La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió intervenir administrativamente la infraestructura del Puerto de Ushuaia por 12 meses y, en paralelo, dispuso la suspensión de su habilitación por el mismo plazo, aunque diferirá su ejecución para no afectar la operatoria durante la temporada de cruceros 2025/2026. La medida quedó formalizada en la Resolución ANPyN Nro.4/2026.
El expediente se originó tras una denuncia de actores del ámbito portuario fueguino por la Ley Provincial 1596, que prevé destinar el superávit del puerto a un fondo para cubrir deuda de la obra social estatal OSEF, lo que —según el planteo— podría comprometer la autonomía financiera y la capacidad de inversión de la Dirección Provincial de Puertos.
Luego de inspecciones técnicas, la ANPyN informó deterioros estructurales en el muelle y falencias en seguridad operativa, mantenimiento, gestión ambiental y sistemas tecnológicos, y habilitó la intervención, dejando establecido que la suspensión podrá hacerse efectiva de inmediato si la medida no logra ejecutarse correctamente.
Según los considerandos de la Resolución 4/2026, firmada el 20 de enero, la medida se sustenta en una investigación que integró denuncias gremiales, inspecciones técnicas y auditorías contables sobre la Dirección Provincial de Puertos, con conclusiones que —siempre de acuerdo con el informe oficial— describen graves incumplimientos técnicos, operativos, administrativos y de seguridad y señalan la utilización de fondos portuarios para fines ajenos a la actividad específica, en presunta violación del convenio de transferencia firmado entre Nación y Provincia en 1992, que impone la reinversión exclusiva de los ingresos portuarios en la actividad.
En el plano estrictamente técnico, las inspecciones del 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025 habrían constatado un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, con fallas en defensas, amarres, pavimentos y capacidad de atraque. En la misma línea, se consignaron Sistemas de protección contra incendios obsoletos o descontinuados, Deficiente señalización y alumbrado, Falta de protocolos para operaciones simultáneas de carga y pasajeros, Problemas ambientales y de gestión de residuos, Serias falencias en tecnología, sistemas y ciberseguridad y Uso de fondos y bajo nivel de inversión.
Además, la ANPyN cuestionó el bajo nivel de inversión en infraestructura portuaria, que representó apenas el 1,3% del gasto total, frente a una alta concentración en gastos de personal y préstamos financieros.
En ese encuadre, el organismo nacional sostuvo que la Ley Provincial 1596 contradice la normativa nacional y el convenio de transferencia, en tanto el desvío del superávit hacia OSEF afectaría el principio de afectación específica que obliga a reinvertir los ingresos del puerto. Bajo ese criterio, la resolución dispuso Suspensión diferida, pero intervención inmediata: aunque la suspensión fue ordenada por 12 meses, su aplicación se difiere para no afectar la continuidad operativa, especialmente por el rol estratégico del puerto como base logística antártica y terminal de cruceros, mientras que la intervención se activa de manera inmediata.
La intervención administrativa quedará a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica del organismo nacional, con facultades para gestionar obras, fondos, equipamiento y seguridad, y la resolución habilita la colaboración de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En su fundamentación, el Gobierno nacional remarcó que el Puerto de Ushuaia constituye un nodo estratégico para el comercio regional, el turismo antártico, la logística y la soberanía nacional, por lo que consideró “imperioso” adoptar medidas urgentes para recomponer su situación, advirtiendo que si la intervención no normaliza las condiciones, la suspensión podrá hacerse efectiva de manera inmediata.
Tras conocerse la resolución, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella cuestionó la decisión del Gobierno nacional y aseguró que la Provincia no comparte ni la medida ni sus fundamentos. “No existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, sostuvo en clara oposición a la medida como a los criterios políticos de la administración nacional.
Melella afirmó que desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos “se está trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”, y señaló que mantiene diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores.
El mandatario remarcó además que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros, y que tanto la ciudadanía como los turistas son testigos de su actividad constante.
En ese sentido, destacó que “las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios”, lo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país.
Finalmente, aseguró que desde la Provincia continuarán trabajando y dialogando “para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”.
