La controversia judicial entre Conarpesa y el exsubsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, tendrá una nueva instancia. Tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de confirmar el archivo de la causa, el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la denuncia presentada en mayo de 2023.
La decisión de la empresa se conoce después del pronunciamiento judicial que consideró insuficientes los elementos reunidos para acreditar los delitos atribuidos al exfuncionario. Sin embargo, desde Conarpesa sostienen que todavía existen circunstancias que deben investigarse y anticiparon la incorporación de nuevas pruebas.
El origen del expediente se remonta a las inspecciones y sumarios administrativos realizados durante 2022 sobre embarcaciones tangoneras de Conarpesa y Agropez, que la querella interpretó como parte de una fiscalización selectiva durante la gestión de Liberman.
Entre los argumentos presentados, Álvarez Castellano señaló que los 20 buques de ambas empresas concentraron 75 de los 230 sumarios iniciados sobre una flota de 312 embarcaciones tangoneras. Para la compañía, esa distribución constituía un indicio de trato arbitrario que debía ser investigado.
La denuncia también incluyó un episodio ocurrido el 4 de octubre de 2022 durante la feria internacional Conxemar, en Vigo, España. Según la versión del empresario, Liberman lo habría increpado en un hotel mediante expresiones despectivas vinculadas con su origen español y su actividad empresarial.
A partir de estos hechos, la presentación judicial atribuyó al exfuncionario presuntos delitos de coacción y amenazas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e infracción a la legislación antidiscriminatoria.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de las actuaciones al considerar que los elementos incorporados al expediente no permitían acreditar los delitos denunciados.
Frente a esa resolución, Conarpesa remarcó que la ausencia de responsabilidad penal acreditada no implica necesariamente que todos los procedimientos administrativos cuestionados hayan sido correctos.
La empresa también sostuvo que el archivo de una investigación no excluye, en determinadas circunstancias, la posibilidad de reexaminar los hechos ante la aparición de nuevos elementos relevantes.
En ese contexto, Álvarez Castellano ratificó en todos sus términos la denuncia contra Liberman y confirmó su decisión de acudir al máximo tribunal, además de anticipar que aportará nuevas pruebas para respaldar las acusaciones.
El empresario manifestó que mantiene su confianza en la Justicia y considera necesario profundizar la investigación para esclarecer los hechos que dieron origen a la presentación.
La intención de recurrir a la Corte Suprema abre una nueva etapa en la estrategia judicial de Conarpesa, aunque la eventual intervención del máximo tribunal dependerá de la presentación del recurso correspondiente y de su admisibilidad. Por el momento, permanece vigente la decisión de Casación que confirmó el archivo de la causa.
Mientras la controversia continúa su recorrido judicial, la industria pesquera argentina enfrenta una exigencia cada vez mayor de eficiencia, calidad y competitividad internacional. En ese escenario, el tiempo y los recursos destinados a prolongar disputas también invitan a reflexionar sobre la necesidad de resolver diferencias, fortalecer la previsibilidad institucional y concentrar esfuerzos en producir mejor y conquistar mercados.
