemplaba mecanismos competitivos entre pescadores argentinos al vencer las concesiones. Ese alcance debe respetarse al analizar sus declaraciones. El problema central permanece: qué condiciones acompañarían la adjudicación y qué consecuencias tendría sobre las inversiones existentes.
Una licitación puede aportar competencia y transparencia. Su resultado depende del diseño. Si el precio ofrecido desplaza a todos los demás criterios, la capacidad financiera gana protagonismo frente al compromiso productivo.
La mayor oferta monetaria, por sí sola, dice poco sobre el procesamiento futuro en tierra o la continuidad de una planta. Para evaluar el resultado nacional hacen falta obligaciones verificables, controles y una transición compatible con los plazos de inversión.
Cambiar al adjudicatario y desarrollar una industria son operaciones distintas.
También exige rigor cualquier comparación con Namibia. Su experiencia comprende décadas de política pesquera e industrial. Documentación publicada por la FAO describe el crecimiento del control nacional sobre las cuotas y la flota durante los años noventa, junto con el peso del procesamiento en el empleo y en la economía. Las subastas de cuotas gubernamentales, cuyos resultados informó posteriormente su Ministerio de Finanzas, forman parte de una trayectoria mucho más amplia.
Tomar de otro país únicamente el mecanismo de adjudicación y prescindir de su estructura productiva es una comparación incompleta. Convertirla en receta para los puertos argentinos sería una irresponsabilidad.
La rentabilidad se decide en cada marea
El debate oficial pierde seriedad cuando trata el reclamo por los costos como una prueba de privilegio.
El armador compromete recursos antes de conocer el resultado de la captura, arriesga, invierte; debe afrontar combustible y mantenimiento, sostener la seguridad de la unidad y pagar el trabajo. Después llegan los costos de descarga, transporte, elaboración y comercialización. El precio final depende también de mercados sobre los cuales una empresa argentina tiene una capacidad limitada de decisión.
Cuando los costos locales aumentan más rápido que los ingresos de exportación medidos en pesos, el margen se comprime. Los derechos de exportación, cuando corresponden, gravan la venta externa incluso si la operación arroja una rentabilidad mínima.
Exportar más y ganar menos pueden ocurrir al mismo tiempo. Confundir facturación con capacidad contributiva conduce a decisiones que agravan los problemas que dicen resolver, más, cuando la carrera espiralizada de inflación anual gana desde hace varios años al tipo de cambio, haciendo cada vez menos competitiva una actividad que en un 95% depende de esas variables.
El propio Consejo Federal Pesquero reconoció las dificultades económicas y operativas al disponer en abril de 2026 medidas transitorias sobre derechos de extracción y transferencia de cuotas en un segmento de la flota. Ese diagnóstico oficial merece una respuesta bastante más elaborada que la descalificación del sector.
La contradicción está dentro del Estado: una de sus instituciones adopta medidas para sostener la operación y un ministro reduce el conflicto a los supuestos privilegios de quienes producen.
El límite del mar obliga a generar más valor
La pesca trabaja sobre poblaciones biológicas cuya explotación debe mantenerse dentro de límites sostenibles. Las Capturas Máximas Permisibles las establece el Consejo Federal Pesquero con información científica del INIDEP. Esa distribución de responsabilidades es central para entender el sistema.
Cuando una pesquería alcanza su límite admisible, la expansión debe buscarse en el valor obtenido por tonelada, la calidad del producto y el aprovechamiento industrial. Aumentar la cantidad de participantes o el precio del acceso deja intacta esa restricción.
Una planta que pierde abastecimiento puede reducir turnos. Un buque que deja de operar retira demanda de talleres y proveedores. Si esas capacidades desaparecen, reconstruirlas exige tiempo, financiamiento y trabajadores que quizá ya hayan abandonado el oficio.
Ahí se mide el costo de una mala reforma. En empleos y capacidad industrial perdida.
La obligación de saber
La transparencia en la asignación de derechos es una obligación pública. Corresponde identificar beneficiarios, controlar compromisos y sancionar incumplimientos. La defensa de una industria exige ese rigor.
También lo exige el ejercicio del poder.
El ministro que acusa a todo un sector debe respaldar su diagnóstico con una evaluación que abarque la actividad completa. Debe explicar cómo su propuesta mejoraría la administración del recurso y qué ocurriría con quienes trabajan en tierra. Tiene que hacerse cargo del día posterior a la reforma.
Sturzenegger eligió una descalificación que simplifica el debate y desprecia el conocimiento acumulado en los puertos. La solvencia de un funcionario se demuestra cuando puede discutir con quienes producen sin convertirlos en enemigos de una consigna.
Antes de volver a llamar “casta” a la pesca, debería conocer el costo de sostenerla. El desconocimiento de un ministro se vuelve un problema nacional cuando pretende gobernar aquello que desprecia.
Una actividad industrial que transforma recursos del mar se mide también por el desarrollo que sostiene y por el sustento de cada trabajador y cada familia que la integra. Una flota de más de 350 pesqueros aporta presencia argentina en el mar, conocimiento de sus aguas y pertenencia al territorio marítimo. Esa presencia, sostenida con inversión y riesgo privados, contribuye a la soberanía nacional y tiene un valor estratégico que excede cualquier cálculo recaudatorio, número o planilla excel. El Estado recibe ese aporte sin afrontar directamente el costo de operar esa flota, por el contrario, através de ella percibe jugosos tributos.
Cuando un funcionario reduce semejante entramado a la palabra “casta”, exhibe la liviandad de su diagnóstico y una profunda miopía estratégica: desprecia a quienes, además de producir, mantienen al país presente en los confines de los límites marítimos de la Patria. Por eso, más que ignorancia hacia el sector, es un agravio inadmisible.






