La iniciativa alcanza a operadores, socios y proveedores esenciales de actividades sin autorización argentina. Sus 133 artículos también establecen nuevas facultades de seguridad nacional, penas de prisión y un régimen de regularización.
El proyecto coloca a la base naval como destino del programa de recuperación submarina. La contratación dependerá del aval legislativo y del financiamiento; el uso de la autorización deberá informarse trimestralmente al Congreso.