En la tarde del miércoles y mediante un trámite exprés, la Cámara de Senadores convirtió en ley la creación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) “Yaganes” y “Namuncurá / Banco Burdwood II”, localizadas en el extremo sur de la Zona Económica Exclusiva.
El proyecto había recibido media sanción de Diputados la semana pasada, cuando se acentuaba el riesgo de que pierda estado parlamentario. Ahora, fue votado junto a otras iniciativas en poco más de una hora, sin debate y con el voto positivo de todos los integrantes de la Cámara Alta.
Hasta aquí, la única área protegida oceánica del país -vale recordarlo- era “Namuncurá / Banco Burdwood”, creada en 2013. Con esta ampliación se incorporan más de 90 mil kilómetros cuadrados vedados a cualquier tipo de actividad extractiva, incluyendo la pesca.
Sin embargo, los representantes de la industria pesquera, tanto empresarios como sindicales, tuvieron una escasa participación del debate. Tampoco asoman claros los fundamentos científicos aportados por el Inidep.
La elección de las zonas está vinculada a la riqueza de sus fondos marinos, y la presencia de invertebrados, como esponjas y corales de aguas frías. También son consideradas relevantes para el ciclo de vida de merluza negra, merluza de cola y la polaca, entre otras especies.
En cualquier caso, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, impulsores de la iniciativa, parecen haber asumido un rol que le corresponde al Consejo Federal Pesquero, el organismo encargado de fijar las medidas de manejo que tocan al sector.
De allí que de la propia sesión en Senadores surgió un pedido para que el Consejo tome parte en el control del espacio protegido. Según trascendió, el oficialismo prometió introducir este cambio en marzo.
Mientras tanto, organizaciones ecologistas como el «Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia» adelantaron que impulsarán la incorporación al sistema de AMP de otros sitios del Mar Argentino donde pueda haber especies amenazadas o frentes productivos de alta diversidad.
La inquietud de los armadores en torno a estos temas no es menor. Ocurre que a las zonas de vedas fijas ya existentes, se le suma ahora otro casi 10 por ciento de superficie marítima protegida. Aunque se las considera de «bajo impacto» para la actividad, encienden una luz de alerta.