Durante los últimos meses, tareas coordinadas entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca permitieron detectar nuevos buques pesqueros extranjeros realizando maniobras compatibles con pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
El caso más relevante corresponde al buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, identificado el 10 de enero mientras operaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutaba tareas de arrastre dentro de aguas argentinas. A partir de las pruebas recolectadas, se instruyó un sumario en ausencia que derivó en la imposición de una multa superior a los 1.262 millones de pesos, a lo que se sumaron gastos operativos por más de 799 mil pesos.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la última semana el mismo buque volvió a ser detectado en infracción, lo que refuerza la hipótesis de reincidencia por parte de este tipo de flotas que operan en el límite de la milla 200.
En paralelo, se identificaron otras embarcaciones con comportamientos similares. El pesquero Hai Xing 2 fue localizado navegando con promedios de 4,3 nudos y permanencia sostenida en el área, un patrón típicamente asociado a tareas extractivas.
Y ahora, el BP Bao Win, un buque arrastrero con bandera de conveniencia de Vanuatu, identico al Bao Feng, presentó desplazamientos reducidos y movimientos reiterados, también compatibles con actividad de pesca.
Estas detecciones se sustentan en los criterios establecidos por la Disposición SSRAyP Nro. 20/2026, que presume la comisión de infracciones cuando buques extranjeros operan a velocidades inferiores a los 6 nudos y realizan maniobras de pesca dentro de la ZEEA.
En el fondo de cada detección reciente asoma un dato institucional de enorme peso: la vigilancia sobre el mar argentino dejó de depender únicamente de la presencia física sobre el agua para apoyarse también en un sistema técnico de observación permanente, donde el Centro de Control de Tráfico Marítimo cumple una función decisiva. Desde allí se monitorea en tiempo real el comportamiento de los buques, en especial de aquellas embarcaciones de bandera extranjera que tensan el límite de las doscientas millas náuticas y, en no pocos casos, lo vulneran sin autorización de ingreso ni habilitación para desarrollar operaciones de pesca. Ese seguimiento fino de velocidades, derrotas, permanencias y maniobras se volvió una pieza central para detectar, documentar y exponer incursiones ilegales dentro de la ZEEA.
Sobre ese andamiaje técnico se montó, además, una definición política que buscó cerrar zonas grises en el terreno sancionatorio. La actual conducción de pesca de la Nación avanzó con la Disposición de la Subsecretaria de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, que fijó con mayor precisión los principios de interpretación y los parámetros básicos para encuadrar las infracciones a la Ley Federal de Pesca y a los criterios elementales de soberanía jurisdiccional. El movimiento de fondo fue quitarles aire a las fisuras normativas, reducir márgenes de atenuación y robustecer la capacidad del Estado para sostener sanciones económicas de peso, donde históricamente muchas discusiones terminaban diluyéndose entre tecnicismos, planteos jurídicos defensivos y controversias procedimentales.
El tercer plano de esta secuencia se juega en un terreno todavía más sensible, la decisión de sostener el control aún bajo presión diplomática. Allí aparece la intervención de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, en una línea de acción que refuerza la defensa operativa de cada tramo del espacio marítimo argentino. La señal que busca emitir el Estado es nítida: cada metro bajo jurisdicción nacional debe ser resguardado con inteligencia, respaldo normativo y capacidad de sanción efectiva, sin ceder ante intentos de relativizar incursiones que afectan recursos estratégicos, autoridad legal y control soberano sobre el Atlántico Sur.
La reiteración de estos episodios vuelve a poner en evidencia la presión constante de flotas extranjeras sobre el Atlántico Sur. En este contexto, el monitoreo permanente y la articulación entre organismos del Estado se consolidan como herramientas clave para la defensa de los recursos pesqueros y el control de la actividad en aguas jurisdiccionales.
