En una decisión que profundiza la incertidumbre y manifiesta un escenario decididamente negativo en el sector pesquero, la empresa Río Salado ha confirmado el cese definitivo de sus actividades en San Antonio, con la consiguiente desvinculación de 90 empleados. No obstante, la compañía ha condicionado el pago de las indemnizaciones a la futura venta de un inmueble, aludiendo a la falta de recursos inmediatos para saldar sus compromisos salariales y otras obligaciones financieras y patronales.
Un anuncio que agrava la inestabilidad laboral
La confirmación de este drástico desenlace tuvo lugar durante la audiencia convocada por la cartera laboral en San Antonio, donde el gerente de la empresa, Franco Massari, expuso la difícil situación financiera que atraviesa la firma. En la reunión, encabezada por el delegado de Trabajo, Sergio Ortiz, estuvieron presentes representantes del Sindicato de la Alimentación (STIA), incluyendo al secretario general, Juan Ortiz, y al adjunto, Juan Huilcapan.
Las autoridades laborales han expresado su determinación de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes, aunque tal requerimiento no quedó formalmente plasmado en el acta correspondiente.
Desvinculación y trámites administrativos pendientes
La semana anterior, la pesquera había enviado telegramas de despido a sus 90 trabajadores, asegurando que abonaría únicamente el 50% de las indemnizaciones estipuladas. Ante esta postura, el Ministerio de Trabajo intervino, requiriendo el pago total de las compensaciones y convocando a la audiencia para abordar el conflicto.
Asimismo, otro punto de controversia ha sido la demora en la baja administrativa del personal en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que impide a los trabajadores acceder al seguro de desempleo. Frente a este requerimiento, la empresa se comprometió a completar dicho trámite en el transcurso de la próxima semana.
Por su parte, el sindicato ha reiterado su exigencia del cumplimiento irrestricto de los derechos laborales de los trabajadores, rechazando de plano la liquidación parcial de las indemnizaciones y exigiendo la regularización de aportes adeudados.
En el ámbito gubernamental, la subsecretaria de Pesca de la Provincia, Jessica Ressler, indicó que la firma ya no posee permisos de pesca vigentes ni asignación de cupos por parte de la Nación, lo que ratifica el cierre definitivo de las actividades de procesamiento e industrialización de pescados.
Futuro incierto para los trabajadores
Ante el retiro de la empresa, surge la incógnita sobre el destino de los trabajadores y la posibilidad de que otra compañía asuma la actividad pesquera en la región. En un intento por mitigar el impacto social y laboral, el gobierno provincial ha sugerido la formación de una cooperativa con el respaldo estatal. Sin embargo, esta alternativa no ha logrado consenso entre los afectados, según lo manifestado por la representación sindical debido a la falta de rentabilidad y disponibilidad de pescado de talla regular dentro del Golfo San Matías.
El panorama del sector se torna cada vez más complejo, como lo reconoció el propio gobernador Alberto Weretilneck en su reciente discurso ante la Legislatura. «Estamos atravesando un escenario sumamente delicado. Las empresas pesqueras del Golfo enfrentan serias dificultades para cumplir con el pago de salarios«, advirtió el mandatario.
La crisis en la industria pesquera, sumada al cierre de Río Salado, deja en evidencia un problema estructural que amenaza la estabilidad laboral y económica de toda la región.
