Santa Cruz llevó al Consejo Federal Pesquero (CFP) un pedido de 50.000 toneladas de langostino como cuota social, dentro de un eventual régimen de cuotificación en aguas nacionales. La presentación fue tratada el 17 de septiembre: el organismo tomó conocimiento y la asignación quedó pendiente de aprobación. Fue informada en el Acta CFP Nro.25/2026 punto 3.3.
El objetivo provincial es disponer de materia prima para abastecer sus plantas y sostener el trabajo en tierra. El Gobierno había anunciado esa posición el 22 de junio, cuando propuso administrar el volumen como compensación por ocho años de cierre del Golfo San Jorge a la pesca de la especie. Según su argumento, la protección de una zona de reproducción y cría benefició al conjunto de la pesquería, mientras la restricción tuvo costos para la actividad santacruceña según la presentación del Gobierno provincial.
La escala del pedido frente al cupo social
La compensación por conservar el Golfo ya tiene un antecedente concreto. La Resolución CFP 9/2025 fijó un cupo social de 4.500 toneladas anuales para Santa Cruz y otras tantas para Chubut, destinado a fresqueros nominados por cada provincia y sujeto al desembarque de la totalidad de sus capturas de langostino en esas jurisdicciones. Resolución CFP Nro. 9/2025.
Las 50.000 toneladas solicitadas equivalen a 11,1 veces ese cupo base, según la división de ambos volúmenes. La comparación permite dimensionar el reclamo, aunque su instrumentación dependería del régimen que se acuerde. Tampoco representa una comparación con las capturas efectivas de la provincia ni incorpora los incrementos transitorios de autorizaciones previstos para determinadas temporadas.
El debate por esa compensación ya había expuesto diferencias entre provincias. En agosto de 2025, Buenos Aires votó contra el aumento del cupo para Santa Cruz y Chubut y reclamó una asignación propia de 4.500 toneladas para abastecer sus plantas. Los demás consejeros sostuvieron el fundamento específico del beneficio: el compromiso de mantener cerrado el Golfo. Acta CFP 22/2025, punto 2.5.
Del desembarque al trabajo en las plantas
La condición de descarga establecida para el cupo social permite vincular la captura con los puertos provinciales. El procesamiento local requiere compromisos adicionales: identificar los establecimientos receptores y acreditar cuánto producto elaborarían, con qué capacidad y qué empleo sostendrían.
Esa distinción resulta central para evaluar el objetivo industrial del reclamo. Una eventual asignación necesitaría reglas que permitan seguir el recorrido de la materia prima desde el buque hasta la planta y comprobar el cumplimiento de las obligaciones productivas. Son aspectos a definir en el diseño del beneficio.
También existe un antecedente relacionado con las restricciones a la flota. En 2020, la Asociación Civil de Armadores Langostineros Federales Argentinos (ALFA) pidió abrir a la pesca de langostino el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido (AIER) en aguas nacionales. El CFP vinculó el tratamiento de esa solicitud con el aprovechamiento del recurso y el mantenimiento de la mano de obra. Ese registro aporta contexto para evaluar los costos de conservación soportados por distintos actores. Acta CFP 2/2020, punto 3.3.
Qué debe resolver el Consejo
Santa Cruz solicitó que el eventual reparto contemple el procesamiento y el empleo junto con las capturas históricas. También pidió conocer previamente las bases de datos y las fórmulas de ponderación.
El representante bonaerense, Carlos Liberman, acompañó el requerimiento de acceso a la información. Además, advirtió que, hasta esa sesión, el Consejo todavía debía discutir la conveniencia de cuotificar y los parámetros necesarios para hacerlo. Su adhesión quedó circunscripta a ese pedido de transparencia.
El próximo paso institucional depende de esas definiciones. Para las plantas santacruceñas, el alcance del planteo se conocerá cuando se establezcan el volumen autorizado y las condiciones de abastecimiento y elaboración que deberán cumplir sus beneficiarios.
