El propietario del local sostiene que el caso está judicializado, que la toma del predio fue ilegítima y que se le impidió retirar mercadería y bienes. También denuncia la pérdida de fuentes laborales.
Desde el Consorcio Portuario destacaron que este tipo de acciones se enmarcan en una política de ordenamiento del uso del espacio público dentro del puerto, con el objetivo de garantizar condiciones de legalidad, transparencia y equidad en el acceso a los predios concesionados.