El proyecto coloca a la base naval como destino del programa de recuperación submarina. La contratación dependerá del aval legislativo y del financiamiento; el uso de la autorización deberá informarse trimestralmente al Congreso.

La propuesta reemplazaría el régimen hidrocarburífero de 2011 y crearía un Consejo de Seguridad Nacional. La legislación vigente ya contempla prisión y restricciones a empresas vinculadas.

Argentina y Uruguay establecieron las capturas permitidas para ambos conjuntos de especies. En lenguados se habilitarán 4.400 toneladas por período administrativo, mientras que para las rayas costeras podrán pescarse 3.600 toneladas durante 2027, con límites adicionales a medida que avance el consumo del cupo.

La discusión se concentra en cómo sostener el empleo entre temporadas. El gremio reclama reincorporaciones y la próxima audiencia será el martes, bajo conciliación obligatoria.