Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación busca declarar la Emergencia Costera y Defensa del Litoral Marítimo en el Golfo San Jorge y las costas patagónicas, con el propósito de establecer mecanismos de intervención y financiamiento para enfrentar el avance del mar, la erosión y el deterioro de sectores costeros que comprometen infraestructura estratégica.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5688-D-2026 e ingresada el viernes 23 de octubre, propone declarar la emergencia por 365 días, con especial atención sobre las ciudades de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia y Rawson, en Chubut, donde se identifican procesos de retroceso de la línea costera y situaciones de vulnerabilidad que requieren medidas de protección.
El proyecto fue presentado por el diputado nacional Juan Carlos Molina (Santa Cruz), del bloque Unión por la Patria, y cuenta con las firmas de José Glinski (Chubut), Ana María Ianni y Moira Lanesan Sancho (Santa Cruz), y Andrea Freites (Tierra del Fuego), todos integrantes de la misma bancada.
El proyecto plantea la necesidad de una respuesta coordinada entre el Estado nacional, las provincias y los municipios para atender una problemática que, por sus características y consecuencias, excede los límites de cada jurisdicción.
En los fundamentos se advierte que el avance del mar y la erosión costera no solo afectan playas, acantilados y sectores urbanos, sino que también pueden comprometer rutas, redes de servicios, instalaciones industriales y puertos vinculados con las actividades pesqueras, energéticas y comerciales.
Los legisladores sostienen que permitir el deterioro de esa infraestructura sin medidas de mitigación supone un riesgo para la conectividad regional, la continuidad de las actividades económicas y la seguridad de las comunidades costeras.
Uno de los principales puntos de la propuesta es la creación de un Plan Federal Integral de Protección y Recuperación Costera Patagónica, que debería elaborarse dentro de los 120 días posteriores a la eventual promulgación de la ley.
El programa contemplaría la construcción de escolleras, espigones, muros de contención y otras defensas marítimas, además de intervenciones para estabilizar acantilados, recuperar playas y proteger infraestructura vial y sistemas de drenaje.
La selección de las obras dependería de estudios técnicos y ambientales que permitan determinar las alternativas más adecuadas para cada sector, considerando especialmente la dinámica de las corrientes, los sedimentos y los procesos de erosión.
La iniciativa también propone elaborar un Mapa Nacional de Vulnerabilidad Costera Patagónica, destinado a identificar áreas de riesgo alto, medio y bajo, evaluar la exposición de infraestructura crítica y establecer prioridades de intervención.
Para estas tareas se prevé la participación de organismos científicos y universidades, entre ellos el CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Aunque Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rawson aparecen como zonas prioritarias, el proyecto contempla la posibilidad de incorporar otros sectores del litoral marítimo patagónico, desde el paralelo 42° de latitud sur hacia el sur, siempre que existan estudios técnicos que justifiquen su inclusión.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de destinar recursos nacionales a las intervenciones necesarias para reducir los riesgos sobre las costas.
El texto faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias, gestionar financiamiento internacional y celebrar convenios de cooperación técnica y financiera con gobiernos provinciales, municipios y organismos científicos.
También propone otorgar carácter urgente y prioritario a las actuaciones administrativas, licitaciones y adjudicaciones vinculadas con las obras comprendidas en la emergencia, sin exceptuarlas de los controles ambientales y administrativos correspondientes.
En relación con la actividad marítima y pesquera, los fundamentos destacan la importancia de preservar las instalaciones portuarias y los establecimientos productivos ubicados sobre el litoral, cuya afectación podría repercutir sobre las operaciones comerciales, la conectividad y el empleo regional.
El proyecto contempla además la creación de una Mesa Interjurisdiccional de Coordinación Costera, integrada por representantes del Gobierno nacional, las provincias de Chubut y Santa Cruz, los municipios de las tres ciudades prioritarias y las instituciones científicas participantes.
Este ámbito tendría a su cargo coordinar acciones, intercambiar información técnica y establecer prioridades de intervención.
En los fundamentos, los autores remarcan que la magnitud de los procesos erosivos puede superar las capacidades técnicas y financieras de las administraciones locales, por lo que consideran necesaria una política de cooperación federal que permita anticipar daños y proteger infraestructura de importancia regional y nacional.
