La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) reclamó una revisión jurídica y económica de las tasas y aranceles calculados en Unidades de Pesca (UP). Sostiene que un mecanismo creado para preservar el valor de las multas fue extendido a servicios administrativos y trámites de las empresas, cuyos costos responden a condiciones distintas.
La presentación lleva la firma del Dr. Fernando Manuel Rivera, presidente de la cámara. Ingresó al Consejo Federal Pesquero (CFP) el 13 de octubre de 2026, bajo el registro N.º 605-26, y fue tratada en la sesión del 5 de noviembre, según el Acta CFP Nro.29/2026.
El argumento parte del origen legal de las UP. La Ley Nro. 27.564 incorporó el artículo 51 bis a la Ley Federal de Pesca 24.922 para determinar las sanciones por infracciones. Estableció una unidad equivalente a un litro de gasoil, con actualización semestral según el mayor precio minorista del gasoil grado 2 registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actualización de las multas queda fuera del reclamo. Sobre la extensión de las UP a obligaciones administrativas, CAIPA afirma que “no tiene fundamento legal alguno”. La cámara distingue la finalidad represiva y disuasoria de una sanción del cobro de una tasa por un servicio estatal.
Una suba que también se mide en dólares
El valor inicial de la UP, fijado por la Disposición N.º 226/2020, fue de $64,99. La Disposición Nro.3/2026 lo llevó a $2.445, con vigencia entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. El incremento nominal acumulado alcanza el 3.662,1%. Entre abril y octubre, el salto desde los $1.833 del semestre anterior representó una suba del 33,4%.
Según los cálculos de CAIPA, expresada al dólar oficial la unidad pasó de aproximadamente USD 0,82 a USD 1,61, con un encarecimiento cercano al 97%. La cámara sostiene que su evolución superó tanto la variación del tipo de cambio como la inflación acumulada, aunque reconoce que los indicadores utilizados tienen distintas fechas de cierre.
Los ingresos de la industria dependen de las cotizaciones internacionales de los productos y del tipo de cambio. CAIPA advierte que “las empresas no pueden trasladar automáticamente sus incrementos de costos a los precios de venta”. Agrega que el gasoil minorista más caro de la Capital puede seguir una evolución diferente de la del combustible adquirido por la flota.
El costo del servicio como fundamento de la tasa
La inspección a bordo es uno de los ejemplos de la presentación. La Disposición Nro. 21/2022 estableció una tasa de 102 UP por día de navegación, equivalente a $249.390 diarios con el valor de octubre. A ese importe se suman los demás gastos que correspondan según el régimen. CAIPA cuestiona que la actualización del combustible eleve automáticamente el cargo sin acreditar un aumento equivalente del costo de la inspección.
El escrito también abarca los pagos por documentación pesquera, entre ellos los certificados de captura legal y acreditación de origen, junto con los aranceles ante el Registro de la Pesca. Respecto de estos últimos, recuerda que la Resolución N.º 12/2021 adoptó las UP para disponer de una unidad común que simplificara las obligaciones de pago del Fondo Nacional Pesquero. Para la cámara, esa conveniencia administrativa requiere una justificación jurídica y económica cuando se aplica a prestaciones diferentes.
Como antecedente de la extensión del sistema, cita además las 62.000 UP por permiso establecidas en el artículo 10 de la Resolución CFP Nro. 7/2021, dentro del régimen de renovación de proyectos de explotación de calamar. La entidad aclara que utiliza ese caso para mostrar el alcance adquirido por las UP y mantiene fuera de esta presentación una impugnación particular contra aquella norma.
El pedido se apoya en el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional. CAIPA reclama evaluar si los cargos conservan una relación adecuada con los servicios que financian y adoptar parámetros específicos para las obligaciones ajenas al régimen de sanciones. También solicita una respuesta expresa del Consejo y su intervención ante otros organismos cuando la revisión exceda sus atribuciones.
El antecedente que CAIPA llevó al Consejo
En su respuesta, el CFP recordó que la Resolución CFP Nro. 3/2025 convirtió a pesos tanto el Derecho Único de Extracción (DUE) como el Derecho de Transferencia. La salida del DUE de las UP ya figuraba en la presentación de CAIPA: la cámara la invocó como precedente para sostener que el mecanismo puede modificarse y que las distintas obligaciones admiten tratamientos diferenciados.
Sobre las restantes tasas y aranceles, el Consejo señaló que corresponden a la Autoridad de Aplicación. En la sesión del 5 de noviembre, el CFP no dispuso cambios en sus importes ni aprobó la revisión general solicitada por la cámara.
