La pol铆tica pesquera argentina se desenvuelve, en el presente, en una zona de fricci贸n que el sector conoce de memoria: la distancia entre la norma escrita y el r茅gimen real que se ejecuta en muelles, bodegas, mareas y expedientes. En el plano formal, el camino es inequ铆voco y no admite creatividad interpretativa, Ley Federal de Pesca 24.922, reglamentaciones, resoluciones de administraci贸n y manejo, est谩ndares de control, trazabilidad, auditor铆a, sanci贸n proporcional y buenas pr谩cticas.
Ese es el 煤nico horizonte institucional defendible, porque los recursos vivos del mar argentino no constituyen un bot铆n de oportunidad, sino un bien p煤blico cuya explotaci贸n requiere legalidad, evidencia y previsibilidad que hoy el sector no tiene.
Sin embargo, el clima que domina en la actividad sugiere otra cosa. No porque la ley no exista, sino porque la experiencia cotidiana instala la sospecha de que el control, lejos de expresarse como garant铆a del orden, pasa a leerse 鈥攄emasiado a menudo鈥 como presi贸n fiscalizadora con intenciones recaudatorias. Dicho con la prudencia que exige el periodismo responsable, no se trata de afirmar hechos que corresponden a 谩mbitos probatorios, sino de describir una percepci贸n persistente y extendida entre el com煤n de la sociedad, (si duda, haga una encuesta) y sobre todo en los muelles.
Y una percepci贸n persistente, en una industria regulada, equivale a una falla de gobernanza, porque cuando el control no se interpreta como cumplimiento objetivo de la norma sino como variable de trato, el sistema deja de organizarse alrededor de reglas y empieza a ordenarse por se帽ales, conveniencias y asimetr铆as, peor aun, al mejor postor.
En ese contexto se inscribe el 鈥渄isparo鈥 de esta semana: la nota emitida por la Direcci贸n Nacional de Coordinaci贸n y Fiscalizaci贸n Pesquera (DNCyFP). Su efecto no se limita al contenido administrativo ni al procedimiento en s铆 mismo. Opera, en la pr谩ctica, como un catalizador. Hace visibles tensiones latentes y, sobre todo, adelanta una controversia mayor, la que se vincula con el esp铆ritu de las jurisdicciones, algo que, -previo en el escenario de una la eventual cuotificaci贸n del langostino y la disputa por cu谩les ser谩n los criterios leg铆timos para reconocer 鈥渉istoria de captura鈥, derechos de explotaci贸n, segmentaci贸n y acceso futuro al recurso-; podr铆a distorsionar sobremanera la CITC de cada participante.
Aqu铆 aparece el punto neur谩lgico 鈥攜 la preocupaci贸n principal鈥 que el sistema no puede seguir eludiendo con tecnicismos. Si las pr谩cticas habituales, el descontrol y las zonas grises se convierten en materia prima para construir 鈥historia de capturas鈥, entonces la historia deja de ser un dato t茅cnico y se transforma en una recompensa. En t茅rminos institucionales, la pregunta es tan inc贸moda como inevitable: 驴se reconoce trayectoria productiva genuina o se consolida, por el solo paso del tiempo, aquello que debi贸 ser prevenido, controlado y evitado en origen? y que hoy pueda catapultar multiplicadores de bodegas sin el respaldo jur铆dico de lo que avala su permiso de pesca.
Porque la cuotificaci贸n, presentada como herramienta de ordenamiento, s贸lo cumple su funci贸n cuando descansa sobre evidencia robusta, verificable y comparable, es decir, control sostenido de operatoria, control de bodegas y capacidades, verificaci贸n de descargas, trazabilidad real, auditor铆a cruzada, sanci贸n consistente.
Si ese andamiaje falla, la cuotificaci贸n no ordena; regulariza, convalida. La cuotificaci贸n, al apoyarse en esta 芦historia禄, convierte los datos deficientes en derechos perpetuos y eso es grave, adem谩s de ileg铆timo, no se dise帽a para la sostenibilidad del recurso ni para el inter茅s p煤blico, sino para cristalizar posiciones adquiridas en un entorno de control d茅bil. Dicho con diplomacia, pero con exactitud conceptual, una asignaci贸n futura basada en registros formados bajo laxitud operativa corre el riesgo de legitimar ventajas obtenidas sin el est谩ndar de integridad que la pol铆tica pesquera exige. Se 鈥渂lanquea鈥 el pasado y presente ap贸crifo en lugar de corregirlo.
Ese es el punto que vuelve m谩s delicada la nota de la Direcci贸n: no por su argumento, sino por su momento. En una pesquer铆a como la del langostino 鈥攄e enorme sensibilidad econ贸mica y social鈥 cada gesto de control se lee como se帽al hacia el proceso recaudatorio. Y cuando el sistema percibe ambig眉edad sobre el prop贸sito del control, el sector completa el vac铆o con su propia memoria, sospecha de selectividad, temor de arbitrariedad, y la idea, corrosiva por conocida, de que el rigor aparece cuando resulta conveniente y se retira cuando estorba o peor aun, cuando recauda.
La Ley Federal de Pesca, por su naturaleza y alcance, no se concibe como un cat谩logo decorativo, fija deberes, competencias, l铆mites y criterios de legitimidad. En esa arquitectura, la fiscalizaci贸n no es una herramienta para presionar; es una obligaci贸n para garantizar que el recurso se explota dentro de par谩metros legales y biol贸gicos sostenibles y que todos tengan las mismas oportunidades sobre el caladero y la actividad.
Cuando la fiscalizaci贸n es intermitente, discrecional o meramente declarativa, produce un efecto doblemente nocivo: por un lado, posibilita desv铆os; por el otro, envenena la credibilidad del sistema, porque los cumplidores perciben que su esfuerzo no es premiado y los oportunistas intuyen que el margen permanece disponible.
La preocupaci贸n sectorial, entonces, no se agota en 鈥渕谩s鈥 o 鈥渕enos鈥 controles. El verdadero debate es la calidad del control, su consistencia, su trazabilidad, su capacidad disuasoria, su transparencia y su independencia de cualquier incentivo extralegal. Si el Estado pretende reconstruir autoridad, la posee por una v铆a 煤nica: apego estricto a la ley y a las buenas pr谩cticas, con criterios p煤blicos, procedimientos estandarizados y datos auditables. Si, en cambio, el control se percibe como presi贸n con otros fines, la administraci贸n no corrige el desorden: lo administra.
La cuotificaci贸n del langostino 鈥攕i avanza鈥 funciona como espejo final de este dilema. Puede constituir una herramienta virtuosa, capaz de ordenar el esfuerzo, proteger el stock, dotar previsibilidad a la inversi贸n y modernizar la gesti贸n. O puede derivar en un mecanismo que consagra resultados de un pasado y presente mal fiscalizado o peor aun dise帽ado con un fuerte perfil pro lobby, convirtiendo la 鈥渉istoria de vulneraci贸n de bodegas y resoluciones鈥 en un premio y la sostenibilidad que se pregona, en un argumento posterior pour la gallerie.
En una industria donde el recurso es finito y la legitimidad social es cada vez m谩s exigente, ese riesgo es central. La cuotificaci贸n con la historia podr铆a convertirse en la m谩xima expresi贸n de una legitimaci贸n del dislate y avasallamiento de la ley y sus resoluciones durante a帽os de gestiones pasadas y actuales.
Por eso, la nota de la Direcci贸n Nacional de Coordinacion y Fiscalizacion pesquera, de esta semana debiera leerse 鈥攜 discutirse鈥 con una exigencia concreta, que el control no sea epis贸dico ni performativo, sino estructural y bajo la jurisdicci贸n nacional; que la fiscalizaci贸n no sea selectiva, sino universal; y que cualquier camino hacia cuotas se apoye en una base limpia, verificable y comparable. Porque, si la asignaci贸n futura se construye sobre registros nacidos en la tolerancia y el desapego a la ley -en el mejor de los casos por no adentrarse en requesitos ad hoc, hechos a medida por la administraci贸n-,, la pol铆tica pesquera no ordena el mar, ordena el beneficio de algunos vivos. Y ese desenlace, aunque se lo pronuncie con la mayor cortes铆a, expone un problema que excede la coyuntura, compromete la legitimidad del sistema, distorsiona la competencia, y debilita la sostenibilidad del recurso que dice proteger.
En s铆ntesis; lo que est谩 en juego es la arquitectura misma de la gobernanza pesquera. Si el control es espect谩culo, gana el que se mueve mejor en la penumbra. Si el control es estructura, gana el inter茅s de todos los participantes. Y esa elecci贸n, cuyo desenlace puede distorsionar la futura cuotificaci贸n, por m谩s que se la redacte con diplomacia, tiene un nombre simple, control o simulacro con otros fines.
