Después de jornadas de tensión que afectaron la operatoria portuaria y pusieron en alerta a uno de los sistemas logísticos más importantes del país, el Gobierno nacional y los representantes del sector de practicaje alcanzaron este martes un acuerdo que permitió destrabar el conflicto originado por el Decreto 690/2026. El entendimiento contempla elevar a consideración de la Presidencia de la Nación la suspensión de los efectos de la norma, restablecer de inmediato la prestación del servicio, reducir un 20% las tarifas vigentes y abrir una instancia de diálogo para discutir el futuro de la actividad.
El acuerdo quedó plasmado en un acta firmada durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, que comenzó a las 15:30 y se extendió hasta las 17. Del encuentro participaron la ministra Alejandra Monteoliva, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Fernando Kusnier, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y el director general de Asuntos Prioritarios, Daniel Barberis. En representación de las empresas, entidades y profesionales que prestan servicios de practicaje y pilotaje asistieron Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Navarro.
El documento deja en claro que la convocatoria respondió a la «situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema de prestaciones del servicio de practicaje y pilotaje«, generada tras la medida adoptada por un sector de los prácticos luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026.
Durante la negociación, los representantes del sector plantearon como condición suspender los efectos del decreto y crear una Mesa Intersectorial para los Servicios de Practicaje y Pilotaje, integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), junto con representantes de las empresas, entidades y profesionales de la actividad.
Como parte de su propuesta, los prácticos manifestaron su voluntad de reanudar inmediatamente la prestación regular del servicio y ofrecieron una reducción del 10% en las tarifas vigentes.
La contrapropuesta oficial aceptó impulsar la suspensión del decreto y la conformación de la mesa de trabajo, pero solicitó que la rebaja tarifaria alcanzara el 30%, además de exigir la inmediata normalización de las prestaciones para garantizar la continuidad de la navegación comercial.
Tras el intercambio de posiciones, ambas partes alcanzaron un punto de equilibrio. El acta establece que acordaron elevar a consideración de la Presidencia de la Nación la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026, reactivar la prestación regular del servicio de practicaje y pilotaje, conformar la mesa intersectorial y fijar una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
La nueva instancia de trabajo tendrá como objetivo revisar los distintos aspectos de la actividad y analizar el alcance de la reforma impulsada por el Gobierno, que había introducido cambios significativos en el régimen de practicaje con el objetivo de ampliar la competencia y reducir los costos logísticos.
El entendimiento representa un giro respecto del escenario que se había configurado durante las últimas horas. Mientras el Gobierno defendía públicamente la desregulación y advertía sobre posibles sanciones por la interrupción de un servicio considerado esencial, los prácticos mantenían su rechazo a la norma por considerar que modificaba aspectos centrales del sistema y afectaba las condiciones de seguridad de la navegación.
Con la firma del acta, ambas partes encontraron una salida transitoria que permitió encauzar el conflicto, No obstante, dejó nuevamente un episodio político que nada bien le hace a la administración central. Una vez mas, cuando se trata de mar y ríos, el intento de avances con poco margen de idoneidad lleva a recalcular la medida.
A fines de febrero de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había sometido la seguridad de la navegación a la urgencia de reducir costos. Bajo su conducción, la Prefectura Naval Argentina (PNA) avanzó con nuevos criterios para el Margen de Seguridad Bajo Quilla (MSBQ) llevando a un pie (30.3 cm) en los canales de acceso del Río de la Plata y la Vía Navegable Troncal, una decisión de enorme sensibilidad técnica tratada bajo una lógica predominantemente económica.
La iniciativa comprometía el resguardo de buques, tripulaciones y cargas en la principal arteria fluvial del país y abría la posibilidad de que un incidente paralizara el corredor de entrada y salida de la producción argentina, con consecuencias directas para Paraguay, Uruguay y Brasil. Ahorrar centímetros bajo la quilla podía terminar costando días de navegación, millones de dólares y el bloqueo del sistema logístico regional. A tres meses de la nueva disposición, el buque carguero Yasa Tokyo dejó semiparalizado más de 30 días el puerto de San Pedro.
Aquel evento, y este desenlace, dejó expuesta la temeridad de diseñar desde un escritorio una reforma sobre normas, acuerdos, costos y responsabilidades operativas que sostienen la seguridad de la navegación, para después intentar imponerla sin consenso, sin transición y con un conocimiento insuficiente de sus consecuencias reales sobre la navegación. El resultado fue previsible: buques demorados, puertos bajo amenaza de paralización y trabajadores convertidos en rehenes de una pulseada que pudo evitarse. Al margen del impacto directo e indirecto sobre mas de 140 buques mercantes paralizados en zonas de fondeo o movilizados a puertos alternativos de Uruguay.
Tampoco constituye un episodio aislado. Cada vez que a instancias de Federico Sturzenegger interviene sobre la actividad marítima con la desregulación y los costos económicos como dogma; y el diálogo, como recurso tardío, el Gobierno termina fabricando un conflicto que después debe sentarse a desactivar. Esta vez, la realidad portuaria demolió el decreto en cuestión de horas y obligó al poder político a retroceder frente al daño que su propia decisión había comenzado a provocar. No es la primera vez, que ante determinaciones que tienen que ver con costos, llevan a menospreciar la seguridad en la navegación.
La reanudación de los servicios despeja, al menos por ahora, el riesgo de mayores demoras en la operatoria de los puertos argentinos, mientras el futuro del régimen de practicaje quedará sujeto al resultado de la mesa de diálogo y a la decisión que adopte finalmente la Presidencia respecto de la suspensión del Decreto 690/2026.
