La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de ampliar la competencia y reducir costos logísticos, comenzó a generar las primeras reacciones del sector marítimo. Dos de las principales organizaciones gremiales vinculadas a la actividad expresaron su preocupación por el alcance de la reforma y advirtieron sobre los riesgos que, a su criterio, podría implicar para la seguridad de la navegación y el ejercicio profesional.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo difundió un comunicado en el que manifestó su «solidaridad y acompañamiento» con los prácticos y baqueanos, al tiempo que llamó a preservar las incumbencias profesionales y el cumplimiento de la normativa vigente.
Como medida preventiva, la entidad recomendó a sus afiliados que, ante cualquier requerimiento para desempeñar tareas vinculadas al servicio de practicaje, se comuniquen de manera inmediata con las autoridades o delegados del gremio antes de aceptar la prestación del servicio, que si bien, las decisiones de prescindibilidad del servicio no es una decisión operativa del Capitán; podría tener implicancias futuras.
Asimismo, recordó que el ejercicio de funciones sin la habilitación correspondiente o por fuera del marco legal podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. En ese sentido, señaló que determinadas conductas podrían quedar alcanzadas por las previsiones del artículo 190 del Código Penal, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
La comisión directiva aseguró que continuará brindando asesoramiento y asistencia jurídica para resguardar los derechos e intereses de sus afiliados frente al nuevo escenario regulatorio.
En la misma línea se pronunció el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que expresó su solidaridad con los prácticos y sostuvo que la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana, el cuidado del ambiente y la defensa del trabajo argentino deben prevalecer sobre cualquier otro objetivo.
El sindicato afirmó que, si la intención del Gobierno es fomentar una mayor competencia, el Estado debería garantizar reglas claras y ampliar las oportunidades de acceso a la actividad sin resignar los estándares de capacitación y seguridad exigidos para una tarea considerada estratégica.
El caso del Puerto de Mar del Plata también incorpora una particularidad operativa que merece consideración, sin que ello implique cuestionar la función profesional de los prácticos. Algunos buques pesqueros superan los 6,40 metros de calado cuando regresan con sus bodegas completas, aunque acumulan al menos 500 mareas y realizan reiteradamente la misma maniobra de acceso por los canales principal y secundario.
Sus capitanes llevan años sobre el puente de esas unidades, conocen su respuesta, sus tiempos de gobierno y las condiciones particulares de la boca del puerto. Bajo esas circunstancias, resulta difícil encontrar lógica operativa en exigir que cada ingreso sume obligatoriamente un práctico a bordo, con su correspondiente costo, como si esa experiencia comprobada careciera de valor. El servicio, además, contribuye a la seguridad, pero ninguna intervención permite reducir a cero el riesgo propio de una maniobra portuaria.
El 8 de febrero de 2025, el BP Rasmus Effersoe quedó varado durante casi una hora sobre el banco de la escollera sur, pese a llevar práctico a bordo y sin registrar fallas de máquinas ni pérdida de gobernabilidad. El antecedente demuestra que la seguridad depende de una combinación de conocimiento, condiciones hidrográficas, mantenimiento del canal y decisiones tomadas sobre el puente, y difícilmente pueda atribuirse a una única figura profesional.
Además, cuestionó que, bajo el argumento de la desregulación, se intervenga sobre las condiciones económicas de un servicio prestado entre privados mientras ese mismo criterio no se aplica en otros sectores de la economía.
Como cierre de su posicionamiento, el SOMU vinculó el debate con la defensa de la Marina Mercante y de la soberanía nacional. «Defender el practicaje es defender nuestros ríos, nuestro comercio, el trabajo argentino y la soberanía nacional«, afirmó la organización, al sostener que la seguridad de la navegación constituye un componente esencial para la protección de la vida humana, el ambiente y el funcionamiento del sistema marítimo y fluvial.
Con estos pronunciamientos, el debate abierto tras la publicación del Decreto 690/2026 comienza a trasladarse al plano gremial. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el régimen, aumentar la competencia y reducir costos logísticos, los sindicatos especializados advierten que cualquier modificación del sistema debe preservar las incumbencias profesionales y los estándares de seguridad sobre los que se desarrolla la navegación comercial.
