El concepto de límite, fundamental en la matemática para desentrañar la complejidad de una función a través de una simplificación tangente, encuentra un paralelismo sorprendente en la dinámica de la política nacional. En este ámbito, el límite se manifiesta como una herramienta de inferencia que, con un margen de error admisible, permite anticipar las decisiones de un ente que, por su naturaleza, busca la maximización de su poder en una coyuntura histórica y espacial determinada.
El Diseño institucional y la erosión del consenso
El ordenamiento político argentino fue concebido bajo el principio de una renovación legislativa escalonada. Este diseño, imbuido de sabiduría institucional, tenía como propósito primordial amortiguar las veleidades absolutistas y forzar la inexorable búsqueda del consenso—tanto para impulsar la transformación como para preservar el statu quo. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 introdujo una atenuación significativa a aquel prístino designio mediante la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Este instituto, cuya vigencia legal se obtiene con el voto favorable de un tercio más uno de los legisladores de una sola cámara, confiere al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) una cercanía a la suma del poder público que merece un análisis sereno y profundo. En un inicio, esta herramienta fue útil al oficialismo para convalidar disposiciones cruciales; sin embargo, la posterior erosión de su poder permitió a la oposición articular mayorías calificadas para revertir vetos ejecutivos, evidenciando un cambio en el poder relativo que demanda una aguda reflexión.
En el contexto actual, no resulta del todo claro si el resultado de las elecciones de hoy permitirá al oficialismo alcanzar ese umbral crítico del tercio más uno en la Cámara Baja. Las proyecciones y encuestas preelectorales no ofrecen certezas concluyentes, -a pesar de verse mayor cantidad de participantes en las elecciones de hoy, por lo menos en nuestra aldea-.
De confirmarse tal mayoría, el Ejecutivo podría disponer de una herramienta legislativa que altere sensiblemente el equilibrio institucional; pero si no se alcanzara, prevalecería un escenario de negociación constante, que obligaría a los distintos actores políticos a reconstruir los consensos que la dinámica reciente ha venido debilitando.
Sea cual fuere el desenlace, el resultado marcará un punto de inflexión en la capacidad del gobierno para operar dentro —o al límite— de los márgenes que la Constitución busca preservar.
La tentación autoritaria y el DNU como factor de riesgo
La perspectiva de los próximos comicios abre la posibilidad de que el PEN recupere una representación superior a un tercio más un legislador, al menos en la Cámara de Diputados. Ante los limitados acuerdos políticos obtenidos hasta ahora y la perentoria necesidad de satisfacer las exigencias de factores de poder endógenos y exógenos, la tentación de una deriva autoritaria anclada en el uso y abuso del DNU podría constituirse en un riesgo institucional irrefutable.
Esta potencial deriva se sustenta en la premura por la sanción de las llamadas “reformas estructurales” —aún ignotas en su detalle—, necesarias para dinamizar la organización económica. De no obtenerse una pronta convalidación legislativa, el oficialismo podría verse forzado a convalidar ajustes de precios relativos que resultarían tan lesivos para la mayoría del electorado como para la propia salud institucional del gobierno.
El sector pesquero ante la incertidumbre
Para el sector pesquero, cuya actividad se inscribe en un marco regulatorio complejo y sensible a las variables macroeconómicas, esta inestabilidad política y regulatoria no constituye un mero observatorio académico, sino un factor directo de riesgo y oportunidad. Una legislación de la magnitud de la que regula la actividad marítima y la explotación de recursos renovables no puede estar sujeta al riesgo de la unilateralidad ejecutiva.
Resulta necesaria una profunda reflexión. Como sector eminentemente exportador, la pesca suele beneficiarse de un tipo de cambio alto, e incluso desbordado, donde la inestabilidad y la devaluación se traducen en una rentabilidad amplificada y una innegable competitividad internacional. La turbulencia cambiaria, paradójicamente, puede ser un estímulo financiero coyuntural, mañana probablemente se inicie un nuevo ciclo retractivo en la divisa.
Sin embargo, esta realidad encierra una sutil paradoja política que limita la inserción y la voz del sector en el gobierno. Cuando a la pesca “le va bien” debido a la inestabilidad que genera un tipo de cambio desordenado se percibe como el motor de su éxito, lo que atenta contra el principio de una política económica favorable y previsible.
Este alineamiento perverso de incentivos disminuye el capital político del sector, ya que el gobierno puede percibir que no requiere una interlocución profunda con un actor que se beneficia del desorden. El riesgo es que, al obtener beneficios de la volatilidad, la pesca reduzca su demanda de seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo, condiciones esenciales para la inversión, la sustentabilidad del recurso y la estabilidad laboral.
Si antes de la modificación de la composición de las cámaras el Legislativo decidiera modificar la normativa para flexibilizar la impugnación de los DNUs o exigir una mayoría más onerosa para su convalidación, el efecto sobre el plan económico sería similar a un “disparo bajo la línea de flotación”. Un bloqueo de tal envergadura solo podría ser inhibido por un claro síntoma de fortaleza política del oficialismo, que legitime su accionar ante la sociedad y los cuerpos intermedios vinculados a la actividad.
Entre el juramento y la balsa: La contradicción Argentina
La realidad argentina oscila, con dramática persistencia, entre dos pulsiones históricas: la del orden republicano y la de la sobrevivencia urgente. En esa tensión se revela un dilema casi pictórico: el país se debate entre “El Juramento de los Horacios”, pintura de Jacques-Louis David (1784) y “La Balsa de la Medusa”, pintura de Théodore Géricault (1819).
La primera imagen encarna el ideal del compromiso cívico, la obediencia a la ley y la subordinación de la pasión al deber. La segunda, por el contrario, representa el naufragio del cuerpo social, la descomposición del mando y el impulso desesperado por mantenerse a flote aun sin rumbo ni timón.
Argentina parece vivir en la frontera difusa entre ambas escenas: promete sacrificio y disciplina, pero actúa bajo el signo del desconcierto. Cuando la política invoca el juramento republicano, lo hace con solemnidad retórica; sin embargo, al primer oleaje de crisis, los remos se sueltan y la balsa se impone al juramento.
La contradicción no es moral, sino estructural: un sistema que exige consenso deliberativo, pero funciona con reflejos de emergencia; un pueblo que aspira a la virtud del deber, pero sobrevive entre naufragios recurrentes.
Esa coexistencia entre el deber cívico y la deriva improvisada define el drama nacional. La voluntad de obedecer la ley se enfrenta a la necesidad de improvisar para no hundirse. En ese vaivén, el límite del poder se vuelve el límite mismo de la gobernabilidad.
Así, mientras algunos exigen el juramento institucional, otros claman por una balsa que los salve. El riesgo —y la oportunidad— reside en entender que ambas imágenes, antagónicas en apariencia, componen la totalidad del cuadro argentino: una república que jura con una mano en la Constitución y rema con la otra en el mar del desorden.
La legitimación democrática como inhibidor de la deriva
La clave para legitimar las necesidades del oficialismo y desarmar la tentación del atajo del DNU reside en la consistencia de su respaldo electoral. Una mayoría simple de votos válidos en los comicios resulta inobjetable. No obstante, una primera minoría consistente con la exigida por la Constitución Nacional para acceder al PEN (más del 45%, o 40% con una ventaja de 10% sobre la segunda fuerza) dotaría al gobierno de una victoria incuestionable y de la legitimación social necesaria para avanzar con su proyecto sin recurrir a la hipertrofia del poder.
No alcanzar estos valores de respaldo, sin duda, obligaría a una revisión profunda de los medios, los objetivos o la tolerancia social y corporativa al riesgo macroeconómico. Para el sector pesquero, un ambiente de consenso político y de respeto por la institucionalidad constituye el límite que lo protege de un futuro incierto y permite una navegación segura.
El límite matemático, al simplificar la complejidad, enseña que a veces, el camino más simple es el más transparente y menos lesivo para el conjunto.
Y, como siempre, se expone esta opinión al criterio del lector, anticipando que no son 4 los puntos cardinales como tampoco 7 los colores del arco iris, dejando las consideraciones de ésta temeraria dinámica a su juicio, pero sugiriendo que no la desconozca…
Buen domingo para todos..!
Por DMC
