En un giro tan inesperado como determinante, la ministro de Capital Humano, Sandra Viviana Pettovello, encabezó una reunión de altísimo perfil político que podría intentar marcar el comienzo del fin de un conflicto que tiene en vilo a la industria pesquera argentina.
Acompañada por el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Julio Cordero; el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla; y el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo Federal Pesquero, Dr. Martín Fernández. Pettovello recibió en su despacho a las máximas autoridades vinculadas a una actividad estratégica y exportadora por excelencia: la pesca del langostino en aguas nacionales que lleva a buques congeladores desde hace mas de 10 meses amarrada en distintos puertos por graves problemas de rentabilidad del sector y su consecuente conflicto con gremios de la marinería.
La cumbre, discreta pero significativa, no fue fruto de la casualidad. Según trascendió, la decisión de convocar al encuentro partió directamente del corazón del Ejecutivo nacional, que finalmente decidió tomar las riendas de una situación que ya escaló hasta convertirse en un asunto de Estado. El objetivo es claro: propiciar, aunque sin imponer, un marco de entendimiento entre las cámaras empresarias del sector congelador y los sindicatos que nuclean a los trabajadores marítimos, SOMU y SIMAPE, en un momento en el que cada día de inacción erosiona el tejido económico y social de vastas regiones costeras; algo que redunda en el esfuerzo de todos sus participantes hasta estos días.
Durante la reunión, Pettovello escuchó a los interlocutores y transmitió —en tono reservado, pero con firmeza institucional— la voluntad del gobierno de que este conflicto encuentre una resolución urgente entre partes y directamente no intervenir con ninguna entidad gubernamental. Las formas, todavía difusas, permanecen bajo estricto sigilo, pero el mensaje fue inequívoco: la pesca de langostino no puede seguir a la deriva, aunque lo perdido inexorablemente quedará en el debe.
Desde las más altas esferas del poder se reconoció, con inusitada firmeza, el devastador impacto económico que entraña la parálisis de la actividad pesquera, cuyas consecuencias erosionan tanto las finanzas provinciales como las nacionales. No menor fue la alusión al drama social que subyace: cientos de hogares sostienen su subsistencia anual en el inicio de la zafra langostinera. En los enclaves costeros, donde el pulso económico late al ritmo del mar, el tiempo apremia con una intensidad ya insoportable.
Circulan versiones que auguran, para la próxima semana, la apertura de una última —y quizás irrevocable— oportunidad. Una posible instancia de diálogo directo entre los actores del sector en otro tono, aún sin confirmación oficial, podría destrabar el tan ansiado despacho de buques congeladores tangoneros hacia aguas nacionales. Sería el renacer de una temporada que, por tradición y magnitud, encarna la cúspide de la industria pesquera argentina.
En paralelo, fuentes cercanas a ambas partes aseguran que, pese a las fuertes declaraciones que marcaron la agenda en los últimos días, ni gremios ni cámaras empresarias han cortado del todo el diálogo. Hay conversaciones privadas, hay puentes tendidos, y sobre todo, hay conciencia de que el costo de no arribar a un acuerdo será pagado, en última instancia, por los trabajadores y sus familias.
El telón todavía no cae, en el horizonte asoma una posibilidad. Si en los próximos días prevalece la sensatez sobre la intransigencia, la pesca del langostino podría volver a zarpar, llevándose consigo la esperanza de una recuperación para una industria que, año tras año, ha sido emblema de productividad, exportación, rentabilidad y trabajo genuino en la Argentina.
