La trazabilidad y el acceso a la información pesquera volvieron este martes 15 de septiembre a la agenda del Congreso de la Nación. Luego de una jornada realizada durante la mañana en el Senado sobre transparencia, registro de embarcaciones y trazabilidad, por la tarde la discusión continuó en una reunión informativa de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados.
El encuentro reunió a representantes del Círculo de Políticas Ambientales, Sin Azul No Hay Verde, Fundación Vida Silvestre Argentina, CAPeCA, CAPIP, SICONARA y el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, entre otros participantes, para analizar los proyectos que se encuentran en tratamiento legislativo.
La Comisión, presidida por César Treffinger, tiene entre sus expedientes iniciativas impulsadas por los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Selva. En la apertura, Treffinger explicó que la intención de la reunión era escuchar a quienes conocen y trabajan en el sector para identificar avances y dificultades y analizar herramientas que permitan fortalecer los controles “sin generar burocracia innecesaria” para quienes operan dentro de la legalidad.
El debate dejó una coincidencia inicial: la importancia de la trazabilidad no fue puesta en discusión. Las diferencias aparecieron al momento de determinar qué falta en Argentina y cuál debería ser el instrumento para resolverlo.
Diputados debate cómo integrar la trazabilidad pesquera. Oradores exigieron transparencia en la actividad y apertura al acceso público de datos por tratarse de un recurso nacional.
Las exposiciones coincidieron en el valor de la trazabilidad. Las diferencias se concentraron en el diagnóstico del sistema actual y en la herramienta legislativa necesaria para mejorarlo.
María Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, sostuvo que el país dispone de mecanismos y registros distribuidos entre organismos, mientras sigue pendiente su integración en un sistema nacional interoperable. Recordó que las iniciativas acumulan casi una década de discusión parlamentaria y defendió una plataforma común que permita unificar la información y simplificar su presentación. Su planteo vinculó esa integración con la posibilidad de verificar el origen de los productos y responder a las exigencias comerciales.
En una línea similar se expresaron Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, y Verónica García, de Fundación Vida Silvestre Argentina. Sus intervenciones relacionaron la trazabilidad con la transparencia, la sustentabilidad y el acceso público a la información. Entre los objetivos apareció la posibilidad de consultar datos sobre embarcaciones, propietarios y permisos, y reconstruir el recorrido de los productos hasta su comercialización.
Para los trabajadores, ese acceso tiene una consecuencia inmediata sobre sus ingresos. Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, explicó con extrema claridad que las remuneraciones vinculadas con la producción dependen de conocer cuánto se captura, qué especies se desembarcan y qué valores se reconocen. Desde esa perspectiva, disponer de información verificable constituye una herramienta para discutir salarios y condiciones laborales con una base compartida.
Daniel Flores, referente del gremio en Mar del Plata, centró su intervención en las restricciones que encuentran los trabajadores para consultar los registros. Cuestionó que la información cargada en plataformas estatales circule en ámbitos de acceso limitado y reclamó mayor disponibilidad de datos sobre capturas y descargas, especialmente en las flotas costera y fresquera. Su aporte distinguió dos situaciones: la existencia de información dentro del Estado y la posibilidad efectiva de que otros actores la consulten. Un hecho histórico que el sector gremial solicita pero, que el sector esconde.
Otto Wöhler, quien participó en calidad de invitado representando intereses del sector armatorial congelador, sostuvo que la pesca argentina ya cuenta con mecanismos de trazabilidad que permiten cumplir las exigencias nacionales y de los mercados de exportación. Su planteo fue integrar y perfeccionar los sistemas existentes, con una definición precisa de las competencias de la autoridad pesquera y del SENASA. Advirtió que la instrumentación de una plataforma común requiere resolver esa articulación para evitar duplicaciones en la carga de datos y un cuello de botella administrativo para la incorporación de la información al actual sistema.
Desde la representación empresarial se sostuvo que la actividad pesquera argentina ya cuenta con mecanismos de trazabilidad y que las compañías presentan diariamente información para cumplir con las regulaciones nacionales y los requisitos de los mercados internacionales en materia de exportaciones.
Ese planteo diferenció los controles de la autoridad pesquera, asociados con capturas y permisos, de aquellos que corresponden al SENASA en materia sanitaria e inocuidad. La preocupación se concentró en la definición de competencias y en las obligaciones administrativas que podría incorporar un sistema nacional único.
Para las cámaras, el camino pasa por conectar los sistemas existentes y aprovechar los datos que las empresas ya presentan. La articulación entre organismos aparece así como una condición para que la reforma simplifique los procedimientos y tenga aplicación práctica.
María Soledad Schulze, del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, propuso comenzar por un diagnóstico compartido. Reconoció que las empresas generan un volumen considerable de información en una actividad fuertemente regulada, y ubicó el problema en su dispersión y accesibilidad. Señaló la necesidad de contar con registros nacionales integrados de buques y plantas procesadoras y mencionó como antecedente el trabajo realizado en Chubut. Su propuesta fue identificar qué datos existen, dónde se encuentran y cuáles falta integrar, considerando las diferencias entre flotas, especies y regiones.
El intercambio también permitió precisar los objetivos de los proyectos. Ferraro recordó que la iniciativa había alcanzado en 2023 un dictamen unánime con 47 firmas en las comisiones intervinientes. Defendió un sistema digital e interoperable para el mercado interno y la exportación, capaz de vincular la captura con el desembarque, la transformación y la comercialización. Según explicó, esa continuidad permitiría reconstruir el recorrido del producto y reconocer a los operadores que intervienen en cada etapa.
Selva destacó la coincidencia entre ambos textos y puso el foco en la verificación de las declaraciones de captura, por su incidencia sobre la fiscalización y las negociaciones salariales. También vinculó la propuesta con el derecho de los consumidores a conocer el origen de los alimentos. En el plano parlamentario, pidió establecer fechas de trabajo y plazos para alcanzar un dictamen, ante el riesgo de que las iniciativas vuelvan a perder estado legislativo.
Jorge Taiana, vicepresidente primero de la comisión, incorporó la dimensión estratégica del Atlántico Sur. Su intervención diferenció la zona económica exclusiva, la actividad de las flotas extranjeras en alta mar y la explotación pesquera en torno de las Islas Malvinas. Desde esa perspectiva, defendió la trazabilidad como una política de largo plazo para proteger los recursos y fortalecer la capacidad estatal de seguimiento. Esa mirada amplió el alcance del debate hacia el conocimiento del origen de las capturas y las condiciones en que ingresan a las cadenas comerciales.
Al finalizar la reunión, representantes gremiales reiteraron sus cuestionamientos sobre la disponibilidad de determinados datos en la Dirección de Administración Pesquera. El reclamo apunta a precisar qué información permanece reservada y cuál es el fundamento de esa restricción, tratándose de una actividad que explota recursos de interés público.
La discusión dejó una tarea concreta para la comisión; definir cómo se conectarán los registros, qué organismo administrará el sistema y bajo qué condiciones podrá consultarse la información. De esas decisiones dependerá su utilidad para controlar el origen de los productos y aportar datos verificables a las relaciones laborales y comerciales.
Treffinger expresó la intención de continuar el tratamiento de los proyectos. El objetivo planteado al cierre fue conocer qué se pesca, donde se captura, quién lo captura y cuál es el destino de esos productos. Las exposiciones agregaron una pregunta decisiva para el diseño de la ley; quiénes podrán acceder a esa información y con qué alcance sdiempre sobre la base de la busqueda de mayor trazabilidad y transparencia.
