Las justificaciones de inactividad comercial que en los últimos años se han venido otorgando a diversos barcos demandan un nuevo ordenamiento, un marco que además las acote en el tiempo, según entienden desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación.
El debate está instalado en el Consejo Federal Pesquero (CFP). Circula un proyecto con algunas líneas de acción impulsadas por el subsecretario, Juan Manuel Bosch; pero que todavía no alcanza el consenso necesario tras cuatro sesiones.
«La discusión es ardua, pero se va avanzando de a poco. Es necesario ponerse más estrictos con los buques que están dando vueltas hace varios años con esta problemática», reconocen en las oficinas de Paseo Colón.
De acuerdo a lo que pudo saber Pescare.com.ar, la idea núcleo de la cartera es restringir la extensión de las justificaciones para evitar que buques amarrados al muelle o hundidos con medidas cautelares vigentes sostengan sus permisos de pesca.
La Resolución 4/10 del CFP señala que la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera suspenderá el despacho a la pesca de aquella embarcación que supere los ciento ochenta días corridos de inactividad comercial sin haber presentado su justificación ante Prefectura.
Para esos casos la norma también prevé la suspensión de los derechos de uso y transferencia de la Cuota Individual Transferible de Captura; sin embargo, en la práctica abundan las unidades que superan largamente el plazo establecido y sostienen el permiso.
Posible abordaje
Los argumentos parten desde reparaciones hasta las mencionadas medidas cautelares: “Al ser un problema generalizado, con muchos barcos en esa situación las autoridades tienen que considerar el problema y darle una solución de carácter general mediante el dictado de alguna nueva resolución”, apuntó una fuente del sector consultada.
En la industria entienden que resolver los casos de manera individual, puede hacer que muchos barcos puedan llegar a perder el permiso por caducidad y eso generaría no sólo un problema jurídico, sino también social debido al impacto que tendría en el nivel de trabajo.
En ese sentido, el proyecto apunta a ordenar la jurisprudencia que fue acumulando el Consejo en los últimos seis años y establecer claramente las pautas que los armadores deberán seguir hacia adelante para justificar la inactividad de una embarcación.
