La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inició el martes 10 de noviembre en Vigo, España, la revisión técnica final de una guía internacional sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura. El documento establecerá recomendaciones dirigidas principalmente a las empresas, con especial atención a los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la protección social de quienes participan en la producción y comercialización de alimentos acuáticos.
La consulta se desarrolla en la sede de Conxemar, con el respaldo de la Xunta de Galicia, y reúne a una veintena de especialistas internacionales hasta el jueves 12 de noviembre. Las observaciones permitirán ajustar el borrador antes de su validación definitiva, luego de un proceso iniciado hace nueve años en el ámbito de la FAO.
La propuesta busca facilitar la aplicación de estándares internacionales existentes mediante criterios operativos adecuados a las particularidades de cada actividad pesquera, desde el trabajo embarcado hasta las operaciones industriales en tierra.
Seis actividades con recomendaciones diferenciadas
La futura Guía sobre Responsabilidad Social en las Cadenas de Valor de la Pesca y la Acuicultura comprende una sección de principios generales y otra destinada a seis actividades: pesca industrial, pesca artesanal, acuicultura, procesamiento, distribución y comercialización minorista.
La diferenciación responde a las condiciones laborales y productivas de cada segmento. Las operaciones a bordo de un buque pesquero presentan características distintas de las actividades desarrolladas en una planta procesadora, mientras que los establecimientos acuícolas requieren considerar modalidades de trabajo y riesgos propios de sus sistemas de producción.
El documento incorpora el principio de proporcionalidad, destinado a ajustar las recomendaciones a la dimensión y capacidad de los operadores. Su aplicación resulta especialmente significativa para pequeñas empresas y organizaciones de pesca artesanal, cuyos recursos y estructuras laborales difieren de los de las compañías industriales.
La FAO ha identificado entre los problemas sociales de las cadenas pesqueras distintas formas de explotación laboral, situaciones de trabajo forzoso, servidumbre por deudas y dificultades de acceso a la protección social, especialmente en poblaciones vulnerables y trabajadores migrantes.
Las orientaciones procuran facilitar la identificación y prevención de esos riesgos a partir de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, empleo y seguridad laboral.
Una iniciativa de 2017 que recibió más de 700 observaciones
El origen del proyecto se remonta a 2017, cuando los países miembros de la FAO, reunidos en el Subcomité de Comercio Pesquero en Busan, Corea del Sur, solicitaron desarrollar orientaciones que facilitaran la aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y laborales en las cadenas pesqueras.
El mandato fue respaldado en 2018 por el Comité de Pesca de la FAO (COFI), que recomendó avanzar en colaboración con empresas, organizaciones de trabajadores y otras entidades vinculadas con la actividad.
Durante 2019 se realizaron cuatro instancias de consulta internacional en Agadir, Bruselas, Roma y Shanghái. Paralelamente, una consulta pública sobre el documento preliminar recibió más de 700 comentarios y aportes, según los antecedentes oficiales del organismo.
El trabajo continuó con revisiones específicas sobre pesca artesanal y acuicultura durante 2024, cuando se habilitaron nuevos períodos de participación pública para examinar los capítulos correspondientes.
En septiembre de 2025, la vigésima reunión del Subcomité de Comercio Pesquero volvió a tratar la iniciativa. La FAO presentó el documento de trabajo COFI/XX/2025/10 y un borrador parcial identificado como COFI/XX/2025/Inf.14.
En sus conclusiones, el organismo destacó la relación entre responsabilidad social, conducta empresarial responsable y debida diligencia en las cadenas de suministro, cuestiones que adquieren mayor presencia en las condiciones comerciales internacionales.
Recomendaciones voluntarias y exigencias comerciales
La guía tendrá carácter voluntario y no vinculante. Sus recomendaciones servirán como referencia para empresas, administraciones públicas y organizaciones sectoriales, mientras que las obligaciones legales continuarán determinadas por las normas nacionales y los convenios internacionales aplicables.
Esta distinción adquiere importancia para las compañías que participan del comercio exterior. Los requisitos laborales establecidos por las autoridades de cada país, las condiciones contractuales acordadas con compradores y las orientaciones de organismos internacionales corresponden a instrumentos diferentes.
La debida diligencia empresarial consiste en identificar, prevenir y abordar riesgos sobre los derechos humanos y laborales asociados con las actividades propias y las relaciones comerciales. En la cadena pesquera, ese análisis puede comprender tanto las operaciones de captura como las tareas de procesamiento y abastecimiento.
Durante su reunión de septiembre de 2025, el Subcomité de Comercio Pesquero reconoció que estas prácticas adquieren relevancia ante la evolución de los requisitos de los mercados internacionales.
Para las empresas pesqueras argentinas que operan flotas, plantas industriales y circuitos de exportación, la futura guía podrá constituir una referencia para examinar sus procedimientos laborales y las relaciones con proveedores y compradores del exterior.
Su publicación, por sí misma, no incorporará nuevas condiciones obligatorias de exportación. Su eventual utilización comercial dependerá de los mecanismos de evaluación adoptados por las empresas y de los requisitos específicos de cada mercado.
Galicia vinculó los derechos laborales con el futuro del sector
Durante la apertura de la consulta, la responsable de Pesca y Asuntos Marítimos del Gobierno gallego, Marta Villaverde, sostuvo que la protección de los recursos marinos debe estar acompañada por condiciones laborales seguras, dignas y equitativas.
La funcionaria relacionó la sostenibilidad social con la viabilidad económica de la actividad pesquera y acuícola, particularmente frente a las dificultades de recambio generacional.
También intervino la secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales de Galicia, Susana Pérez Iglesias, quien destacó la importancia de mejorar las condiciones de empleo dentro de las cadenas internacionales de producción.
La consulta cuenta con representantes de organismos pesqueros de Japón y Emiratos Árabes Unidos, de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y de la Universidad Nacional Chengchi, de Taiwán, junto con especialistas empresariales e institucionales.
Los participantes examinan la claridad y aplicabilidad de las recomendaciones, con especial atención a las diferencias entre las actividades comprendidas.
Las observaciones serán incorporadas a un informe técnico que servirá de base para consolidar el documento. El encuentro concluirá mañana jueves 12 de noviembre, mientras que la aprobación y publicación de la versión definitiva continuarán sujetas al procedimiento de validación de la FAO.
Ese texto completo permitirá conocer el alcance preciso de las recomendaciones destinadas a los armadores, las empresas procesadoras y los operadores acuícolas, así como los criterios que podrán utilizar para evaluar sus prácticas laborales dentro de las cadenas internacionales de suministro.
