Desde el sector gremial aseguran que colaborarán con la Justicia chubutense en la escandalosa causa que mantiene con prisión preventiva a representantes sindicales del SUPA Chubut.
Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, afirmaron que aportarán herramientas para la investigación de la causa que lleva adelante la jueza Ana Breckle la que, luego de escuchar los argumentos de la fiscal general de Rawson Florencia Gómez, dispuso la prisión domiciliaria de cinco integrantes del SUPA Chubut.
La acusación y posterior detención recayó en Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef, acusado de exigir dinero a empresarios a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza.
“La FEPA va a colaborar con la Justicia en la causa que mantiene injustamente detenidos a los dirigentes del SUPA Chubut, compañeros que fueron elegidos por el voto de los trabajadores para solucionar una extensa situación de pagos en negro y explotación en los puertos de la provincia”, dijo al respecto el secretario general de la Federación Marcelo Osores.
El conflicto tomó tal trascendencia pública, al que no le faltaron ribetes dramáticos como el incendio exprofeso de un vehículo del empresario Raúl Cereseto (uno de los denunciantes), que el propio gobernador del Chubut Ignacio Torres “bajó” para reunirse con la cúpula tanto de la Federación como de los dirigentes del SUPA Chubut que no están acusados de extorsión.
En declaraciones al sitio “Mundo Gremial”, Osores manifestó que “nosotros vinimos totalmente convencidos de la inocencia de los compañeros dirigentes, y con el convencimiento y la decisión de colaborar. Nuestro principal objetivo, como siempre plantearon los compañeros del SUPA local, es dignificar a los estibadores de la provincia”.
La denuncia contra los representantes gremiales fue promovida por la cúpula de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut –que preside el empresario Gustavo González–
Osores además denunció una persecución empresarial contra los ahora detenidos, argumentando que lo que pretendían los representantes de los trabajadores era “un cambio de situaciones laborales no adecuadas y un cambio a un proceso en el que siempre perdían ellos con pagos en negro y muy bajos”.
“Ellos defienden sus intereses, como nosotros defendemos a los trabajadores. Lo que hay que tener en cuenta es que si existen realmente los delitos de los cuáles son acusados los dirigentes locales, habrá que entender que para que exista corrupción se necesitan dos partes: la que corrompe y la que se presta a esa corrupción. Entonces ahí serán varios empresarios los que tendrán que dar explicaciones a la Justicia. La federación pondrá todas las herramientas necesarias para que esto se investigue a fondo”, sostuvo el titular de la FEPA.
En la tarde del miércoles se viralizó una publicación –primero en la red social X- donde se reflejan publicaciones de otros portales con títulos tales como “Por un conflicto gremial, peligran millones de dólares para Argentina”; “Denuncian que una mafia sindical paraliza la pesca nacional del langostino”.
Además en el posteo se ve han incluido audios de un dialogo que sería entre uno de los empresarios y un dirigente gremial, donde se le exige dinero.
La denuncia de los empresarios está basada en la exigencia por parte de uno de los gremialistas del pague de dos millones cuatrocientos mil pesos por día para no paralizar toda la actividad en los puertos chubutenses.
