La discusión enfrenta el reclamo de información verificable sobre capturas y salarios con la necesidad de conectar los registros existentes. Las cámaras advierten sobre la duplicación de trámites y los autores de los proyectos piden avanzar hacia un sistema común.
La pesca argentina genera información sobre sus capturas, desembarques y operaciones comerciales. Quién puede consultar esos datos y cómo vincularlos a lo largo de la cadena productiva concentra ahora la discusión legislativa sobre trazabilidad. De esas definiciones dependen tanto el seguimiento del origen de los productos como la posibilidad de verificar información utilizada en controles y liquidaciones salariales.
Ese fue el eje de la reunión informativa que la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios celebró el 15 de septiembre. Las intervenciones expusieron diferencias sobre el alcance de los mecanismos actuales y la forma de integrarlos. Mientras organizaciones ambientales y representantes gremiales reclamaron mayor acceso, las cámaras empresarias plantearon aprovechar los registros disponibles y evitar nuevas cargas administrativas como la creacion de un nuevo registro.
El presidente de la comisión, César Treffinger, propuso escuchar a los actores del sector para identificar dificultades y mejorar los controles. En tratamiento se encuentran iniciativas de Maximiliano Ferraro y Sabrina Selva orientadas a establecer un sistema nacional de trazabilidad.
Los datos de captura también inciden en los salarios
Para los trabajadores, la discusión tiene una aplicación inmediata. Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), explicó que las remuneraciones vinculadas con la producción requieren conocer las cantidades capturadas de cada barco, las especies desembarcadas y los valores reconocidos.
El acceso a información verificable permite contrastar los datos sobre los que se calculan esos ingresos. «Las remuneraciones vinculadas con la producción dependen de conocer cuánto se captura«, sostuvo. Desde esa perspectiva, la apertura de los registros forma parte de las condiciones necesarias para discutir salarios con una base documental compartida.
Daniel Flores, referente del gremio en Mar del Plata, cuestionó las restricciones para consultar información cargada en plataformas estatales. Su reclamo se concentró en los registros de capturas y descargas, especialmente de las flotas costera y fresquera. La demanda gremial apunta a precisar qué datos pueden consultar los trabajadores y qué fundamentos sostienen las limitaciones de acceso.
Integrar los controles existentes
Otto Wöhler, representante del sector armatorial congelador, sostuvo que las empresas ya cumplen mecanismos de trazabilidad exigidos por las autoridades nacionales y los mercados de exportación. Propuso perfeccionar y conectar esos instrumentos, con competencias claramente delimitadas entre la autoridad pesquera y el SENASA.
Su advertencia se concentró en la implementación: una plataforma común debería aprovechar la información presentada y evitar que las empresas deban cargar nuevamente los mismos datos. La articulación involucra registros asociados con capturas y permisos, junto con los controles sanitarios y de inocuidad. «No partimos desde cero. Ya tenemos todo construido«, afirmó.
María Soledad Schulze, del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, propuso comenzar por un diagnóstico de la información existente. Señaló su dispersión y las dificultades de acceso, y planteó identificar los registros disponibles, sus vacíos y las posibilidades de integración. Mencionó como antecedente el trabajo realizado en Chubut sobre buques y plantas procesadoras.
Del registro administrativo al recorrido del producto
María Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, defendió una plataforma interoperable: un sistema que permita intercambiar y utilizar información entre organismos. Vinculó esa herramienta con la verificación del origen de los productos y las exigencias comerciales.
Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, y Verónica García, de Fundación Vida Silvestre Argentina, relacionaron la trazabilidad con el acceso público a datos sobre embarcaciones, propietarios y permisos, además del seguimiento de los productos hasta su comercialización.
Ferraro explicó que su iniciativa busca conectar captura, desembarque, transformación y comercialización, identificando a los operadores que intervienen. Recordó que en 2023 la propuesta había obtenido un dictamen unánime con 47 firmas en las comisiones participantes.
Selva puso el acento en la verificación de las declaraciones de captura, por sus consecuencias sobre la fiscalización y las relaciones laborales. También reclamó un cronograma de trabajo para alcanzar un dictamen antes de que las iniciativas pierdan nuevamente estado parlamentario.
La próxima definición legislativa deberá resolver qué organismo administrará el sistema, cómo intercambiarán información las autoridades y cuáles serán las condiciones de consulta. Para las empresas, está en juego la carga operativa de los controles; para los trabajadores, el acceso a registros que inciden sobre sus ingresos. El texto que avance deberá precisar cómo responderá a ambas necesidades.
