Santa Cruz llevó nuevamente al Consejo Federal Pesquero (CFP) su reclamo de 50.000 toneladas de langostino como cuota social, con el objetivo de promover desembarques y abastecer a la industria provincial. La solicitud quedó registrada en el Acta CFP Nro. 25/2026, del 17 de septiembre, y plantea incorporar el esfuerzo de conservación al diseño de un eventual régimen de cuotificación en aguas nacionales.
La provincia invocó las medidas sostenidas desde 1988 y, particularmente, los últimos ocho años de cierre del Golfo San Jorge a la captura de la especie. El Consejo tomó conocimiento de la presentación. La asignación continúa pendiente de aprobación segun el punto 3.3 de la misma acta.
El volumen solicitado reúne dos cuestiones que requieren decisiones propias: cuánto recurso correspondería reconocer por la conservación y qué condiciones asegurarían que su aprovechamiento se traduzca en actividad industrial dentro de la provincia.
Un reclamo anunciado en junio
El Gobierno santacruceño había presentado públicamente el pedido el 22 de junio de 2026. En aquella oportunidad propuso que las toneladas quedaran bajo administración provincial y fueran utilizadas para favorecer el procesamiento local y el empleo.
El secretario de Pesca, Sergio Klimenko, vinculó la posición con las instrucciones del gobernador Claudio Vidal y de la ministra de la Producción, Nadia Ricci. El argumento provincial sostiene que el cierre protegió una zona de reproducción y cría cuyos beneficios alcanzaron a toda la pesquería, mientras la restricción de actividad produjo costos sobre el territorio santacruceño.
La presentación de septiembre trasladó ese planteo al registro del Consejo, donde deberán definirse los criterios de cualquier futura distribución. Antecedentes.
La compensación por el Golfo ya está reconocida
El reclamo se apoya en un compromiso que tiene contraprestación dentro del ordenamiento pesquero. La Resolución CFP Nro.7/2018 incorporó el cierre del Golfo San Jorge acordado con Santa Cruz y Chubut y estableció una compensación mediante cupos sociales. En 2022, la continuidad del esquema fue prorrogada hasta el período anual 2028 inclusive.
En agosto de 2025, ambas provincias solicitaron aumentar sus asignaciones. Argumentaron que las 3.800 toneladas anuales para cada jurisdicción mas sus multiplicadores habían quedado desactualizadas frente al costo económico y social de mantener la restricción.
El CFP elevó el cupo a 4.500 toneladas por provincia, con el voto negativo de Buenos Aires. La representación bonaerense reclamaba una asignación propia de igual volumen para abastecer a sus plantas procesadoras; los demás consejeros sostuvieron el fundamento específico de la compensación por el cierre del Golfo. Acta CFP Nro. 22/2025, punto 2.5.1.
La Resolución CFP Nro. 9/2025 fijó el destino operativo: buques fresqueros nominados por las provincias y obligación de desembarcar allí la totalidad del langostino capturado. Ese antecedente será relevante para determinar cómo se relacionaría la nueva solicitud con el beneficio existente.
Qué empleo sostendrían las 50.000 toneladas
La Ley Federal de Pesca 24.922 contempla la mano de obra ocupada, las inversiones y la elaboración de productos entre los parámetros para asignar cuotas. También faculta al CFP a reservar parte de la captura máxima permisible y priorizar sectores de máximo interés social.
Aplicado al pedido santacruceño, ese marco permite evaluar su alcance mediante información concreta: la capacidad disponible de las plantas, los trabajadores que sostendría el abastecimiento y las embarcaciones encargadas de realizar las capturas.
Desembarcar y procesar son operaciones distintas. La obligación de descarga vincula el recurso con el puerto; su transformación industrial requiere precisar establecimientos destinatarios, volúmenes de elaboración y compromisos laborales verificables.
La participación de una flota radicada en la provincia también podría formar parte del diseño. Para ello sería necesario definir qué vinculación territorial se exigiría a los beneficiarios y cómo se acreditaría. El régimen compensatorio existente establece la nominación de fresqueros por las autoridades provinciales, mientras que la propiedad local de las embarcaciones sería una condición adicional a discutir.
Las reglas del reparto siguen abiertas
Santa Cruz pidió ponderar empleo, inversión y procesamiento junto con las capturas históricas. También solicitó acceso previo a las bases de datos y fórmulas de distribución.
Carlos Liberman acompañó este último requerimiento por Buenos Aires. Señaló que, hasta esa sesión, el CFP aún debía debatir la conveniencia de cuotificar y los parámetros del sistema. Su adhesión correspondió al acceso a la información.
El acta registra la cifra solicitada, pero deja sin desarrollar su metodología de cálculo y las obligaciones productivas asociadas. Esas definiciones permitirán evaluar el volumen dentro del conjunto de la pesquería.
En esa evaluación también cabe considerar el aporte de la flota fresquera nacional a la conservación mediante las restricciones sobre su acceso al caladero. El Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido (AIER) nació vinculada a la protección de merluza y condicionó las oportunidades de pesca de langostino: en 2020, ALFA solicitó su apertura en aguas nacionales y el CFP relacionó el tratamiento con el mantenimiento de la mano de obra. Si el esfuerzo histórico se incorpora como fundamento compensatorio, ese antecedente plantea evaluar también los costos soportados por las embarcaciones y sus trabajadores, bajo criterios comparables y dentro de la disponibilidad sostenible del recurso según la Resolución SAGPyA 972/2004 y el Acta CFP Nro.2/2020, punto 3.3.
