En la última semana los armadores comenzaron a recibir las liquidaciones por el Derecho Único de Extracción, “ajustadas” por la Resolución 7/16 del Consejo Federal Pesquero. La sorpresa se combina con malestar. El aumento llega hasta el 1.100 por ciento.
Por caso, un barco costero que pagaba 700 / 800 pesos por marea, ahora deberá desembolsar 8.500; esto contabilizando el descuento del 50 por ciento que la administración aplica cuando se trata de materia prima que va a una planta de procesamiento en tierra.
“Desde el 1° de julio pasamos a pagar 11 veces más. En un contexto de crisis, con suba de costos productivos y estancamiento en los precios de venta nos parece una locura”, describió el gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Mariano Retrivi, en diálogo con Pescare.com.ar.
Con este nuevo marco, un buque que logre completar tres viajes por mes abonará 25 mil pesos mensuales sólo por derechos de extracción. “Es un arancelazo”, se quejó Retrivi, equiparándolo con el incremento que rige para los servicios de gas y luz.
Desde el sector entienden que la medida debió haber sido discutida antes de ser aplicada; sobre todo porque la actividad siente la inflación de los últimos meses, que ya diluyó el efecto alentador por quita de retenciones y devaluación.
El desmedido aumento del derecho de extracción debió haberse discutido con los armadores. #CambiandoJuntos
— pescacostera (@pescacostera) 16 de julio de 2016
“Estamos haciendo un esfuerzo grande para mantener el trabajo, alimentando además el circuito productivo de tierra, y nos castigan de esta manera. No lo entendemos”, continuó Retrivi.
Otro cuestionamiento que surge es el destino que tiene el fondo alimentado por el derecho de extracción. “Sentimos que esa plata no vuelve a la actividad como debería”, sintetizó Retrivi.
A manera de ejemplo, durante 2015 llegaron provenientes del fondo 1,5 millones de pesos al Inidep para para cubrir los gastos operativos de su flota, cuando ninguno de los tres barcos realizó campaña alguna.
Críticas a Di Leva
Por su parte, un armador fresquero, que prefirió no revelar su identidad, cuestionó el trabajo de Francisco Di Leva como como representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo: “Hasta acá sentimos que no nos ha defendido en ninguno de los temas sensibles. Necesitamos que se ponga al frente de nuestros reclamos”, dijo.
La Resolución 7/16 que aumentó los derechos de extracción se aprobó el pasado 23 de junio por unanimidad, según refleja el Acta 18/16; es decir, con el apoyo de todos los consejeros.
El último ajuste se había dado en octubre de 2014. Vale recordar que para el cálculo se toma como referencia los valores promedio de comercialización informados desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación.
En esta oportunidad, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento es mayor considerando que se establecen valores diferenciales más elevados en las especies cuya explotación está restringida en función de criterios precautorios. La categoría incluye a condrictios y abadejo.
Además, se incluyeron a especies no individualizadas en resoluciones anteriores “que revelan un incremento en su comercialización”.
Por otro lado, ya se prevén futuros aumentos periódicos: “El arancel base establecido para cada especie se ajustará el 1° de julio de cada año, en función de la variación que experimenten, al 31 de diciembre del año anterior, los valores de comercialización de cada especie que informe la Autoridad de Aplicación”, fija el texto.
