La Cámara de Diputados emitió el martes 27 de octubre dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incorpora la explotación pesquera sin autorización argentina en las Islas Malvinas a un nuevo régimen de sanciones económicas e inhabilitaciones. La propuesta avanzó después de una negociación entre el oficialismo y bloques aliados que modificó las condiciones para atribuir responsabilidad a empresas, accionistas y proveedores.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presidido por el diputado Carlos Raúl Zapata, reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre bajo el expediente 0010-PE-2026 y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.
El acuerdo permitió al oficialismo concluir la etapa de comisiones, aunque durante la reunión legisladores opositores cuestionaron el procedimiento y denunciaron que desconocían la versión definitiva del texto que estaba siendo dictaminado.
La pesca ingresa al nuevo régimen sancionatorio
El proyecto original propone derogar y reemplazar la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece restricciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin habilitación argentina en la plataforma continental.
La nueva iniciativa incorpora expresamente los recursos naturales renovables, entre ellos los pesqueros, a las prohibiciones relacionadas con actividades desarrolladas sin autorización nacional en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto enviado por el Ejecutivo establece multas equivalentes al valor de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo WTI, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones de cinco a veinte años para las infracciones comprendidas en el régimen administrativo.
Durante la negociación parlamentaria también se modificaron disposiciones sancionatorias y figuras penales. Las escalas y condiciones definitivas deberán establecerse sobre la redacción que resulte aprobada por el Congreso.
La incorporación de la pesca afecta a una actividad desarrollada desde hace décadas mediante licencias expedidas por la administración británica de las islas, cuya validez la Argentina desconoce en los espacios sobre los que reivindica soberanía.
Las modificaciones sobre accionistas y proveedores
Uno de los capítulos que concentró los cambios del dictamen fue el referido a las responsabilidades de terceros relacionados con las actividades prohibidas.
El diputado Damián Arabia informó que el oficialismo mantuvo las sanciones destinadas a quienes explotan recursos sin autorización argentina, pero incorporó garantías para prestadores de servicios que desconocieran razonablemente su destino ilícito y para determinadas participaciones accionarias minoritarias.
Según las modificaciones difundidas durante las negociaciones, los proveedores quedarían alcanzados cuando suministren bienes o servicios esenciales e indispensables para ejecutar la actividad cuestionada y se cumplan los requisitos de conocimiento establecidos por la norma.
También se comunicaron excepciones para determinadas personas físicas con participaciones accionarias de hasta el 2%, condicionadas a la ausencia de intervención en decisiones societarias, y para ciertos fondos de inversión pasivos.
Estas disposiciones diferencian la responsabilidad del operador que realiza directamente la explotación de aquella que puede corresponder a terceros vinculados por relaciones comerciales o societarias.
Una norma pesquera vigente desde 2008
La discusión parlamentaria se desarrolla sobre un régimen que ya establece consecuencias para determinados vínculos empresariales con embarcaciones que pescan sin habilitación argentina.
La Ley 26.386 incorporó en 2008 el artículo 27 bis a la Ley Federal de Pesca 24.922. La disposición exige a los titulares de cuotas y autorizaciones de captura presentar declaraciones juradas sobre su situación frente a las prohibiciones previstas, incluidas determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen sin permiso nacional en aguas bajo jurisdicción argentina.
El artículo 28 establece que, comprobada la infracción a esas prohibiciones, caducan automáticamente el permiso de pesca y las cuotas o autorizaciones pertinentes.
El régimen vigente actúa sobre las habilitaciones pesqueras argentinas. La iniciativa actualmente debatida incorpora sanciones adicionales sobre la explotación no autorizada de recursos naturales y determinadas actividades vinculadas.
La aplicación de cada instrumento requiere acreditar los hechos y las condiciones previstas en su respectiva normativa.
Estados Unidos y la respuesta jurídica del Reino Unido
La negociación también estuvo acompañada por pronunciamientos internacionales sobre el alcance de las sanciones.
El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau reconoció públicamente que Washington seguía con atención las posibles consecuencias de la iniciativa para empresas norteamericanas. Durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, afirmó que su país respetaba el proceso legislativo argentino.
Distintas publicaciones atribuyeron algunas modificaciones a gestiones de Estados Unidos, mientras el Gobierno argentino rechazó las versiones sobre exigencias directas para incorporar una cláusula de salida.
Por su parte, el Reino Unido anunció el 13 de octubre que preparaba medidas de protección para empresas y ciudadanos británicos frente a determinadas sanciones extraterritoriales argentinas relacionadas con las islas.
El mecanismo anunciado se encuadra en su legislación sobre Protección de los Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests). Londres comunicó que procuraba poner en vigor las medidas complementarias antes de finalizar 2026.
La decisión forma parte de la posición británica de respaldo a las actividades económicas que considera legítimas en Malvinas, incluidas las vinculadas con la explotación de recursos naturales.
El debate político y las objeciones al dictamen
La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas y otros sectores formalizaron propuestas alternativas o de rechazo.
Durante la reunión, el diputado Federico Pelli defendió el régimen sancionatorio y sostuvo que la protección de los recursos nacionales requiere capacidades estatales para sostenerla.
Desde la oposición, Agustina Propato cuestionó el tratamiento conjunto de las disposiciones sobre Malvinas con las reformas generales en materia de defensa y seguridad. También objetó el Régimen de Desistimiento y Regularización previsto para operadores que cesen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.
El diputado Juan Marino denunció que el dictamen avanzaba sin que los legisladores de su sector hubieran recibido el texto definitivo. Otros representantes opositores formularon cuestionamientos similares durante el plenario.
El acuerdo parlamentario incorporó, entre otras modificaciones, la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. También se reformularon las disposiciones sobre injerencia extranjera y se establecieron exclusiones expresas para el ejercicio del periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática legítima.
El próximo paso legislativo
Con las firmas obtenidas, el proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto de Diputados.
El oficialismo manifestó su intención de tratarlo durante noviembre y mencionó inicialmente el día 12 como fecha tentativa. También surgieron negociaciones para una eventual sesión posterior, sin que al 29 de octubre existiera una convocatoria oficial confirmada.
La iniciativa deberá obtener la aprobación de Diputados y continuar su trámite en el Senado antes de convertirse en ley.
Hasta entonces permanecen vigentes las disposiciones actuales, incluidas las restricciones establecidas por la Ley Federal de Pesca.
La redacción que finalmente sancione el Congreso determinará las nuevas responsabilidades de los operadores pesqueros, sus accionistas y los prestadores de servicios vinculados con la explotación de recursos en Malvinas sin autorización argentina.
Por ALC
