Mañana, 17 de enero entrará en vigor el Tratado Global de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, luego de que se alcanzara el umbral de ratificaciones exigido por Naciones Unidas.
El acuerdo establece por primera vez reglas obligatorias para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados, una superficie que representa más de la mitad del planeta.
El instrumento fue aprobado formalmente el 19 de junio de 2023, tras un proceso de negociación que se extendió durante casi dos décadas y que involucró a más de 190 países. Su elaboración comenzó a discutirse a mediados de los años 2000, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), con el objetivo de cubrir un vacío legal que hasta ahora limitaba la gobernanza ambiental en alta mar.
El tratado constituye un instrumento internacional jurídicamente vinculante, orientado a ordenar las actividades humanas en zonas donde la presión sobre los ecosistemas marinos se ha intensificado de manera sostenida, especialmente por la pesca industrial, el transporte marítimo y la exploración de recursos.
Entre sus ejes centrales se encuentra la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar, con criterios comunes para su delimitación, administración y monitoreo. Cada caso será evaluado de manera específica, a partir de procesos multilaterales que definirán quién gestiona esas áreas y bajo qué reglas operativas.
Asimismo, el acuerdo introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para proyectos que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente marino, con el objetivo de prevenir daños y frenar iniciativas contaminantes antes de su ejecución.
El texto también prevé la conformación de comités técnicos y órganos de implementación, que deberán consolidarse en los próximos meses para poner en marcha los distintos artículos del acuerdo. Estos espacios serán clave para traducir el marco normativo en políticas concretas, protocolos operativos y mecanismos de control.
Otro aspecto relevante es la creación de un fondo internacional de financiamiento, destinado a facilitar la implementación del tratado, especialmente en países en desarrollo, junto con esquemas de cooperación científica y transferencia tecnológica.
El tratado incorpora además el principio de reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, que abarca desde potenciales desarrollos farmacéuticos hasta aplicaciones biotecnológicas que despiertan un creciente interés económico a nivel global.
Cuando no exista consenso entre los Estados parte, las decisiones podrán adoptarse mediante una mayoría calificada de tres cuartas partes, un mecanismo pensado para evitar bloqueos prolongados en la toma de resoluciones.
La negociación del Tratado de Alta Mar demandó casi 20 años de debates y acuerdos multilaterales, atravesados por diferencias geopolíticas, intereses económicos contrapuestos y la complejidad de armonizar posiciones entre países con realidades muy dispares. La obtención de un texto consolidado y jurídicamente respaldatorio es considerado un avance significativo dentro de la administración ambiental internacional, incluso afuera de la milla 200; lo que termina constituyendo un primer eslabón para dar un marco legislativo y reglamentario a aguas internacionales, es decir aguas afuera de la Zona Económica Exclusiva.
Con su entrada en vigor, el principal desafío será consolidar los organismos de implementación, reglamentar los procedimientos operativos y garantizar que las normas se traduzcan en controles efectivos, en un contexto global donde los océanos enfrentan una presión creciente por la sobreexplotación de recursos y el impacto del cambio climático.
