Los armadores españoles reclamaron en Celeiro una revisión de la Política Pesquera Común (PPC) que permita modernizar los barcos y sostener la actividad de las empresas. El pedido reunió propuestas sobre la obligación de desembarque y la definición de capacidad pesquera, junto con la exigencia de considerar el impacto sobre el empleo al fijar las posibilidades de captura. El futuro financiamiento europeo quedó señalado como una condición para llevar esas reformas a la práctica.
El reclamo se apoyó en un diagnóstico económico presentado por Edelmiro Ulloa, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI). La flota española de altura y gran altura reúne 322 buques activos, una facturación anual cercana a 1.500 millones de euros y un valor agregado bruto superior a 530 millones de euros. El empleo directo estimado supera las 6.500 unidades de trabajo anual, expresadas como equivalentes a tiempo completo.
El informe de ARVI también contabilizó la pérdida de 228 buques de altura en los segmentos analizados. Ulloa advirtió que recuperar esa capacidad resulta extraordinariamente difícil una vez que desaparece. Para los armadores, el retroceso compromete la producción propia de alimentos y aumenta la dependencia del abastecimiento externo.
Las XXX Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero, celebradas del 5 al 7 de noviembre en Viveiro, Galicia, reunieron cerca de 450 inscriptos entre las modalidades presencial y virtual. La convocatoria de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro y Puerto de Celeiro, a través de la OPP-77, concentró la discusión en la distancia entre las exigencias comunitarias y las condiciones económicas de la flota.
Incentivos para conservar capacidad productiva
Ulloa propuso crear un registro especial para la flota pesquera de altura, con incentivos fiscales para las empresas armadoras y sus tripulaciones, inspirado en instrumentos existentes en la marina mercante. El objetivo es mejorar la competitividad de los buques que permanecen operativos y favorecer las inversiones necesarias para su renovación.
La propuesta se inscribe en una preocupación más amplia: la capacidad de abastecimiento europeo depende también de la continuidad de las empresas que capturan los recursos. En Celeiro, los representantes sectoriales vincularon la reducción de la flota con la pérdida de empleo y de actividad en las comunidades costeras.
Fernando González Laxe, catedrático de la Universidade da Coruña, cuestionó la rigidez de la PPC frente a las transformaciones económicas y geopolíticas. Su intervención situó la pesca dentro de la creciente competencia internacional por los recursos y reclamó a España y Galicia una participación más firme en las decisiones comunitarias.
La discusión alcanzó también a la flota que trabaja fuera de aguas europeas. Juan Martín Fragueiro, director gerente de OPROMAR, expresó preocupación por el futuro de los acuerdos pesqueros con terceros países y por la situación de los buques que operan en Mauritania. A su juicio, esos acuerdos han perdido prioridad en la agenda comunitaria, pese a su importancia para sostener el acceso a los caladeros.
Una reforma que llegue a la operación de los barcos
Javier Garat Perez, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche, e Iván López van der Veen, vicepresidente de CEPESCA, cuestionaron las respuestas de la Visión 2040 de la Comisión Europea. Ambos consideraron que las expectativas de cambio quedaron pendientes de medidas concretas.
Garat reclamó revisar la obligación de desembarque, cuya aplicación sigue generando dificultades operativas para la flota. También pidió modificar la definición de capacidad pesquera, de manera que la regulación facilite la modernización de los barcos y las inversiones destinadas a reducir su consumo energético.
El planteo sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas apunta a incorporar mayor peso de los criterios socioeconómicos. Los dirigentes pretenden que la fijación de las posibilidades de pesca contemple sus consecuencias sobre las empresas y el empleo, junto con la conservación de las poblaciones explotadas.
Javier Garat Pérez, secretario general de CEPESCA lleva más de 25 años representando al empresariado pesquero español. En su intervención en las Jornadas de Celeiro, advierte sobre una contradicción que atraviesa al sector europeo; la recuperación de los recursos marinos convive con una reducción de la flota y del empleo pesquero. Su planteo cuestiona cuándo esa mejora biológica se traducirá en mayores posibilidades de captura, mientras Europa incrementa su dependencia del pescado procedente de terceros países.
Garat y López atribuyeron parte de la demora reformista a diferencias entre la orientación política del comisario de Pesca, Costas Kadis, y la actuación de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE). Su cuestionamiento expuso el malestar empresario ante una política que, según sostuvieron, exige adaptación a la flota mientras mantiene obstáculos para concretarla.
Julio Morón, presidente de CEPESCA, reclamó mayor unidad de acción entre las organizaciones pesqueras. La demanda de reforma requiere, según planteó, posiciones comunes que fortalezcan la interlocución con las instituciones europeas.
Un fondo específico de 7.290 millones de euros
La negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 abrió el otro frente del debate. La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, defendió un instrumento específico para pesca y acuicultura con una dotación mínima de 7.290 millones de euros, en línea con la demanda del Parlamento Europeo.
La cifra corresponde al financiamiento reclamado para ese período. Los representantes sectoriales advirtieron que una eventual pérdida de fondos específicos obligaría a la pesca a competir con actividades de mayor dimensión económica dentro de los mecanismos nacionales de distribución.
Garat señaló el riesgo que ese esquema representa para las organizaciones de productores, que sostienen proyectos de comercialización, promoción e innovación. La preocupación alcanza a los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), vinculados con iniciativas empresariales y empleo en las comunidades costeras.
Villaverde pidió además simplificar los trámites administrativos y garantizar una participación efectiva de las regiones pesqueras en las decisiones europeas. Para Galicia, la negociación presupuestaria está ligada a la posibilidad de financiar la modernización y una transición energética compatible con la viabilidad de las empresas.
Ante la incertidumbre sobre el reparto de los recursos, López propuso que las organizaciones de productores preparen proyectos conjuntos, incorporen socios tecnológicos y busquen acceso a líneas europeas de innovación y descarbonización. Esa alternativa amplía las vías de financiamiento mientras se negocia qué respaldo específico conservará la pesca en el presupuesto 2028-2034.
