En el marco de una exhaustiva investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, la Policía española detuvo con fines de extradición al capitán de un buque pesquero de bandera española. La medida responde a un requerimiento emitido por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que a solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso su captura internacional mediante notificación roja de INTERPOL. La detención se concretó el 18 de diciembre, y dos días después se iniciaron las gestiones diplomáticas para su extradición desde el Reino de España.
El imputado, de nacionalidad española y 56 años de edad, es investigado desde junio de 2017 por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, bajo la dirección del fiscal federal Lucas Colla. La causa se inició tras el rescate y evacuación de urgencia de un marinero senegalés en estado crítico por la Prefectura Naval Argentina (PNA), cuando la embarcación se encontraba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. La gravedad del cuadro de salud de la víctima, quien fue hallada en estado de coma, y su posterior testimonio permitieron avanzar sobre la hipótesis de explotación laboral sistemática a bordo del buque pesquero.
Las declaraciones del marinero rescatado detallaron condiciones laborales abusivas: jornadas extenuantes de hasta 22 horas diarias, los siete días de la semana, sin descanso, asistencia médica ni condiciones básicas de higiene y alimentación. Asimismo, se estableció que percibía un salario inferior a los estándares internacionales y que su contrato de trabajo se extendía por meses, llegando hasta dos años.
Con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal requirió en octubre de 2019 la citación a declaración indagatoria del capitán de la nave, imputándolo por el delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas y la explotación consumada. La orden judicial de indagatoria se dictó el 26 de febrero de 2024, y en junio INTERPOL Buenos Aires emitió una notificación azul para recolectar información sobre el imputado y sus actividades. Con el aporte de INTERPOL Madrid y Montevideo, se confirmó su identidad y se emitieron los instrumentos internacionales para su captura.
Según la investigación, el capitán aceptó y albergó en la tripulación del buque, el 15 de febrero de 2017, a un grupo de marineros senegaleses en condiciones de extrema vulnerabilidad. Las víctimas fueron contactadas por la empresa armadora, que financió sus pasajes aéreos desde Senegal hasta Cabo Blanco, Mauritania, punto de partida del buque. Una vez a bordo, eran sometidos a jornadas extenuantes de trabajo en la bodega del barco, sin condiciones adecuadas de descanso ni alimentación, lo que derivó en el deterioro extremo de la salud del marinero rescatado, quien sufrió desnutrición, hipotermia y deshidratación severa.
La fiscalía, con la asistencia de PROTEX, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), continúa con la recolección de pruebas y la identificación de otros posibles responsables. Asimismo, se ha solicitado información sobre la embarcación utilizada en la comisión del delito, en el marco de un expediente separado actualmente en trámite judicial.
Además, la investigación cuenta con el respaldo del Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL, en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y de la Unidad de Tráfico de Personas y Contrabando de Migrantes de INTERPOL, bajo la Operación LIBERTERRA II. El objetivo es identificar y analizar las prácticas irregulares en la pesca de larga distancia y su vínculo con la trata de personas y explotación laboral.
Con la detención del capitán, se ha dado un paso clave en la lucha contra la trata de personas en el sector pesquero y pesca ilegal no declarada y no reglamentada que se ejerce a bordo de buques que operan fuera de la milla 200. La extradición del imputado permitirá avanzar con el debido proceso en la justicia argentina, garantizando el juzgamiento de un delito de extrema gravedad que afecta derechos fundamentales de las personas.
