Lo ocurrido recientemente en la planta pesquera Greciamar, ubicada en el parque industrial pesquero de Puerto Madryn, es una muestra palpable de las prácticas coercitivas y obstruccionistas que ciertos sectores gremiales ejercen sobre el desarrollo laboral y productivo en Argentina.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por José Díaz, irrumpió en las instalaciones y ordenó a ochenta trabajadores abandonar sus puestos, impidiendo la puesta en marcha de una nueva línea de producción de pelado y desvenado de langostinos, lo que resultó en la pérdida de toneladas de materia prima.
El Grupo San Isidro, propietario de la planta, llevaba meses trabajando en la apertura de un turno específico para esta tarea, que no sólo permitiría diversificar la producción con productos de mayor valor agregado, sino que también generaría un centenar de nuevos puestos de trabajo en la región, pero como si fuese esto depreciable, el compromiso con clientes de otras latitudes, donde Argentina termina siendo poco seria en sus ofertas, con consecuencias impredecibles para el futuro del comercio. En respuesta a las exigencias del mercado internacional, la compañía ajustó su esquema productivo y formalizó acuerdos laborales bajo el amparo de la legislación vigente, con el aval explícito de la Secretaría de Trabajo de Chubut. No obstante, el STIA se opuso a esta iniciativa desde el principio, pretendiendo imponer su control absoluto sobre la selección de los empleados contratados. Atribuciones que no le corresponden y comportamientos rayanos a los mafiosos.
En una acción que se asemeja más a una maniobra extorsiva que a la defensa genuina de los derechos laborales, el sindicato interrumpió la jornada laboral tras una inspección matutina en la que se observó una drástica disminución de la productividad debido a un deliberado trabajo a reglamento, de hecho, cada puesto de trabajo en todo ámbito dentro del país debiese estar ligado a la productividad no a la jornada de trabajo, en un claro trazo hacia la eficiencia de cada trabajador, desdibujando esa idea temporal y retrógrada de igual trabajo por igual remuneración, mutando a un esquema de igual producción por igual remuneración. Todos no son iguales y el modelo debe buscar una sociedad donde la calidad y la producción sean el eje del esquema laboral y no el tiempo, que pone en igualdad de condiciones la eficiencia y el esfuerzo, con el letargo y la falta de compromiso.
Durante la tarde, tras la incorporación de los nuevos trabajadores y el inicio de sus actividades, representantes gremiales, junto a dos funcionarias de la Subsecretaría de Trabajo, ingresaron a la planta, irrumpieron las tareas, obligaron a los empleados a abandonar sus puestos y anularon de facto los contratos previamente firmados. Como consecuencia de este atropello, la línea de producción fue paralizada y la materia prima quedó inservible.
Este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de un esquema de presión y amedrentamiento sistemático que algunos gremios implementan para sostener su cuota de poder, aun a costa del progreso económico y laboral. En lugar de representar los intereses genuinos de los trabajadores, estos sectores recurren a la imposición de condiciones arbitrarias y el uso de la fuerza para bloquear iniciativas que escapan a su control directo.
Lo más alarmante es que, en el marco de este conflicto, el propio José Díaz protagonizó un acto de violencia contra la prensa, agrediendo físicamente al periodista colega del portal Parte de Pesca, Nelson Saldivia, que por ese momento cubría la situación para brindar información fehaciente in situ. Este accionar no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también refleja el carácter autoritario con el que se manejan ciertos malos dirigentes sindicales, quienes lejos de ser interlocutores válidos en la discusión laboral, operan como agentes de intimidación y apriete.
El saldo de este lamentable episodio es claro: ochenta trabajadores que podrían haber accedido a una fuente de ingreso digna fueron despojados de esa posibilidad; toneladas de materia prima fueron desperdiciadas; y la industria pesquera de Chubut, en lugar de avanzar hacia un esquema productivo más eficiente y competitivo, se ve nuevamente lastrada por las imposiciones de un mal sindicalismo con actos de la más baja estofa que privilegia sus propios intereses sobre el bien común.
La pregunta que cabe formular es: ¿hasta cuándo se permitirá que estos sectores continúen frenando el desarrollo del mayor polo manufacturero de langostino salvaje del mundo con sus métodos coercitivos?.
La necesidad de una discusión seria y profunda sobre el rol de los sindicatos en la Argentina es impostergable. Defender los derechos de los trabajadores no debe ser sinónimo de extorsionar a las empresas ni de cercenar la posibilidad de crecimiento económico y generación de empleo pero peor aún, de abiertamente quedar expuesto al comercio internacional como incumplidores seriales. Urge un sindicalismo moderno, que se adapte a los desafíos actuales y que promueva el progreso, en lugar de entorpecerlo. Abrir, desarrollar y agrandar la torta, para que el porcentaje sea mayor y no pretender más porciones de la torta en detrimento de otros participantes.
Argentina, tras cuatro décadas de políticas progresistas, sigue en la ardua búsqueda de abandonar su condición de aldea mal administrada para consolidarse como una nación próspera, competitiva y alineada con las exigencias globales en materia de producción alimentaria. Sin embargo, el verdadero obstáculo para este desarrollo no radica en factores externos, sino en aquellos actores que, desde sus ámbitos de trabajo, buscan obtener ventajas personales, muchas veces al margen de la ley, bloqueando el avance natural de quienes, con capacidad, solvencia, idoneidad y esfuerzo, se esfuerzan día a día por fortalecer sus empresas, sus fuentes de empleo y la comunidad en la que están inmersos.
Mientras esta realidad persista, sin importar cuántos años o gobiernos transcurran, la matriz productiva del país seguirá atrapada en una crisis estructural que pone en riesgo su futuro, rayano en la ineficiencia y en la parálisis económica. La falta de un modelo de desarrollo sostenible, sumada a la connivencia de sectores que anteponen sus intereses corporativos al bienestar general, ha generado un sistema donde la improductividad, el estancamiento y la ausencia de reglas claras ahogan cualquier intento de crecimiento. La Argentina no solo enfrenta la amenaza de perder competitividad en los mercados globales, sino que corre el riesgo de profundizar su dependencia de estructuras obsoletas, plagadas de prebendas y privilegios, que condenan a la sociedad a la resignación y al subdesarrollo. Sin una transformación profunda, el país continuará repitiendo sus fracasos, atrapado en un círculo vicioso de mediocridad, inestabilidad y oportunidades desperdiciadas.
