El Gobierno nacional incorporó al proyecto de Presupuesto Nacional 2027 una autorización de crédito público por hasta USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales, con destino a la Base Naval Mar del Plata. La propuesta lleva al debate presupuestario el financiamiento de una capacidad que la Armada Argentina busca recuperar desde la pérdida del ARA San Juan, en noviembre de 2017, con sus 44 tripulantes.
La segunda página de la planilla anexa al artículo 42 identifica a la Administración Central como responsable de la operación, establece el préstamo como instrumento y fija un plazo mínimo de amortización de tres años. El mismo documento contempla otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano. Las dos operaciones navales suman USD 3.500 millones de financiamiento potencial.
Qué habilita el proyecto y cómo se controlará
El alcance inmediato es financiero: obtener autorización legislativa para contratar deuda con un destino determinado. La disponibilidad de fondos y la adquisición efectiva requieren acuerdos posteriores, con sus condiciones de desembolso, contratación y entrega. Los tres años consignados corresponden a la amortización del préstamo; el calendario de incorporación de las unidades deberá establecerse en los contratos.
El articulado agrega una obligación de seguimiento; el uso de la autorización deberá comunicarse trimestralmente, de manera fehaciente y detallada, a ambas cámaras del Congreso. Para las operaciones instrumentadas mediante préstamos, precisa que los valores de la planilla corresponden al monto total acordado.
También faculta al Ministerio de Economía a modificar las características financieras para adecuarlas a las posibilidades de obtener crédito, dentro del monto total y del destino establecidos. Esas modificaciones quedan sujetas al mismo deber de información parlamentaria. El tratamiento legislativo definirá si estas disposiciones integran la ley sancionada.
Los modelos y el alcance de la compra
Las gestiones de adquisición tienen como antecedente la evaluación de propuestas de Francia y Alemania. La alternativa francesa se vincula con el Scorpène, de Naval Group, mencionado entre las ofertas trabajadas por el Gobierno. La documentación presupuestaria deja la elección del proveedor, la configuración y el cronograma de entregas para las instancias posteriores de contratación.
El Scorpène es una familia de submarinos convencionales cuyas versiones se adaptan a cada armada. Naval Group describe entre sus funciones el combate contra buques y submarinos, la obtención de inteligencia y las operaciones especiales. El fabricante también ofrece capacitación de tripulaciones y mantenimiento durante la vida útil. La configuración elegida y el paquete de apoyo determinarán qué capacidad recibirá efectivamente el país.
El anexo argentino identifica las unidades y el destino del financiamiento. El alcance contractual deberá precisar el armamento incluido y la provisión de repuestos, además de las necesidades de entrenamiento e infraestructura. De esas definiciones dependerá cuánto cubre el préstamo y qué gastos deberán atender los presupuestos posteriores.
Mar del Plata: tripulaciones, base y mantenimiento
La designación de Mar del Plata concentra el proyecto en el asiento histórico de la Fuerza de Submarinos. Recuperar la operación exigiría preparar dotaciones para el sistema elegido y adecuar el apoyo en tierra a sus requisitos técnicos. Para la ciudad, el efecto concreto estaría ligado a la actividad de la base y a los servicios que demande el sostenimiento de las unidades.
La formación submarina conserva una vía de continuidad mediante la cooperación regional. En junio de 2024, la Armada informó que personal argentino había completado tres semanas de adiestramiento en la Base Naval de El Callao, en Perú, con embarques en los submarinos BAP Arica y BAP Angamos. Los cursantes realizaron guardias en navegación y ejercicios con otras unidades, además de actividades vinculadas con reparaciones y mantenimiento.
En julio de 2025, la fuerza documentó nuevas prácticas con simuladores de ataque, periscopio, inmersión y control de averías. Estos antecedentes muestran el trabajo de formación que acompaña la búsqueda de nuevas plataformas.
El vínculo con la pesca y la industria naval
Para el sector pesquero, la recuperación submarina se inscribe en la capacidad de defensa y vigilancia del espacio marítimo y sus riquezas. Su aporte potencial es estratégico: ampliar la observación discreta y la obtención de información, junto con la capacidad de disuasión. El control operativo de las flotas pesqueras utiliza medios con funciones específicas.
El Comando Conjunto Marítimo ha documentado el empleo de patrulleros oceánicos y aeronaves P-3C Orion, complementados con imágenes satelitales, para vigilar los espacios de jurisdicción nacional próximos al límite exterior de la zona económica exclusiva. Esa combinación permite ubicar embarcaciones y orientar los despliegues de control.
En términos industriales, la demanda local que podría generar el programa dependerá del reparto contractual de tareas: mantenimiento en el país, formación de técnicos y participación de talleres y proveedores; pero sobre todo, ¿que hipótesis de defensa manejan las actuales autoridades políticas y militares de Argentina en el Atlántico Sur para justificar todo el andamiaje militar y logístico aplicado a la ZEEA?. El destino de los submarinos está consignado en el presupuesto; la participación de la industria argentina deberá definirse en la contratación. Allí se establecerá qué trabajos acompañarán a las unidades durante su vida operativa.
Al margen de cualquier hipótesis de conflicto, la controversia por el proyecto petrolero Sea Lion ha vuelto a colocar ante la sociedad argentina una cuestión de fondo: el mar como parte de su pertenencia nacional y de su futuro económico. La respuesta del Gobierno frente a la explotación de recursos en torno de las Islas Malvinas amplía una discusión que la pesca viene sosteniendo desde hace años: qué capacidad tiene el país para conocer, proteger y administrar sus riquezas marítimas.
La actividad pesquera ofrece la expresión más concreta de ese vínculo. Cada incursión ilegal comprobada dentro de la zona económica exclusiva compromete recursos que sostienen empleo en los puertos y producción exportable. La vigilancia y la aplicación efectiva de sanciones convierten los derechos sobre esos recursos en una responsabilidad cotidiana del Estado. A su vez, la explotación de poblaciones que se desplazan hacia aguas internacionales plantea un desafío de conservación que exige cooperación y acuerdos de alcance regional.
En ese sentido, la Disposición SSRAyP Nro.20/2016 y la incorporación de nuevos permisos de pesca de los 18 buques poteros, terminan siendo un trampolín hacia la lucha contra la flota extranjera al límite de la ZEEA y la pesca ilegal que desde ahí se proyecta. La defensa de la pesca ilegal y la navegacion de pesqueros en la ZEEA termina generando pertenencia, de ahi su importancia y gatillo para todo lo que representa en materia de politica de Estado, la pesca y el mar argentino.
En ese contexto, las decisiones sobre defensa naval y presencia en el Atlántico Sur adquieren una dimensión que también es cultural: ayudan a incorporar el espacio marítimo a la manera en que los argentinos conciben su país. Las playas son el comienzo de una geografía que se prolonga hacia las áreas donde la Argentina ejerce soberanía y derechos soberanos, con alcances jurídicos distintos sobre las aguas, el lecho y el subsuelo.
Allí reside el cambio de perspectiva que puede abrir esta agenda: comprender que una parte del porvenir argentino se juega mar adentro. La pesca lo expresa en trabajo y exportaciones; la actividad científica permite conocer los ecosistemas y fundamentar su protección. La proyección hacia la Antártida requiere, además, continuidad logística y presencia científica dentro del sistema de tratados que la regula. El sur existe. El mar también forma parte de la conciencia territorial que la Argentina necesita construir.
