Nuevamente y después de 15 días de espera, a los 7 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 11:30 horas se reunió el Consejo Federal Pesquero (CFP) en la sede ubicada en Humberto 1° 133, 5to. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se encontraban presentes el Presidente del CFP, Méd. Vet. Juan Antonio Lopez
Cazorla, la Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Paola Gucioni, la representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. Julia Mantinian, y los Representantes de las provincias con litoral marítimo: el Representante de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Javier Rodríguez, el
Representante de la Provincia de Río Negro, Dr. Sergio Paleo, el Representante de
la provincia del Chubut, Dr. Andrés Pedro Arbeletche, el Representante de la
Provincia de Santa Cruz, Ing. Gustavo Ernesto Martínez, y el representante de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur, Sr.
Carlos Cantú.
También se encuentran presentes el Representante Suplente de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Carlos Damián Liberman, los Representantes Suplentes de la
Provincia de Santa Cruz, Ing. Ricardo Ancell Patterson y Técnico Fernando Marcos,
la Coordinadora Institucional del CFP, Lic. Karina Solá Torino, y el Asesor Letrado, Dr.
Alejo Toranzo.
Con un quórum de OCHO (8) miembros presentes, se decide por unanimidad llevar a
cabo una sesión plenaria para dar tratamiento al tema FO.NA.PE.
En la reunión, se presentó el informe financiero de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca sobre la recaudación del Fondo Nacional de Pesca (FO.NA.PE.) al 30 de octubre de 2024. Los datos revelan un monto total de $22.154.614.348,17 recaudados hasta esa fecha. De este total, $653.352.331,15 corresponden al embarque de inspectores, un componente clave para el control y regulación del sector pesquero.
Hasta el momento, el CFP ha distribuido un total de $17.959.434.058,30 de los cuales $17.413.691.680,74 corresponden a asignaciones previas, y los $545.742.377,56 restantes se destinan a los fondos del embarque de inspectores. Esto deja un saldo de $4.087.570.336,28 de recursos a distribuir, tanto coparticipables como no coparticipables, además de $107.609.953,59 correspondientes al embarque de inspectores.
La decisión del CFP fue asignar estos fondos restantes de manera detallada y equitativa, dividiendo el monto entre recursos coparticipables (que deben distribuirse entre las provincias y la Nación) y no coparticipables (que son asignados a distintas entidades federales y organismos de control).
Distribución de Fondos No Coparticipables (50% de los recursos, $2.043.785.168,14)
Los recursos no coparticipables se asignaron de la siguiente manera:
- Autoridad de Aplicación: $654.185.168,14
- INIDEP: $654.100.000,00
- Patrullaje y Control (reforzamiento de control en la ZEE argentina): $531.300.000,00
- CFP: $122.600.000,00
- Capacitación (para formación en el sector pesquero): $81.600.000,00
Distribución de Fondos Coparticipables (50% de los recursos, $2.043.785.168,14)
Los fondos coparticipables, destinados a las provincias y la Nación, se distribuyen de la siguiente manera:
- Provincia de Buenos Aires: $340.630.861,35
- Provincia de Río Negro: $340.630.861,35
- Provincia de Chubut: $340.630.861,35
- Provincia de Santa Cruz: $340.630.861,35
- Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: $340.630.861,35
- Nación: $340.630.861,35
El CFP ha instruido a la Coordinación Institucional a solicitar a la Autoridad de Aplicación que realice las gestiones administrativas necesarias para efectivizar las transferencias de los fondos asignados. Esto incluye una serie de pasos detallados en la resolución adoptada, en la que se especifican las cantidades exactas a transferir a cada entidad y los montos correspondientes a las provincias.
- Autoridad de Aplicación: De los $654.185.168,14 asignados a este organismo, se destinarán $10.000.000 para el cumplimiento de la Carta Acuerdo Fundación Argeninta – CFP N° 4/2012.
- INIDEP: El $654.100.000,00 será destinado a tareas de investigación pesquera.
- Patrullaje y Control: Para reforzar el control en la Zona Económica Exclusiva argentina, se asignarán $265.650.000 tanto a la Armada Argentina como a la Prefectura Naval Argentina, en el marco de convenios vigentes.
- CFP: Se destinarán $100.000.000 para el funcionamiento de la Fundación Argeninta-CFP Nº 1/10, y $22.600.000 para el cumplimiento de la Carta Acuerdo Fundación Argeninta-CFP Nº 4/12.
- Capacitación: Los $81.600.000 asignados a capacitación se transferirán a la Carta Acuerdo Fundación Argeninta-CFP Nº 1/10.
- Provincias: Las transferencias a las provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) se harán según lo estipulado en los convenios y acuerdos firmados por las respectivas autoridades provinciales.
A pesar de que los fondos fueron asignados de manera detallada, se ha observado que se ha superado el techo del crédito presupuestario vigente para el Programa 36 – Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuícola. Esto ha generado dificultades para la ejecución de las transferencias pendientes, que aún no se han realizado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.
Ante esta situación, se solicitó a la Autoridad de Aplicación que priorice la gestión de la ampliación del crédito presupuestario y la disponibilidad de cuotas de caja, con el fin de poder completar la distribución de los recursos y cumplir con lo establecido por la Ley 24.922, que define de manera precisa el destino de los fondos del FONAPE.
La asignación de los fondos del FONAPE es clave para el desarrollo sostenible de la pesca en Argentina, tanto en el ámbito de la investigación, el control, la capacitación y el fortalecimiento de las provincias pesqueras. Sin embargo, la falta de disponibilidad de crédito presupuestario plantea un desafío que podría retrasar la distribución final de los recursos. La resolución adoptada por el CFP y las gestiones necesarias para garantizar la ampliación del presupuesto se presentan como pasos fundamentales para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el impulso del sector pesquero en el país.
Este proceso refleja la importancia de la correcta administración y distribución de los fondos para el desarrollo de las políticas pesqueras, la conservación de los recursos acuáticos y la promoción de un desarrollo económico sustentable en las regiones productivas.
