La política pesquera argentina se desenvuelve, en el presente, en una zona de fricción que el sector conoce de memoria: la distancia entre la norma escrita y el régimen real que se ejecuta en muelles, bodegas, mareas y expedientes. En el plano formal, el camino es inequívoco y no admite creatividad interpretativa, Ley Federal de Pesca 24.922, reglamentaciones, resoluciones de administración y manejo, estándares de control, trazabilidad, auditoría, sanción proporcional y buenas prácticas.
Ese es el único horizonte institucional defendible, porque los recursos vivos del mar argentino no constituyen un botín de oportunidad, sino un bien público cuya explotación requiere legalidad, evidencia y previsibilidad que hoy el sector no tiene.
Sin embargo, el clima que domina en la actividad sugiere otra cosa. No porque la ley no exista, sino porque la experiencia cotidiana instala la sospecha de que el control, lejos de expresarse como garantía del orden, pasa a leerse —demasiado a menudo— como presión fiscalizadora con intenciones recaudatorias. Dicho con la prudencia que exige el periodismo responsable, no se trata de afirmar hechos que corresponden a ámbitos probatorios, sino de describir una percepción persistente y extendida entre el común de la sociedad, (si duda, haga una encuesta) y sobre todo en los muelles.
Y una percepción persistente, en una industria regulada, equivale a una falla de gobernanza, porque cuando el control no se interpreta como cumplimiento objetivo de la norma sino como variable de trato, el sistema deja de organizarse alrededor de reglas y empieza a ordenarse por señales, conveniencias y asimetrías, peor aun, al mejor postor.
En ese contexto se inscribe el “disparo” de esta semana: la nota emitida por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCyFP). Su efecto no se limita al contenido administrativo ni al procedimiento en sí mismo. Opera, en la práctica, como un catalizador. Hace visibles tensiones latentes y, sobre todo, adelanta una controversia mayor, la que se vincula con el espíritu de las jurisdicciones, algo que, -previo en el escenario de una la eventual cuotificación del langostino y la disputa por cuáles serán los criterios legítimos para reconocer “historia de captura”, derechos de explotación, segmentación y acceso futuro al recurso-; podría distorsionar sobremanera la CITC de cada participante.
Aquí aparece el punto neurálgico —y la preocupación principal— que el sistema no puede seguir eludiendo con tecnicismos. Si las prácticas habituales, el descontrol y las zonas grises se convierten en materia prima para construir “historia de capturas”, entonces la historia deja de ser un dato técnico y se transforma en una recompensa. En términos institucionales, la pregunta es tan incómoda como inevitable: ¿se reconoce trayectoria productiva genuina o se consolida, por el solo paso del tiempo, aquello que debió ser prevenido, controlado y evitado en origen? y que hoy pueda catapultar multiplicadores de bodegas sin el respaldo jurídico de lo que avala su permiso de pesca.
Porque la cuotificación, presentada como herramienta de ordenamiento, sólo cumple su función cuando descansa sobre evidencia robusta, verificable y comparable, es decir, control sostenido de operatoria, control de bodegas y capacidades, verificación de descargas, trazabilidad real, auditoría cruzada, sanción consistente.
Si ese andamiaje falla, la cuotificación no ordena; regulariza, convalida. La cuotificación, al apoyarse en esta «historia», convierte los datos deficientes en derechos perpetuos y eso es grave, además de ilegítimo, no se diseña para la sostenibilidad del recurso ni para el interés público, sino para cristalizar posiciones adquiridas en un entorno de control débil. Dicho con diplomacia, pero con exactitud conceptual, una asignación futura basada en registros formados bajo laxitud operativa corre el riesgo de legitimar ventajas obtenidas sin el estándar de integridad que la política pesquera exige. Se “blanquea” el pasado y presente apócrifo en lugar de corregirlo.
Ese es el punto que vuelve más delicada la nota de la Dirección: no por su argumento, sino por su momento. En una pesquería como la del langostino —de enorme sensibilidad económica y social— cada gesto de control se lee como señal hacia el proceso recaudatorio. Y cuando el sistema percibe ambigüedad sobre el propósito del control, el sector completa el vacío con su propia memoria, sospecha de selectividad, temor de arbitrariedad, y la idea, corrosiva por conocida, de que el rigor aparece cuando resulta conveniente y se retira cuando estorba o peor aun, cuando recauda.
La Ley Federal de Pesca, por su naturaleza y alcance, no se concibe como un catálogo decorativo, fija deberes, competencias, límites y criterios de legitimidad. En esa arquitectura, la fiscalización no es una herramienta para presionar; es una obligación para garantizar que el recurso se explota dentro de parámetros legales y biológicos sostenibles y que todos tengan las mismas oportunidades sobre el caladero y la actividad.
Cuando la fiscalización es intermitente, discrecional o meramente declarativa, produce un efecto doblemente nocivo: por un lado, posibilita desvíos; por el otro, envenena la credibilidad del sistema, porque los cumplidores perciben que su esfuerzo no es premiado y los oportunistas intuyen que el margen permanece disponible.
La preocupación sectorial, entonces, no se agota en “más” o “menos” controles. El verdadero debate es la calidad del control, su consistencia, su trazabilidad, su capacidad disuasoria, su transparencia y su independencia de cualquier incentivo extralegal. Si el Estado pretende reconstruir autoridad, la posee por una vía única: apego estricto a la ley y a las buenas prácticas, con criterios públicos, procedimientos estandarizados y datos auditables. Si, en cambio, el control se percibe como presión con otros fines, la administración no corrige el desorden: lo administra.
La cuotificación del langostino —si avanza— funciona como espejo final de este dilema. Puede constituir una herramienta virtuosa, capaz de ordenar el esfuerzo, proteger el stock, dotar previsibilidad a la inversión y modernizar la gestión. O puede derivar en un mecanismo que consagra resultados de un pasado y presente mal fiscalizado o peor aun diseñado con un fuerte perfil pro lobby, convirtiendo la “historia de vulneración de bodegas y resoluciones” en un premio y la sostenibilidad que se pregona, en un argumento posterior pour la gallerie.
En una industria donde el recurso es finito y la legitimidad social es cada vez más exigente, ese riesgo es central. La cuotificación con la historia podría convertirse en la máxima expresión de una legitimación del dislate y avasallamiento de la ley y sus resoluciones durante años de gestiones pasadas y actuales.
Por eso, la nota de la Dirección Nacional de Coordinacion y Fiscalizacion pesquera, de esta semana debiera leerse —y discutirse— con una exigencia concreta, que el control no sea episódico ni performativo, sino estructural y bajo la jurisdicción nacional; que la fiscalización no sea selectiva, sino universal; y que cualquier camino hacia cuotas se apoye en una base limpia, verificable y comparable. Porque, si la asignación futura se construye sobre registros nacidos en la tolerancia y el desapego a la ley -en el mejor de los casos por no adentrarse en requesitos ad hoc, hechos a medida por la administración-,, la política pesquera no ordena el mar, ordena el beneficio de algunos vivos. Y ese desenlace, aunque se lo pronuncie con la mayor cortesía, expone un problema que excede la coyuntura, compromete la legitimidad del sistema, distorsiona la competencia, y debilita la sostenibilidad del recurso que dice proteger.
En síntesis; lo que está en juego es la arquitectura misma de la gobernanza pesquera. Si el control es espectáculo, gana el que se mueve mejor en la penumbra. Si el control es estructura, gana el interés de todos los participantes. Y esa elección, cuyo desenlace puede distorsionar la futura cuotificación, por más que se la redacte con diplomacia, tiene un nombre simple, control o simulacro con otros fines.
