La reciente decisión de la Secretaría de Pesca de la provincia de Santa Cruz, materializada a través de la Disposición 61/24, ha generado alarma en el sector pesquero. La medida, que habilita la pesca objetivo de langostino en las aguas jurisdiccionales del Golfo San Jorge, ha sido considerada como una amenaza para la sustentabilidad del recurso y ha motivado el pedido de una audiencia con el gobernador Claudio Vidal para abordar la problemática.
Desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) y el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (CESMAr) expresaron su preocupación por la decisión adoptada por las autoridades provinciales. Argumentan que la administración del recurso langostino debe realizarse en el ámbito del Consejo Federal Pesquero (CFP), dado que su manejo interjurisdiccional ha sido clave para la conservación y explotación sostenible de la especie.
Desde 2016, Santa Cruz estableció la prohibición de la pesca dirigida al langostino dentro de su jurisdicción en el Golfo San Jorge, con el objetivo de proteger su reproducción y crecimiento. Posteriormente, en 2018, la Resolución CFP 7/2018 formalizó el manejo interjurisdiccional del recurso, con Chubut sumándose a la prohibición en su sector del golfo. Esta estrategia permitió mejorar la conservación de la especie y fortalecer la actividad pesquera en el largo plazo.
El Golfo San Jorge es una de las zonas más productivas y biodiversas del Mar Argentino, desempeñando un rol clave en el ciclo de vida de numerosas especies comerciales. Gracias a la administración coordinada de la pesquería, la captura anual de langostino en Argentina se ha estabilizado en un promedio de 200.000 toneladas, generando exportaciones por un valor de aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales, lo que representa el 66% de las exportaciones pesqueras del país.
El levantamiento de la prohibición en Santa Cruz podría traer consigo un incremento en la captura de ejemplares juveniles y fauna acompañante, afectando la sustentabilidad del recurso y contraviniendo el principio de «descarte cero» promovido por el sector.
Ante esta situación, la AACPyPP y el CESMAr han solicitado una audiencia con el gobernador Claudio Vidal para discutir la medida y evaluar su posible impacto negativo en la actividad pesquera. Además, advirtieron sobre la necesidad de que el CFP funcione con normalidad para evitar decisiones unilaterales que perjudiquen la administración conjunta de los recursos.
«El tiempo nos dio la razón. La correcta administración del langostino ha permitido incrementar las capturas de ejemplares de mayor talla, mejorar las condiciones laborales de los tripulantes y modernizar la flota pesquera. Es fundamental mantener este esquema y evitar medidas que puedan comprometer su estabilidad «, sostuvo Jorge Frías, secretario general de la AACPyPP.
El sector pesquero espera una pronta respuesta del gobernador Vidal para abordar la problemática y encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad del recurso y la continuidad de la actividad en condiciones adecuadas.